Buenos Aires, 1 de mayo de 2026 – Total News Agency – TNA-En medio de la ofensiva del Gobierno contra la denominada “casta sindical”, la relación entre Javier Milei y Hugo Moyano revela un entramado mucho más complejo que el discurso público. Mientras la disputa formal se libra en la Corte Suprema de Justicia por la reforma laboral, en los hechos se consolidó un canal de entendimiento que incluye acuerdos salariales moderados, señales de protección institucional y gestiones discretas en áreas sensibles del Estado.
El jefe del Sindicato de Camioneros, de 82 años, aceptó desde el inicio de la gestión libertaria paritarias por debajo de la inflación. El último acuerdo salarial, semestral, contempla un incremento del 10,1% entre marzo y agosto, muy por debajo de la evolución de precios. Tampoco hubo resistencia a la intervención directa del ministro de Economía, Luis Caputo, quien desplazó en los hechos al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y concentra la decisión sobre la homologación de acuerdos.
Este comportamiento, inusual en la historia reciente del gremio más poderoso del país, coincide con un escenario interno delicado para Moyano. Por primera vez en décadas enfrenta cuestionamientos dentro de su propia estructura, con su liderazgo en discusión de cara a la renovación de mandato en 2027.
Millonarias transferencias y sospechas de vaciamiento
El frente más comprometido se encuentra en las finanzas del gremio y su obra social. Según información interna, en apenas 12 días se habrían transferido alrededor de $900 millones desde cuentas del sindicato y de la obra social a fideicomisos presuntamente vinculados a su esposa, Liliana Esther Zulet, y a sus hijos. Entre enero y fines de ese mes, los movimientos totales alcanzarían casi $1.100 millones.
Los fondos habrían sido canalizados hacia los fideicomisos Khasis y Thoth, con destino a empresas como Aconra y Dixey, vinculadas al rubro de la construcción y textil. Ambas firmas tendrían como cliente principal al propio gremio, lo que refuerza las sospechas de un circuito cerrado de fondos.
Pese a la magnitud de las cifras, no hubo hasta ahora reacción ni del Gobierno ni de la Justicia sobre estas maniobras, lo que alimenta las versiones de un acuerdo tácito de no confrontación.
La crisis también golpea a la “chocada” obra social OSCHOCA, que arrastra un déficit cercano a los $60.000 millones. En los últimos días se recortaron prestaciones, servicios y medicamentos, en medio de un esquema sostenido parcialmente por aportes empresariales adicionales de $25.000 por afiliado.
La causa judicial que preocupa al camionero
El único expediente activo con riesgo real para Moyano se tramita en Mar del Plata, donde la Fiscalía N°10 investiga un presunto fraude por $13.000 millones en el Hotel 15 de Diciembre, propiedad del sindicato.
La causa, que inicialmente impulsó el propio entorno del dirigente, podría volverse en su contra. Una pericia contable en curso podría ampliarse a las cuentas del gremio en Buenos Aires, lo que abriría una caja de Pandora sobre movimientos financieros, proveedores y posibles sobreprecios.
Ya hay siete imputados, entre ellos exempleados, proveedores y dos exdirigentes cercanos a Moyano: Claudio Omar Balazic y Paulo Héctor Villegas. El expediente también detectó que algunas empresas proveedoras estarían vinculadas a personas del entorno legal del sindicato.
ARCA, la SIDE y las gestiones silenciosas
Uno de los puntos más sensibles del caso involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Seis funcionarios de la seccional Mar del Plata fueron desplazados luego de denunciar presiones para no aportar documentación a la causa judicial.
Uno de ellos, Manuel Rodríguez, llegó a presentar una denuncia ante la Justicia Federal. Sin embargo, el fiscal Carlos David Bruna rechazó su citación como testigo, lo que generó nuevas sospechas sobre posibles interferencias.
En este contexto, cobran fuerza versiones sobre gestiones políticas para contener el avance judicial. Fuentes del ámbito sindical y político mencionan la intervención de operadores de inteligencia, entre ellos el histórico agente Horacio Stiuso, y vínculos con un director de la SIDE, como parte de una red de contactos destinada a desactivar o moderar el impacto de las investigaciones.
Santiago Caputo, el nexo clave
El vínculo más sólido entre Moyano y el Gobierno se habría consolidado a través del asesor presidencial Santiago Caputo, relacionado con el contravertido Stiuso. Desde el primer encuentro en la Casa Rosada en abril de 2024, el dirigente camionero estableció un canal directo que permitió destrabar conflictos salariales y sostener un diálogo permanente.
Ese canal incluiría también influencia sobre áreas sensibles como la ARCA, lo que explicaría parte de las decisiones administrativas que beneficiaron indirectamente al gremio.
Un equilibrio de conveniencia
El Gobierno necesita evitar un conflicto frontal con el sindicalismo en plena implementación de su programa económico. Moyano, por su parte, busca preservar su estructura en un momento de debilidad interna y presión judicial.
El resultado es un equilibrio pragmático: paritarias a la baja, bajo perfil público y una aparente tolerancia oficial frente a situaciones que, en otro contexto, habrían derivado en intervenciones o investigaciones más profundas.
En ese escenario, la pulseada entre el Gobierno y la CGT no es solo jurídica ni política. También es una negociación silenciosa donde se cruzan poder, dinero, supervivencia sindical y gobernabilidad.
