Por Daniel Romero
Buenos Aires, 18 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La presencia de Irán y de Hezbollah en América Latina no es una teoría exótica, una exageración de la geopolítica ni una construcción ideológica de ocasión. Es una realidad que lleva décadas, que se expresó con brutalidad en la Argentina y que, con el paso de los años, fue adoptando formas más sofisticadas de penetración política, cultural, religiosa, financiera y propagandística en distintos países de la región. Para la Argentina, esa historia no empezó con discursos ni con convenios diplomáticos: empezó con dos atentados terroristas. El primero, contra la Embajada de Israel en 1992, dejó 22 muertos. El segundo, contra la AMIA en 1994, provocó 85 asesinados. En total, 107 muertos en suelo argentino. Esa cifra, por sí sola, alcanza para entender que no se trató de un episodio marginal dentro de la política internacional, sino de una agresión directa contra la soberanía nacional, la convivencia democrática y la vida de civiles inocentes.
Con el paso del tiempo, la Justicia argentina fue consolidando una conclusión de enorme gravedad: el atentado contra la AMIA respondió a una decisión política del régimen iraní y fue ejecutado por Hezbollah, su principal brazo operativo en el exterior. Esa determinación judicial no sólo ordena el pasado; también obliga a mirar de otra manera la presencia iraní en la región y, en particular, el vínculo que determinados sectores políticos argentinos construyeron luego con Teherán. Porque si el Estado argentino fue víctima de dos atentados atribuidos a Irán y a Hezbollah, entonces cualquier intento posterior de acercamiento, negociación o flexibilización política con ese régimen no puede evaluarse con ingenuidad. Mucho menos cuando ese acercamiento ocurrió durante gobiernos que, en los hechos, terminaron habilitando un clima de tolerancia, diálogo y cobertura política hacia operadores locales del lobby iraní.
La expansión iraní en América Latina no se limitó a la violencia directa. Se desplegó, durante años, a través de mezquitas, centros culturales, universidades, fundaciones, medios de comunicación, redes de propaganda, estructuras de financiamiento y alianzas con gobiernos o movimientos de izquierda que compartían una lectura antioccidental, antiestadounidense y antiisraelí del mundo. Ese maridaje ideológico fue funcional a ambas partes. Para Irán, la región ofrecía distancia geográfica de los grandes centros de vigilancia y la posibilidad de tejer redes con baja exposición. Para cierta izquierda latinoamericana, el régimen de los ayatolás pasó a ser presentado como un actor antiimperialista, pese a su carácter teocrático, represivo y su larga utilización del terrorismo como herramienta de política exterior.
En ese esquema regional, el nombre de Mohsen Rabbani aparece como una pieza decisiva. Fue uno de los principales representantes del régimen iraní en la Argentina durante los años previos a los atentados y quedó señalado por la investigación judicial como uno de los cerebros del ataque contra la AMIA. Pero su papel no terminó allí. Durante décadas siguió siendo una figura central de la proyección iraní sobre América Latina, articulando redes religiosas, académicas e ideológicas desde Qom, formando cuadros y sosteniendo una infraestructura de influencia orientada a expandir la revolución islámica y su narrativa. La figura de Rabbani sirve para entender que el problema no era sólo terrorista en el sentido clásico, sino también político-cultural: se trataba de instalar una visión del mundo, reclutar simpatías, construir lealtades y, llegado el caso, disponer de estructuras útiles para tareas más oscuras.
Una de las plataformas más mencionadas dentro de ese dispositivo es la Universidad Al-Mustafa, señalada por organismos occidentales como una red internacional ligada a la proyección ideológica y operativa de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esa universidad, con ramificaciones en distintos países, fue identificada como un canal de formación de cuadros religiosos y políticos, varios de ellos latinoamericanos, que luego regresaban a sus países con la misión de difundir la doctrina de la revolución iraní. Esto confirma que la estrategia de Teherán en la región no se limitaba a financiar atentados o redes clandestinas, sino que buscaba crear masa crítica, adoctrinamiento y un ecosistema cultural predispuesto a naturalizar su presencia.
