Por RR
Buenos Aires, 1 de mayo de 2026 – Total News Agency – TNA-Un nuevo foco de irregularidades golpea al Estado nacional, esta vez en una de sus empresas más sensibles: Nucleoeléctrica Argentina S.A., encargada de operar las centrales nucleares del país. Tras la difusión de gastos sin justificación realizados con tarjetas corporativas en el exterior, la conducción de la compañía decidió eliminar ese sistema de financiamiento, en medio de cuestionamientos por la falta de controles.
El actual presidente de la empresa, Juan Martín Campos, anunció la eliminación del uso de tarjetas corporativas para viajes internacionales, luego de que un informe presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expusiera consumos que generaron fuerte polémica dentro del Gobierno y en el Congreso.
Según ese reporte, entre marzo de 2025 y febrero de 2026 —período que coincide en gran parte con la gestión de Demian Reidel, exasesor de Javier Milei al frente de la compañía— se registraron gastos en discotecas en Madrid, servicios de playa en Valencia, peluquerías, free shops, hoteles, restaurantes y locales comerciales en distintos países.
Además, se detectaron más de 400 adelantos de efectivo por aproximadamente $56 millones, sin que el documento identifique con precisión a los responsables de cada consumo ni detalle si existía un control efectivo sobre el uso de los fondos públicos.
El informe, de 58 páginas, también incluye gastos vinculados al sector nuclear internacional —como organismos técnicos y conferencias—, pero los consumos personales y de lujo dominan la atención, en un esquema que, según reconoció la propia empresa, funcionaba con rendiciones posteriores que no siempre habrían sido debidamente justificadas.
Una empresa estratégica bajo sospecha
Nucleoeléctrica Argentina S.A. es una empresa estatal clave para el sistema energético nacional, responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Depende orgánicamente de la órbita del Estado nacional, a través del área energética, y cumple un rol estratégico en la generación eléctrica y en la política nuclear del país.
Precisamente por esa importancia, el caso adquiere una gravedad mayor: no se trata de una dependencia menor, sino de una compañía que maneja recursos críticos, tecnología sensible y vínculos internacionales de alto nivel.
Falta de controles y reacción tardía
El propio Campos admitió que el sistema de tarjetas corporativas —vigente desde 2020— permitía cubrir gastos de representación y viáticos en el exterior, pero que ahora resultaba “obsoleto” y debía ser reemplazado por un esquema más centralizado y transparente.
Sin embargo, la decisión llega después de que los gastos fueran expuestos públicamente. La empresa no había respondido consultas previas y tampoco precisó si los montos observados fueron efectivamente devueltos por los funcionarios involucrados.
A esto se suma un dato llamativo: pese a que se afirmó que la medida había sido tomada en febrero, se detectaron consumos posteriores, lo que pone en duda el momento real en que se intentó frenar el sistema.
Viajes, hoteles y vínculos internacionales
El detalle de los consumos muestra operaciones en hoteles de alta gama como el Meliá Vienna, el Vienna Marriott Hotel, el St. Regis Hotel Singapore, el Hotel Mayorazgo en Madrid y otros establecimientos en Ámsterdam, Suiza, Río de Janeiro y Miami.
En algunos casos, los registros coinciden con viajes oficiales. Por ejemplo, en Viena, donde Reidel participó en actividades vinculadas al Organismo Internacional de Energía Atómica, junto a su director, Rafael Grossi. Sin embargo, la magnitud y variedad de los gastos abren interrogantes sobre el uso de fondos públicos en esos desplazamientos.
El trasfondo político
El escándalo se produce en un momento en que el Gobierno de Javier Milei busca consolidar su discurso de austeridad y transparencia en el manejo del Estado. La exposición de gastos en una empresa pública estratégica golpea directamente ese eje discursivo y obliga a tomar medidas correctivas.
El informe de Adorni no solo reveló irregularidades, sino que también puso en evidencia una falla estructural: la debilidad de los mecanismos de control interno en empresas estatales que manejan recursos millonarios.
Un problema estructural
Más allá de los nombres propios, el caso de Nucleoeléctrica reabre un debate más amplio sobre el funcionamiento de las empresas públicas en la Argentina. Sistemas de control laxos, rendiciones tardías y discrecionalidad en el uso de fondos aparecen como prácticas arraigadas que trascienden gestiones.
El desafío para el Gobierno será demostrar que no se trata solo de una reacción ante un escándalo, sino de un cambio real en la forma de administrar recursos públicos.
Por ahora, la decisión de cortar las tarjetas corporativas marca un primer paso. Pero la clave estará en determinar responsabilidades, recuperar fondos y, sobre todo, evitar que una empresa estratégica para el país vuelva a quedar expuesta por falta de controles básicos.
