Ciudad de México, 2 de mayo de 2026 – Total News Agency – TNA – En medio de un fuerte cimbronazo político que sacude al oficialismo mexicano, el gobernador del estado de Sinaloa, , anunció que solicitará una licencia temporal a su cargo mientras avanza una investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, en una causa que tiene como origen acusaciones formuladas desde Estados Unidos.
La decisión del mandatario provincial se produce luego de que la confirmara el inicio de una investigación formal que lo involucra junto a otros nueve funcionarios, todos señalados por supuestos nexos con organizaciones criminales y presunta posesión ilegal de armas. El caso, de alto impacto institucional, tensiona aún más la ya compleja relación bilateral entre y en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
“Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo hago desde mi profunda convicción republicana”, expresó Rocha Moya a través de un mensaje difundido en redes sociales. En la misma declaración, sostuvo que su apartamiento busca “facilitar la actuación de las autoridades mexicanas” y garantizar transparencia en el proceso.
El mandatario, perteneciente al oficialista (MORENA), rechazó de manera categórica las acusaciones en su contra y denunció que se trata de señalamientos “falsos y dolosos”. En un tono firme, aseguró mantener “la conciencia tranquila” y afirmó que su trayectoria pública respalda su inocencia.
“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos”, enfatizó, en una clara señal de alineamiento con el proyecto político nacional y en un intento por contener el impacto interno dentro del oficialismo.
El caso desató un verdadero terremoto político en México, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por la injerencia indirecta de organismos estadounidenses en la génesis de la causa. Analistas advierten que este episodio podría abrir un nuevo frente de conflicto diplomático, especialmente en un contexto donde la cooperación bilateral en seguridad ha sido clave para combatir a los carteles de la droga.
Sinaloa, distrito históricamente golpeado por la violencia narco y cuna de algunos de los carteles más poderosos del continente, vuelve así al centro de la escena internacional. La posibilidad de que un gobernador en funciones sea investigado por vínculos con estructuras criminales eleva el nivel de preocupación institucional y pone en cuestión los mecanismos de control político en regiones altamente sensibles.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que las acusaciones provenientes de Estados Unidos estarían basadas en informes de inteligencia que vincularían a funcionarios locales con redes de tráfico de drogas y armamento. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos detalles concretos de las pruebas, lo que alimenta tanto las sospechas como las versiones de posible utilización política del caso.
En el plano interno, la solicitud de licencia deberá ser tratada por el Congreso estatal, que definirá los pasos a seguir en cuanto a la continuidad administrativa del gobierno de Sinaloa. Mientras tanto, crece la expectativa sobre el alcance de la investigación de la FGR y su eventual impacto en otros niveles de la dirigencia política.
El episodio se inscribe en un contexto regional donde la lucha contra el narcotráfico continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales, y donde los vínculos entre poder político y crimen organizado representan una de las mayores amenazas para la estabilidad institucional.