La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay se consolidó durante años como otro de los puntos más sensibles para la actividad de Hezbollah. Allí confluyeron comunidad, comercio, contrabando, lavado de dinero y estructuras informales de recaudación que sirvieron para sostener financieramente al grupo. Por eso, cuando se habla de la presencia de Hezbollah en Latinoamérica, no se habla únicamente de células dormidas o de posibles atentados, sino de una red de soporte que incluye actividades ilícitas, circulación de dinero, reclutamiento y cobertura comunitaria. Esa retaguardia logística fue tan importante como la dimensión ideológica. La organización no necesitaba mostrarse a cielo abierto como un ejército para operar: le alcanzaba con sostener una trama de lealtades, recursos y silencios.
En ese contexto regional, la Argentina no fue una excepción. Fue, en muchos sentidos, el caso más sangriento y también el más escandaloso por la forma en que parte de su dirigencia política terminó relacionándose después con el mismo régimen que la Justicia señalaba como responsable del atentado a la AMIA. Allí aparece el gran punto de quiebre: el Memorándum con Irán firmado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aquel acuerdo fue presentado como una herramienta para destrabar la causa, pero quedó políticamente marcado como un pacto de impunidad y judicialmente bajo sospecha de haber buscado favorecer a los acusados iraníes. El memorándum no fue un error técnico ni una torpeza diplomática menor. Fue una señal política devastadora. La Argentina, país víctima del terrorismo iraní, pasaba de exigir justicia a firmar un entendimiento con el propio régimen bajo sospecha.
Ese giro no se produjo en el vacío. Fue acompañado por una red local de operadores, militantes, intermediarios y voceros que defendían una mayor aproximación con Irán, relativizaban las acusaciones contra el régimen y tejían vínculos informales con sus representantes. En la denuncia del fiscal Alberto Nisman y en las actuaciones judiciales posteriores aparecen nombres como Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge “Yussuf” Khalil, Héctor Yrimia, Ramón Allan Bogado y Andrés Larroque, entre otros, como parte de una trama que habría actuado para acercar posiciones, abrir canales de negociación y construir un sendero alternativo al institucional. La hipótesis judicial fue clara: existió un carril formal, representado por el memorándum, y un carril informal, representado por operadores que dialogaban con figuras ligadas a Irán y trabajaban para darle sustento político y operativo al entendimiento.
En esa trama, Luis D’Elía ocupa un lugar especialmente revelador. No sólo por su defensa pública del régimen iraní, sino por sus viajes a Irán, sus reuniones con Mohsen Rabbani, su rol como vocero oficioso del acercamiento y su proximidad al poder kirchnerista. D’Elía no actuaba como un académico neutral ni como un observador distante: era un operador político identificado con el kirchnerismo duro, con acceso a terminales del poder y con un discurso abiertamente alineado con la narrativa iraní. Su figura expresa una de las grandes deformaciones de aquellos años: el terrorismo y la expansión teocrática de Irán eran presentados por ciertos sectores como parte de un frente antiimperialista respetable, mientras se atacaba a quienes insistían en la responsabilidad iraní por los atentados en la Argentina.
El costado más obsceno de esa historia aparece cuando se observa que varios de esos operadores no sólo se movían por convicciones ideológicas, sino también alrededor de negocios y estructuras de poder. En el caso de D’Elía, las investigaciones sobre empresas de transporte de combustibles y su gravitación en circuitos vinculados a contrataciones estatales reforzaron la impresión de que la geopolítica militante convivía con intereses más terrenales. Esa mezcla de ideología, lobby y negocios es una marca registrada del populismo regional: discursos inflamados sobre soberanía, antiimperialismo y revolución, acompañados por cajas, favores, contratos y relaciones aceitadísimas con el poder.
La dimensión chavista también fue decisiva. Venezuela, bajo Hugo Chávez primero y luego bajo Nicolás Maduro, se transformó en uno de los principales socios regionales de Irán. Esa alianza se proyectó en materia energética, diplomática, propagandística y mediática. A través de señales como teleSUR, plataformas vinculadas a HispanTV y otras usinas comunicacionales, el eje bolivariano ayudó a instalar en Latinoamérica una narrativa favorable a Irán, a Hezbollah y a la llamada “resistencia” contra Occidente. En ese ecosistema participaron periodistas, analistas y comentaristas reconocidos que, con distintos tonos, contribuyeron a normalizar una mirada según la cual el régimen iraní era poco menos que un aliado natural de los pueblos oprimidos.
