Buenos Aires, 7 de mayo de 2026 – Total News Agency-TNA- El escándalo judicial y político que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lejos de enfriarse, sumó un nuevo capítulo que amenaza con profundizar las sospechas sobre el vínculo entre funcionarios libertarios y contrataciones en medios públicos. Documentación oficial reveló que la productora Imhouse, vinculada al periodista y amigo personal de Adorni, Marcelo Grandio, continuó cobrando millonarias sumas de dinero de la TV Pública incluso después de estallar la polémica por el viaje privado a Punta del Este realizado junto al funcionario nacional.
Según documentación a la que accedió el diario La Nación, la empresa cobró $3.012.900 por la emisión del programa “Enredados”, un ciclo de streaming difundido a través de las plataformas digitales de la señal estatal y conducido por el propio Grandio. El pago se concretó apenas un mes después de que trascendiera el controvertido viaje a Uruguay realizado en avión privado junto a Adorni y su entorno familiar.
La revelación volvió a poner bajo la lupa la relación entre el jefe de Gabinete y la productora audiovisual de su amigo, especialmente porque los contratos fueron firmados cuando los medios públicos ya estaban bajo la órbita política del área de Comunicación que controlaba el propio Adorni. El funcionario había anunciado en junio de 2024 que Télam, contenidos y medios estatales pasarían a depender del área que él conducía políticamente dentro del Gobierno nacional.
Las órdenes de pago emitidas por Radio y Televisión Argentina (RTA) muestran además que la relación comercial entre el Estado y la productora Imhouse no fue un hecho aislado. La firma habría recibido distintos desembolsos desde octubre de 2025 por varios programas emitidos tanto en la TV Pública como en Radio Nacional. Entre ellos figuran “Giros en Línea Recta”, “La Sala”, “Enredados” y “La Caja de Pandora”.
La investigación judicial que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo analiza al menos seis contratos suscriptos entre la productora y RTA. La causa también incluye el polémico viaje a Punta del Este y presuntas dádivas relacionadas con el financiamiento del vuelo privado utilizado por Adorni. Según testimonios incorporados al expediente, el regreso desde Uruguay habría sido pagado en efectivo por una persona vinculada a Grandio y a la productora Imhouse.
El caso se volvió aún más delicado luego de que trascendieran informes bancarios que reflejarían transferencias de dinero desde la productora hacia Adorni antes de su desembarco en la función pública. Los movimientos sumarían alrededor de $1,6 millones entre 2022 y 2023, una situación que ahora es evaluada por la Justicia para determinar si existió algún tipo de incompatibilidad, dádiva o beneficio indebido.
Desde el oficialismo intentaron despegar al jefe de Gabinete del manejo directo de los contratos. En su reciente informe ante el Congreso, Adorni sostuvo que “no existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío” y aseguró que él no intervino en expedientes administrativos relacionados con la productora. Sin embargo, la oposición y sectores judiciales observan con atención el entramado político y comercial construido alrededor de los medios públicos durante la gestión libertaria.
El contenido de los contratos también genera controversia. Según los documentos revelados, Imhouse percibía ingresos publicitarios hasta cubrir determinados montos mínimos garantizados por capítulo y luego compartía ganancias con RTA. En algunos casos, la TV Pública aportaba infraestructura, estudios, maquillaje, escenografía, personal técnico y difusión, mientras la productora explotaba comercialmente los programas.
La situación provocó fuertes críticas debido a que el Gobierno de Javier Milei llegó al poder prometiendo ajuste, recorte del gasto estatal y reducción drástica de los medios públicos. Sin embargo, mientras se aplicaban despidos, cierres y reestructuraciones en distintas áreas estatales, la productora ligada al entorno íntimo de Adorni mantenía contratos millonarios con la televisión pública nacional.
En paralelo, la causa judicial avanza sobre otros aspectos patrimoniales y financieros vinculados al jefe de Gabinete, incluyendo viajes, operaciones inmobiliarias y movimientos económicos que ya comenzaron a generar creciente preocupación dentro de sectores del oficialismo.
