Por José Luis Milia
Hace dos días, el juez Rafecas decidió que era hora de protagonizar su propio sketch de terror barato y ordenó allanar la casa del general Suárez Mason. El detalle menor- apenas un pie de página- es que el general lleva veintiún años muerto. Sí, muerto, enterrado, esperando la resurrección prometida. Pero la justicia argentina, siempre tan creativa, parece convencida de que los cadáveres esconden secretos bajo el colchón.
En esa casa no hay espectros militares ni sótanos con pruebas ocultas, viven su viuda de 97 años y su hija de 77. Dos peligrosísimas damas que, por supuesto, ameritaron un operativo de diez policías, un fiscal, no sabemos si iba armado, y dos testigos reclutados al azar, como si fueran extras de una película clase B. Nadie aclaró si al fiscal le dieron casco ni si a los testigos les proveyeron chalecos antibalas, porque enfrentarse a dos señoras es, evidentemente, un riesgo de vida.
El resultado es tan patético que ya ni siquiera podemos pensar en la justicia como un ogro dedicado a ejercer venganza, es peor, es una ridícula estupidez institucionalizada, una fauna que todavía cree que el absurdo puede disfrazarse de política pública.
Hace veintiún años que Suárez Mason murió. ¿Recién ahora se acuerdan de allanar su casa? ¿O es que al juez Rafecas alguien le dijo que el fantasma del general ha aceptado declarar? Si el objetivo era molestar a dos señoras por portación de apellido, entonces el juez ha descendido a un admirable nivel de miseria, arrastrando consigo a toda la justicia argentina, que se ahoga feliz en las profundidades de la imbecilidad.
Al menos Herr Doktor Freisler, aquel juez nazi, tenía la coherencia brutal de mandar a matar a los parientes de los militares que condenaba. La justicia argentina, en cambio, se conforma con molestar a dos señoras y hacer el ridículo demostrando que su minusvalía no es ya moral, sino psiquiátrica.
(*) SIPPENHAFT. Castigo por portación de apellido en la justicia nazi.
