Buenos Aires, 18 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La decisión del juez federal Ariel Lijo de citar a indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario farmacéutico Hugo Sigman y al infectólogo Pedro Cahn reabrió con fuerza uno de los capítulos más delicados de la pandemia en la Argentina: la sospecha de que, en los meses más críticos del Covid, el gobierno de Alberto Fernández demoró de manera deliberada la compra de vacunas de Pfizer mientras aceleraba otras negociaciones que beneficiaban a laboratorios con socios locales. La medida, pedida por el fiscal Carlos Stornelli, representa un salto judicial importante en una causa que hasta hace poco parecía archivada y que ahora vuelve a poner bajo la lupa a exfuncionarios, asesores y empresarios por presunto abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y conflicto de intereses.
La resolución alcanza, además de Vizzotti, Sigman y Cahn, a una docena de nombres del sector público y privado vinculados al proceso de adquisición de dosis. Según trascendió, Sigman fue citado para el 19 de mayo, Cahn para el 26 de mayo y Vizzotti para el 2 de junio. El eje de la hipótesis fiscal es explosivo: sostiene que la administración kirchnerista habría relegado la oferta temprana de Pfizer, que en agosto de 2020 puso sobre la mesa un cronograma por 13,2 millones de dosis, para privilegiar acuerdos con AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm, en un entramado donde aparecían laboratorios, fundaciones, ensayos clínicos y nexos personales cruzados.
La acusación de Stornelli es especialmente dura porque no se limita a hablar de desprolijidad administrativa o de diferencias de criterio sanitario. Habla de una presunta “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” montada en medio de la emergencia. De acuerdo con el planteo fiscal, mientras el país necesitaba inmunizar cuanto antes a la población de riesgo, las tratativas con Pfizer quedaron empantanadas en despachos oficiales, con expedientes manejados de manera desordenada en el sistema GEDO y objeciones legales que, según la propia causa, después resultaron no ser un impedimento real. La sospecha central es que se creó un cerrojo burocrático para frenar a la farmacéutica estadounidense y abrir espacio a otras opciones con vínculos más cercanos al ecosistema local.
En ese mapa aparece con fuerza el nombre de Sigman, señalado como una figura central por su gravitación en el negocio farmacéutico y por su relación con proyectos vinculados a AstraZeneca y Sinopharm. También surge el rol de Fundación Huésped, históricamente asociada a Pedro Cahn, y de Vacunar, firmas y estructuras que, según la fiscalía, se movían en una zona donde intereses públicos y privados se rozaban de manera demasiado cómoda. El dictamen menciona, por ejemplo, que Sonia Tarragona, una de las funcionarias que participó de la negociación fallida con Pfizer, había sido directora general de Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman. Para la fiscalía, ese tipo de conexiones no son un detalle lateral: forman parte del corazón del caso.
La causa, además, no nació ayer. En abril de 2025 la Cámara Federal revocó una resolución de Lijo que había archivado el expediente y ordenó profundizar la investigación al advertir que todavía existían incógnitas relevantes sobre por qué la Argentina demoró la compra de Pfizer mientras avanzaba con otros laboratorios. Esa decisión fue clave porque impidió que el caso muriera antes de tiempo y le dio a Stornelli el margen para reconstruir el expediente con una hipótesis más ambiciosa. En otras palabras, la indagatoria de ahora no es un episodio aislado, sino la consecuencia de una reapertura que cambió el clima judicial del caso.
Hay otro dato político que agrava el cuadro para el albertismo. En julio de 2021, después de meses de polémica, el gobierno nacional modificó por decreto la ley de vacunas y creó el Fondo de Reparación Covid-19 para indemnizar eventuales daños, un cambio normativo que terminó destrabando el camino. Pocas semanas después, la propia Vizzotti anunció la firma de un acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis. Ese giro posterior alimenta precisamente una de las preguntas más incómodas de la causa: si el contrato finalmente se pudo firmar luego de adaptar el marco legal, por qué esa adecuación no se hizo antes, cuando el tiempo valía vidas y el acceso temprano a las dosis era decisivo.
En términos judiciales, la indagatoria no implica una condena ni prueba definitiva de culpabilidad. Pero sí marca que la Justicia considera que existen elementos suficientes para interrogar formalmente a los acusados sobre hechos graves. Y en términos políticos, el impacto es demoledor. El relato épico con el que el kirchnerismo intentó defender su gestión de la pandemia vuelve a quedar perforado por una sospecha que lo persigue desde 2021: que la vacunación no se manejó sólo con criterios sanitarios, sino también con intereses ideológicos, comerciales y de poder. Seis años después, aquella discusión que durante mucho tiempo fue presentada como una simple controversia política vuelve convertida en un expediente que amenaza con dejar al descubierto algo mucho más incómodo.
