Buenos Aires-19 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- El RIGI dejó de ser una sigla de laboratorio para convertirse en una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno para cambiar la matriz de divisas de la Argentina. Lo que hasta hace poco era una promesa de atracción de capitales para energía y minería ya empieza a traducirse en un tablero de proyectos concretos, con fuerte concentración en Río Negro, Neuquén, San Juan, Salta y Catamarca. El cálculo sectorial que servía como base hablaba de unos US$ 78.000 millones entre iniciativas aprobadas, en trámite y en carpeta; pero las cifras oficiales más recientes ya elevan ese universo a más de US$ 80.000 millones, con 35 proyectos presentados y alrededor de US$ 28.000 millones ya aprobados.
La relevancia política y económica del régimen no pasa sólo por el volumen prometido, sino por el mensaje que busca mandar hacia afuera: después de años de cepos, cambios de reglas, impuestos superpuestos y arbitrariedades, la administración de Javier Milei intenta instalar que la Argentina puede volver a ser un país donde una inversión de largo plazo no quede colgada del humor del funcionario de turno. El esquema ofrece estabilidad regulatoria y fiscal por treinta años, beneficios impositivos y aduaneros, y un marco especial para grandes desembolsos exportadores. En febrero, además, el Gobierno prorrogó por un año el plazo para adherirse al régimen y lo extendió a nuevos desarrollos de hidrocarburos, una señal de que en la Casa Rosada entienden que todavía hay proyectos gigantes que necesitan tiempo para cerrar estructura y financiamiento.
En energía, el RIGI ya tiene dos nombres que explican por sí solos por qué el oficialismo lo defiende como pieza central de su estrategia. Por un lado, el proyecto de licuefacción de gas de Southern Energy, que fue aprobado formalmente como proyecto de exportación estratégica de largo plazo. Por el otro, el oleoducto VMOS, diseñado para ampliar la salida del crudo de Vaca Muerta hacia la costa atlántica. Sólo entre esas dos apuestas se concentra buena parte del músculo inicial del régimen: la Bolsa de Comercio de Rosario calculó que el proyecto de Southern Energy representa US$ 6.878 millones y el VMOS otros US$ 2.486 millones, mientras que la resolución oficial del oleoducto fijó una capacidad base de 377.400 barriles diarios. En otras palabras: el corazón del RIGI no está hoy en la teoría, sino en la infraestructura que puede transformar producción potencial en exportación efectiva.
La minería, sin embargo, es la que más ruido promete hacer en los próximos años. El primer gran espaldarazo llegó con Rincón, de Rio Tinto, por US$ 2.500 millones en Salta, primera aprobación minera del régimen. Después se sumó Los Azules, de McEwen Copper, por US$ 2.700 millones en San Juan, un paso decisivo para una provincia que quiere volver a jugar fuerte en cobre. Y más arriba todavía aparece el distrito Vicuña, controlado por BHP y Lundin Mining, que en febrero anunció un plan plurianual por US$ 18.000 millones para desarrollar cobre, oro y plata en el norte sanjuanino, con un primer tramo de US$ 7.000 millones entre 2027 y la entrada en producción. Ese es el verdadero tamaño del partido que la Argentina intenta jugar: no sólo litio, sino también cobre a escala mundial.
A esa carrera se suman otros gigantes. Glencore presentó al RIGI sus proyectos El Pachón y Agua Rica/MARA, con una inversión combinada prevista de US$ 13.500 millones, mientras su conducción en la Argentina sostiene que el país podría volver a convertirse en un actor relevante del mercado global del cobre tras años sin producción. La magnitud de esa cartera confirma una tendencia: energía y minería concentran casi todo el capital que busca ingresar al régimen. Para la Bolsa de Comercio de Rosario, ambos sectores explicaban ya más del 98% de las inversiones aplicadas al RIGI, con predominio de minería en el pipeline pendiente y de energía en el volumen aprobado por el peso específico del gas y los ductos.
Ahora bien, el entusiasmo no debería tapar la parte incómoda del balance. El RIGI puede ordenar incentivos, pero no fabrica por sí solo proveedores, rutas, puertos, líneas eléctricas, mano de obra especializada ni financiamiento final. De hecho, el propio cuadro sectorial sobre el que se apoya este debate reconoce que una porción de los proyectos todavía no tiene cerrada la decisión final de inversión o el financiamiento pleno, sobre todo en cobre. También por eso el régimen exige un compromiso mínimo de contratación de proveedores locales del 20% sobre el gasto destinado a bienes y obras, siempre que exista oferta competitiva. Ahí está, precisamente, la prueba de fuego: que la llegada de dólares no termine siendo apenas una postal extractiva, sino una plataforma para generar encadenamientos productivos reales.
En ese punto, el oficialismo tiene una oportunidad y una obligación. La oportunidad es obvia: si una parte sustancial de esta cartera se ejecuta, la Argentina podría ganar una fuente de divisas que durante años le faltó para sostener crecimiento sin volver a chocar contra la restricción externa. La obligación, en cambio, es más compleja: hacer que esa ola no quede encapsulada en pocos enclaves y que el “milagro” del RIGI no se mida sólo por anuncios rimbombantes, sino por obras, exportaciones, empleo y cadenas de valor. El régimen, en definitiva, ya encendió el interés. Lo que viene ahora es bastante más difícil: convertir promesas multimillonarias en desarrollo visible y permanente.
