Buenos Aires, 2 de mayo de 2026 – Total News Agency – TNA-El Gobierno de Javier Milei profundizó el recorte de subsidios energéticos y consolidó un cambio estructural en el sistema: más de 1,6 millones de hogares dejaron de recibir asistencia en electricidad y cerca de 900.000 en gas, en el marco de una política que redujo el gasto estatal en más de 5.600 millones de dólares.
La medida forma parte del programa de ajuste fiscal que impulsa la administración libertaria, con foco en eliminar distorsiones históricas y avanzar hacia un esquema donde los usuarios paguen el costo real de la energía.
El impacto ya es visible: cerca de la mitad de los usuarios del sistema energético paga actualmente la tarifa plena, un cambio significativo respecto de años anteriores, cuando la mayoría de los hogares estaba subsidiada.
Un giro estructural en el modelo energético
El recorte no fue solo producto de aumentos tarifarios, sino también de una depuración profunda del padrón. La Secretaría de Energía detectó miles de inconsistencias, entre ellas más de 15.000 hogares en countries que recibían subsidios, 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y casi 1,6 millones de usuarios que podían acceder a la asistencia pero nunca la habían solicitado.
Con la implementación del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el sistema pasó a ser más restrictivo: solo reciben asistencia quienes cumplen criterios específicos de ingresos y consumo. El resto paga el costo pleno o parcialmente subsidiado dentro de un bloque básico.
En términos macroeconómicos, el gasto en subsidios cayó desde niveles cercanos al 1,4% del PBI a alrededor del 0,6%, con la meta oficial de reducirlo al 0,5% durante 2026.
El peso del ajuste en los hogares
El reordenamiento tuvo un efecto directo en las facturas. En el AMBA, una boleta promedio de electricidad puede alcanzar los $46.488 sin subsidios, mientras que el gas supera los $39.000 en condiciones similares.
Este proceso implicó que los usuarios pasaran de cubrir aproximadamente el 30% del costo de la energía al inicio de la gestión a cerca del 70% en la actualidad. Es decir, una mayor proporción del gasto dejó de ser financiada por el Estado y pasó directamente a los hogares.
Si bien el Gobierno destaca que mejoró la cobrabilidad —con niveles cercanos al 97%—, el impacto en el poder adquisitivo es evidente. Las tarifas de servicios públicos se convirtieron en uno de los principales motores de la inflación en el primer trimestre del año.
La “motosierra” y el límite del ajuste
El recorte energético se transformó en uno de los pilares del programa económico. Sin embargo, en términos políticos y sociales, comienza a instalarse una lectura cada vez más extendida: mientras el ajuste avanza con precisión quirúrgica sobre el gasto, la sensación en amplios sectores es que el margen fiscal solo alcanza para alimentar la “motosierra”, pero no para aliviar el impacto sobre la vida cotidiana.
En otras palabras, el Estado logró reducir subsidios, pero el costo de esa corrección recae de manera directa sobre los usuarios, en un contexto donde los ingresos aún no logran recomponerse al mismo ritmo.
Entre la eficiencia y la tensión social
El Gobierno sostiene que el sistema anterior era insostenible. Durante dos décadas, el país destinó más de 150.000 millones de dólares a sostener tarifas artificialmente bajas, generando un esquema que combinaba déficit fiscal, emisión y distorsión de precios.
Exfuncionarios del área energética coinciden en que el cambio en marcha implica un nuevo régimen: se pasó de subsidios masivos a un esquema focalizado. Pero también advierten que existe una “zona gris” en los sectores medios, donde la quita de asistencia impacta con mayor fuerza.
Un equilibrio todavía inestable
El desafío hacia adelante será sostener el ajuste sin que el peso de las tarifas genere un deterioro mayor en el consumo y en la estabilidad social. La evolución de los precios de la energía, el contexto internacional y el ritmo de recuperación de los ingresos serán variables clave.
Por ahora, el Gobierno avanzó con decisión en uno de los frentes más sensibles del gasto público. Pero el costo político y económico del reordenamiento ya se siente en cada factura.
Y en ese equilibrio, cada vez más ajustado, queda expuesta una tensión de fondo: la necesidad de ordenar las cuentas públicas frente a una realidad donde, para muchos argentinos, el esfuerzo parece concentrarse en sostener el combustible de la motosierra más que en recomponer el bienestar.
