Buenos Aires, 14 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional abrió una nueva pulseada interna dentro de La Libertad Avanza: de un lado, la urgencia política de Karina Milei y de los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem; del otro, el cálculo más frío de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, quien advirtió que sin acuerdos previos con gobernadores y aliados parlamentarios, la iniciativa corre el riesgo de chocar contra la aritmética legislativa.
La orden que bajó desde el corazón político de la Casa Rosada fue clara: avanzar de inmediato. “Háganlo ya”, fue la instrucción que, según reconstrucciones periodísticas, transmitieron los Menem con la venia de la secretaria general de la Presidencia. El objetivo es acelerar el tratamiento de una reforma ambiciosa que incluye, entre otros puntos, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, cambios en el régimen de partidos políticos, modificaciones en el financiamiento electoral y el capítulo de Ficha Limpia.
Pero Bullrich, que conoce mejor que nadie que una cosa es ordenar desde Balcarce 50 y otra muy distinta juntar voluntades en la Cámara alta, puso reparos. La ex ministra de Seguridad pidió realismo, acuerdos previos y una negociación más paciente con gobernadores aliados. Su frase ante el entusiasmo de los sectores más duros del oficialismo fue gráfica: “No hay que soplar las velitas con tanta anticipación”.
El trasfondo es evidente. Karina Milei quiere llegar al próximo turno electoral con reglas más funcionales para una fuerza joven, todavía con baja estructura territorial en varias provincias y con una estrategia de expansión nacional basada en listas propias. La eliminación de las PASO le permitiría al oficialismo ordenar mejor su oferta electoral y, al mismo tiempo, obligaría al peronismo a resolver sus internas por fuera de una primaria nacional financiada por el Estado.
La Casa Rosada sostiene, además, que las primarias se transformaron en un mecanismo costoso, poco eficiente y muchas veces inútil para resolver verdaderas competencias internas. En esa línea, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo plantea que las internas partidarias vuelvan a ser un asunto de cada espacio político y no una elección nacional obligatoria para todos los ciudadanos.
El argumento tiene atractivo para una gestión que construye buena parte de su identidad sobre el recorte del gasto público. Sin embargo, el problema no está sólo en la teoría, sino en los votos. El Senado comenzó el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador libertario Agustín Coto, pero los números todavía no aparecen claros para el oficialismo. La propia dinámica parlamentaria indica que los aliados dialoguistas podrían acompañar algunos capítulos, como Ficha Limpia, pero resisten una aprobación integral del paquete tal como fue diseñado por el Ejecutivo.
Allí aparece la diferencia de método. Karina Milei empuja una estrategia de acumulación propia, sin ceder demasiado ante los socios provinciales. Bullrich, en cambio, advierte que los gobernadores no entregarán sus votos gratis. Para muchos mandatarios provinciales, acompañar una suspensión o eliminación de las PASO podría tener sentido, pero sólo si reciben garantías políticas: nadie quiere facilitarle al oficialismo una reforma que luego sea usada para disputarles el poder en sus territorios.
La tensión también expone una discusión más profunda dentro del mileísmo: cómo construir poder sin romper todos los puentes. El oficialismo necesita mostrar iniciativa, ordenar la agenda y retomar el control político en una etapa marcada por cuestionamientos, denuncias y pedidos opositores contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese contexto, sectores de la oposición interpretan que la reforma electoral también funciona como una maniobra para cambiar el eje de la conversación pública y sacar del centro de la escena los conflictos que golpean al Gobierno.
El proyecto, de todos modos, no se agota en las PASO. La reforma también contempla modificaciones al régimen de partidos, mayores exigencias para conservar la personería política, cambios vinculados al financiamiento de campañas y restricciones para candidaturas de personas condenadas bajo el esquema de Ficha Limpia. Ese último punto reúne mayor consenso en bloques aliados y podría convertirse en el primer capítulo viable si la negociación obliga a desarmar el paquete original.
La cuestión de fondo es si el oficialismo insiste en una reforma total o acepta una negociación por partes. La estrategia maximalista puede servir para marcar poder, pero también puede terminar en derrota si no aparecen los votos. En el Senado, donde el peronismo conserva peso y los bloques provinciales suelen jugar con calculadora propia, la voluntad presidencial no alcanza por sí sola.
Para Javier Milei, la reforma electoral es mucho más que una discusión técnica. Es una pieza de poder. Busca achicar costos, simplificar el sistema, ordenar la competencia política y preparar el terreno para una La Libertad Avanza que pretende competir de manera nacional en 2027. Pero esa ambición choca con una realidad clásica de la política argentina: las provincias existen, los gobernadores pesan y el Senado no suele obedecer sin negociar.
El dilema quedó planteado con crudeza. Karina Milei y los Menem tienen la decisión política y la urgencia. Bullrich tiene el tablero del Senado y la advertencia de que, sin acuerdos, la reforma puede transformarse en otro traspié legislativo. En la Argentina real, donde la épica suele entrar por una puerta y la matemática parlamentaria por la otra, la pregunta ya no es sólo qué quiere aprobar el Gobierno, sino cuánto está dispuesto a conceder para conseguirlo.
