Buenos Aires-25 de Abril de 2026-Total News Agency-TNA- En medio del escándalo patrimonial que rodea al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para que los funcionarios públicos presenten sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al período 2025.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, y corrió dos meses el vencimiento que originalmente operaba a fines de mayo. La decisión fue firmada por la titular de la Oficina Anticorrupción, Gabriela Carmen Zangaro, quien justificó la prórroga en la necesidad de adecuar los plazos a los vencimientos fiscales fijados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El argumento oficial sostiene que las declaraciones impositivas anuales de Ganancias y Bienes Personales vencen durante la primera quincena de junio, por lo que la presentación patrimonial integral debía contar con una fecha posterior para permitir una carga correcta de la información. En términos administrativos, la explicación puede tener sustento formal. En términos políticos, el momento elegido abre una fuerte incomodidad para el Gobierno.
La prórroga llega cuando Adorni se encuentra bajo presión por denuncias y revelaciones vinculadas a su evolución patrimonial, compras de inmuebles, operaciones con créditos privados y propiedades que no habrían sido informadas en sus presentaciones previas. El caso escaló en las últimas semanas y colocó bajo la lupa pública no solo al funcionario, sino también a su esposa, Bettina Angeletti, mencionada en distintas operaciones patrimoniales.
Entre los puntos señalados aparecen la compra de un departamento en Caballito, operaciones con préstamos otorgados por particulares, referencias a una vivienda en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, y cuestionamientos sobre la correspondencia entre ingresos declarados, bienes adquiridos y estilo de vida. Hasta ahora, el funcionario rechazó irregularidades y el Gobierno cerró filas en su defensa.
El expediente por el viaje de Bettina Angeletti en la comitiva presidencial hacia la llamada Argentina Week fue archivado por el juez federal Daniel Rafecas, luego del dictamen de la fiscal Alejandra Mangano. La resolución sostuvo que no hubo gasto adicional para el Estado, debido a que existían lugares disponibles en la aeronave y la presencia de la esposa del funcionario no alteró los costos del traslado.
Ese archivo, sin embargo, no despeja el núcleo del problema político. La controversia principal ya no se limita al uso de un avión oficial, sino a la transparencia patrimonial de uno de los funcionarios más visibles del gabinete de Javier Milei. En ese contexto, extender el plazo para presentar las declaraciones juradas funciona como una señal delicada: el organismo encargado de controlar la ética pública posterga el momento en que los funcionarios deben volver a mostrar sus bienes.
La Declaración Jurada Patrimonial Integral es una herramienta clave para prevenir conflictos de interés, detectar inconsistencias patrimoniales y permitir el control ciudadano sobre quienes administran recursos públicos. Debe presentarse al ingresar a la función pública, actualizarse anualmente y entregarse nuevamente al dejar el cargo.
Por eso, la decisión de la Oficina Anticorrupción genera ruido institucional. No se trata solo de una modificación de calendario, sino de una medida tomada en plena crisis de confianza sobre la evolución patrimonial de un funcionario central del Poder Ejecutivo. La legalidad formal de la prórroga no elimina su impacto político.
El Gobierno enfrenta ahora una tensión incómoda: defender la transparencia como bandera mientras uno de sus principales voceros políticos queda envuelto en dudas patrimoniales y el organismo de control le concede más tiempo a todo el universo de funcionarios. En una administración que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la política, cada gesto de opacidad se vuelve más costoso.
