Buenos Aires, 29 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El cierre de mayo empieza a ofrecerle al Gobierno de Javier Milei una señal de alivio fiscal y financiero después de meses de tensión sobre la recaudación, las reservas y los ingresos provinciales. El impuesto a las Ganancias, clave por su peso en la coparticipación, estaría mostrando un desempeño mejor al previsto, lo que representa una bocanada de oxígeno tanto para la Nación como para los gobernadores.
El dato aparece en un momento en el que las provincias venían acumulando caídas reales en sus recursos y fuertes dificultades para sostener gastos corrientes, salarios y servicios. Una mejora en Ganancias, aun parcial, ayuda a recomponer transferencias automáticas y permite a varios mandatarios provinciales ganar margen en plena antesala electoral.
Para el equipo económico, el escenario también trae algo de calma. El Tesoro comenzó a adelantar pagos a proveedores y a ordenar compromisos que venía administrando con extrema prudencia fiscal. No se trata de un giro expansivo, sino de una señal de mayor holgura en la caja después de meses en los que el objetivo central fue sostener el superávit a cualquier costo.
El otro dato relevante llegó desde el frente externo. Esta semana, la Argentina recibió el desembolso de alrededor de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la aprobación de la segunda revisión del programa. Esos fondos serán utilizados, según lo previsto en el acuerdo, para recomprar Letras Intransferibles que el Tesoro le había colocado durante años al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La operación apunta a mejorar el balance del BCRA, reemplazando activos de muy baja liquidez por fondos más sólidos. Durante años, las Letras Intransferibles funcionaron como una herramienta contable para cubrir el deterioro patrimonial de la autoridad monetaria. El Gobierno libertario intenta ahora desarmar esa mochila y mostrar una hoja de balance más limpia, en línea con las exigencias del FMI y con la necesidad de reconstruir credibilidad financiera.
Según se publicó en el Boletín Oficial, el Tesoro ya recompró Letras Intransferibles por $18,4 billones, utilizando recursos provenientes de utilidades giradas por el propio BCRA correspondientes a 2025. Desde el inicio de la gestión de Milei, el stock de esos títulos se redujo de manera significativa, en una estrategia que busca ordenar la relación entre el Tesoro y la autoridad monetaria.
En paralelo, el BCRA, que conduce Santiago Bausili, aceleró la compra de divisas. La entidad viene acumulando adquisiciones relevantes en el mercado cambiario y esta semana sumó una de las mayores compras diarias del año. La señal es clara: el Gobierno intenta fortalecer reservas, pero también evitar que el tipo de cambio quede demasiado atrasado en términos reales.
El dólar oficial mostró una leve corrección en las últimas semanas, al pasar de la zona de $1.390 a fines de abril a niveles cercanos a $1.430. En la City interpretan que el equipo económico no quiere una apreciación cambiaria excesiva, porque podría afectar competitividad, actividad y exportaciones. El desafío sigue siendo delicado: comprar dólares sin recalentar expectativas inflacionarias y, al mismo tiempo, sostener la acumulación de reservas comprometida con el FMI.
Las variables financieras acompañan ese mejor clima. Las acciones argentinas acumulan una suba importante en mayo y el riesgo país volvió a perforar la barrera de los 500 puntos básicos, un dato central para un país que necesita recuperar acceso al crédito internacional y refinanciar vencimientos exigentes. Ese indicador reavivó las recomendaciones de bancos internacionales para que el ministro Luis Caputo evalúe una salida gradual al mercado.
Antes de fin de junio, el Gobierno también espera anunciar un acuerdo con bancos internacionales para obtener financiamiento por unos USD 4.000 millones, con garantía de organismos multilaterales. La operación busca reforzar la posición financiera y mostrar a los inversores que la Argentina tendrá cubiertos compromisos clave antes de llegar a 2027, año en el que los vencimientos de deuda superan los USD 20.000 millones.
El frente de privatizaciones y concesiones es otra pieza del plan. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) avanza hacia la definición de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, muy observada por EE.UU y una de las concesiones más relevantes de la gestión libertaria por su impacto sobre el comercio exterior. En la etapa final quedaron las firmas belgas Jan de Nul y DEME, mientras la brasileña DTA Engenharia fue apartada del proceso por incumplimientos formales.
La Hidrovía es estratégica porque por allí circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas. El contrato incluye tareas de dragado, señalización, mantenimiento, peajes y operación de la vía navegable. Jan de Nul, que ya tuvo un rol histórico en el sistema, aparece con ventaja en la compulsa, aunque el proceso sigue rodeado de cuestionamientos políticos, denuncias sobre irregularidades y pedidos de mayor transparencia.