En la Argentina, esa atmósfera también encontró amplificadores. Nombres como Víctor Hugo Morales y Diego Maradona quedaron asociados a un ecosistema mediático de fuerte afinidad con el chavismo y con el relato geopolítico antioccidental que, en los hechos, resultó funcional a la expansión cultural del eje iraní-bolivariano. Lo central aquí no es imputar responsabilidades penales donde no las hay, sino señalar una evidencia política: durante años existió en América Latina, y también en la Argentina, un entramado mediático e intelectual que banalizó la naturaleza del régimen iraní, minimizó la amenaza de Hezbollah, descalificó a quienes advertían sobre esa penetración y convirtió en respetable una agenda que, vista en perspectiva, sólo sirvió para debilitar la posición argentina en su reclamo de justicia.
El asesinato del fiscal Alberto Nisman terminó de convertir esta historia en una tragedia nacional completa. Nisman había denunciado a Cristina Kirchner y a otros funcionarios por el supuesto pacto de impunidad con Irán. Cuatro días después apareció muerto, horas antes de exponer su acusación en el Congreso. Desde entonces, su muerte se transformó en el símbolo más brutal del costo que podía tener tocar esa trama de intereses, encubrimientos y relaciones oscuras. La línea judicial que hoy prevalece sostiene que se trató de un homicidio. Esa conclusión agrava todo lo anterior: el fiscal que denunció el pacto con Irán terminó muerto antes de explicarlo públicamente. Y la Argentina siguió durante años atrapada entre la impunidad judicial, la manipulación política y la degradación institucional.
Lo más grave del capítulo kirchnerista-peronista no fue solamente haber impulsado el memorándum. Fue haber fortalecido, en términos políticos, el margen de maniobra del lobby iraní en la Argentina. Fue haber convertido en interlocutores válidos a personajes que defendían al régimen sospechado por los atentados. Fue haber desplazado la centralidad de la verdad judicial para reemplazarla por una geopolítica militante funcional al encubrimiento. Fue, en definitiva, haber ofrecido cobertura política local a una estrategia regional de penetración que ya había mostrado su rostro más salvaje con las bombas de 1992 y 1994.
Cuando se observa el mapa completo, la secuencia resulta escalofriante. Irán y Hezbollah consolidan presencia en América Latina a través de redes religiosas, culturales, financieras y criminales. Atentan en la Argentina. Luego, años después, un gobierno argentino peronista-kirchnerista firma un memorándum con el mismo régimen señalado por la Justicia y habilita un clima de interlocución con operadores proiraníes. Al mismo tiempo, el chavismo y su entramado mediático ayudan a recubrir todo eso con un barniz ideológico de “antiimperialismo”. Finalmente, el fiscal que denuncia el mecanismo aparece muerto. Cuesta imaginar una secuencia más demoledora para la memoria nacional.
Por eso, hablar hoy de la presencia de Irán y Hezbollah en Latinoamérica exige abandonar la ingenuidad. No se trata sólo de una amenaza externa. También se trata de las complicidades internas que permitieron su avance, de los operadores que les abrieron puertas, de los gobiernos que confundieron alineamiento ideológico con política exterior y de los aparatos mediáticos que ayudaron a volver aceptable lo inaceptable. La Argentina pagó con sangre esa infiltración. Y después pagó con degradación institucional el intento de encubrir a sus responsables.
Frente a ese pasado, la única posición seria es la de la memoria, la verdad y la firmeza. No hay lugar para pactos ambiguos, para intermediarios disfrazados de militantes populares ni para geopolíticas románticas que terminan amparando a regímenes teocráticos que exportan violencia. La experiencia argentina debería servir como advertencia para toda la región: cada vez que Irán y Hezbollah logran instalarse detrás de discursos culturales, religiosos o políticos aparentemente inocuos, lo que se pone en juego no es una diferencia diplomática más, sino la seguridad, la soberanía y la dignidad de los países que les abren la puerta.