En paralelo, el Gobierno también acelera los pliegos para la concesión del Belgrano Cargas, otra pieza sensible para el esquema logístico nacional. El objetivo oficial es mostrar avances concretos en infraestructura, transporte y comercio exterior, pero también enviar una señal a inversores: la administración libertaria quiere reducir el rol empresario del Estado y transferir activos o servicios estratégicos al sector privado.
La economía, sin embargo, no corre al mismo ritmo que la política. Mientras los indicadores financieros muestran mejor ánimo, el oficialismo quedó atrapado durante semanas en el caso Adorni, que consumió capital político, expuso tensiones internas y reabrió cuestionamientos sobre transparencia, patrimonio y declaraciones juradas. En Casa Rosada saben que, a partir de agosto, la agenda comenzará a quedar cada vez más absorbida por el calendario electoral.
Los gobernadores también leen ese reloj. Por eso, varios comenzaron a coordinar con bancos provinciales y entidades financieras planes de refinanciación de deudas para empleados públicos y jubilados. La mejora incipiente en la coparticipación, especialmente por Ganancias, permite a algunas provincias acompañar o subsidiar parcialmente esos esquemas para aliviar a deudores que en los últimos meses cayeron en mora.
El Banco Nación y el Banco Provincia fueron de los primeros en avanzar en líneas de refinanciación. Luego se sumaron entidades vinculadas a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y el Banco Macro, que opera como agente financiero en provincias como Misiones, Salta, Tucumán y Jujuy. El Banco Ciudad también prepara un anuncio en la misma dirección.
La mayoría de esos planes apunta a deudas con tarjetas de crédito y préstamos personales de empleados públicos, jubilados y sectores con ingresos fijos. A los morosos se les ofrecen tasas más bajas y extensión de plazos que pueden llegar hasta 70 cuotas. Para los bancos, la refinanciación también funciona como una forma de adelantarse a proyectos legislativos que proponen mayor intervención estatal sobre deudas de familias.
El problema de fondo sigue siendo el poder adquisitivo. En el sistema financiero admiten que los clientes cambiaron su patrón de consumo: hay más cautela para tomar cuotas, menor margen para endeudarse y una selección más estricta por parte de las entidades. Las promociones se concentran en mejores perfiles crediticios y el negocio se vuelve más chico, más conservador y más dependiente de la estabilidad de ingresos.
La mora, además, empieza a instalarse en niveles más altos que los habituales durante la etapa de inflación elevada. Algunos bancos ya asumen que una cartera irregular de 6% o 7% puede convertirse en una nueva normalidad. Ese dato muestra que la mejora financiera todavía no se transformó plenamente en alivio para hogares y asalariados.
El Gobierno también aprende sobre la marcha los límites de su impulso desregulador. La Comisión Nacional de Valores (CNV) eliminó recientemente el límite de dos pagos diarios por cliente mediante cheques para sociedades de Bolsa, pero el mercado reaccionó de inmediato ofreciendo mecanismos para que empresas volcaran cajas en esas sociedades con el objetivo de evitar el impuesto al cheque. La autoridad tuvo que dar marcha atrás y restablecer el límite anterior.
El episodio dejó una enseñanza práctica para el oficialismo. La desregulación puede mejorar eficiencia, reducir trabas y ordenar incentivos, pero cuando el mercado detecta una ventana para eludir impuestos o construir atajos financieros, la falta total de controles puede transformarse en un problema. A veces, regular no implica volver al estatismo, sino evitar que una grieta normativa se convierta en un agujero fiscal.
La foto de mayo, entonces, muestra un Gobierno con mejores números financieros, más reservas, menor riesgo país y una recaudación que empieza a dar alivio a Nación y provincias. Pero también revela tareas pendientes: recomponer actividad, mejorar ingresos reales, contener mora, evitar errores políticos y garantizar transparencia en licitaciones de alto impacto como la Hidrovía.
El equipo económico consiguió ordenar parte del frente macroeconómico y ganar tiempo. Ahora necesita que esa mejora empiece a sentirse en la calle antes de que la campaña electoral vuelva a dominar la conversación pública. En la Argentina de Milei, las finanzas parecen respirar mejor que la política. La pregunta es si ese aire alcanzará para llegar a los bolsillos antes de que el calendario electoral vuelva a tensar todo el tablero.
