Buenos Aires, 16 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a escalar su enfrentamiento con el diputado nacional y exministro de Defensa Luis Petri, a quien acusó de haber tenido un “paso fraudulento” por el Ministerio de Defensa y le reclamó que se haga cargo de su “espantosa gestión”, en medio de una pelea judicial y política que expone otra fractura sensible dentro del universo libertario.
La respuesta de Villarruel llegó a través de su cuenta oficial de X, luego de que un periodista cuestionara el estado del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y hablara del “desmantelamiento” de la obra social que atiende a militares, personal de seguridad y sus familias.
“El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la obra social que atiende a los militares y sus familias. El exministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un ‘bozal mediático’ que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión”, escribió la titular del Senado.
El mensaje golpeó directamente sobre una zona delicada para Petri: su paso por Defensa, la situación salarial de las Fuerzas Armadas y la crisis del IOSFA, una obra social que desde hace meses acumula reclamos de afiliados, prestadores, profesionales de salud y sectores vinculados a la familia militar. En el mundo castrense, el malestar por prestaciones demoradas, deudas y cobertura deficiente se transformó en un tema de fuerte sensibilidad política.
La frase de Villarruel no fue un comentario aislado. Se inscribe en una disputa mucho más profunda entre la vicepresidenta y el exministro, que ya tuvo capítulos judiciales. Según informó Noticias Argentinas, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 desestimó el pasado 23 de abril una denuncia de Villarruel contra Petri por calumnias, injurias y atentado contra el orden constitucional, luego de que el dirigente mendocino la acusara públicamente de haber apostado al fracaso del Gobierno.
El conflicto había comenzado cuando Petri, en declaraciones televisivas, sostuvo que Villarruel pretendía quedarse con la Presidencia y que habría sido funcional a la oposición al abrir el Senado para que se complicara el programa económico del oficialismo. “Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como alternativa”, había dicho el entonces funcionario alineado con Javier Milei.
Para Villarruel, esas expresiones no constituían una simple opinión política, sino un conjunto de agravios, falsedades y acusaciones lesivas contra su persona y contra la institución que preside. Sin embargo, la Justicia entendió que los dichos de Petri se encuadraban dentro del terreno de la crítica política y no configuraban delito de acción pública.
Tras ese revés judicial, el conflicto no se cerró. Petri volvió a cargar contra la vicepresidenta y denunció que ella insistía con una querella por calumnias e injurias y con una supuesta “mordaza legal” para impedirle hablar de ella en público. “No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y con mordaza legal para que no hable de ella. Siempre tan democrática…”, publicó el diputado.
La vicepresidenta salió entonces a contestarle con dureza, pero eligió desplazar el eje del debate: en lugar de discutir la querella, apuntó contra la gestión de Petri en Defensa. El reproche fue directo y tuvo una carga política evidente: lo acusó de haber dejado salarios deteriorados, una obra social paralizada y una administración que, según su mirada, debe ser explicada.
El cruce fue difundido por Perfil, que remarcó que Villarruel llamó “fraudulento” a Petri y le reclamó hacerse cargo de su gestión en el Ministerio de Defensa. También señaló que el conflicto judicial entre ambos incluyó el pedido de una restricción para que el exministro no pudiera mencionarla públicamente, algo que Petri bautizó como “mordaza legal”.
La pelea revela un dato central del presente político: el oficialismo ya no sólo enfrenta tensiones con la oposición, sino también una interna feroz entre dirigentes que llegaron al poder bajo el mismo paraguas electoral. Villarruel, cada vez más distanciada de la mesa chica de Javier Milei, y Petri, alineado con el núcleo más duro del mileísmo, representan dos vertientes que hoy chocan sin disimulo.
El trasfondo no es menor. Villarruel construyó buena parte de su perfil político sobre la agenda de defensa, seguridad, Fuerzas Armadas, memoria completa y reivindicación del mundo militar. Por eso, la situación del IOSFA y los salarios de los uniformados son temas especialmente sensibles para su base de apoyo. Si el sistema de salud de los militares aparece en crisis y los haberes pierden poder adquisitivo, la vicepresidenta busca dejar claro que la responsabilidad no debe recaer sobre ella, sino sobre quienes administraron el área.
Petri, por su parte, intenta presentar la ofensiva de Villarruel como una maniobra judicial para silenciarlo. Esa lectura le permite ubicarse en el lugar de víctima de una restricción a la libertad de expresión, mientras refuerza su pertenencia al sector más confrontativo del oficialismo. Pero la acusación de la vicepresidenta lo obliga a dar explicaciones sobre el estado real de la cartera que condujo y sobre el deterioro denunciado en la obra social militar.
Desde una mirada institucional, el conflicto es grave porque involucra a la vicepresidenta de la Nación, a un exministro de Defensa, a la Justicia federal, a la conducción política de las Fuerzas Armadas y a una obra social estratégica para miles de familias. No se trata apenas de una pelea en redes sociales. Es una discusión sobre administración pública, responsabilidad política y límites del debate dentro del oficialismo.
El Gobierno de Javier Milei observa esta disputa con incomodidad. La interna con Villarruel ya dejó de ser una diferencia de estilos o una tensión protocolar. Se convirtió en una guerra política abierta, con denuncias, querellas, acusaciones de golpismo, reproches por gestión y ahora señalamientos por el estado del sistema de salud de los militares.
El caso también deja expuesta una contradicción en el relato libertario. Un gobierno que llegó prometiendo eficiencia, transparencia y motosierra sobre la mala administración estatal enfrenta ahora acusaciones internas por una supuesta gestión deficiente en un área crítica. Si el IOSFA está paralizado, si los salarios militares se deterioraron y si la administración de Defensa fue tan mala como dice Villarruel, entonces el oficialismo no puede limitarse a hablar de herencia: debe rendir cuentas por su propia gestión.
La vicepresidenta eligió además una palabra pesada: “fraudulento”. En política, ese término no es neutro. Sugiere engaño, administración irregular o conducta reprochable. Aunque Villarruel no presentó en ese mensaje una prueba judicial concreta sobre esa calificación, su acusación instala un interrogante que puede tener recorrido político: qué ocurrió realmente durante la gestión de Petri en el Ministerio de Defensa y cuál es el estado patrimonial, financiero y operativo del IOSFA.
La situación de la obra social ya había sido objeto de preocupación entre afiliados y sectores ligados al mundo militar. En distintas provincias se multiplicaron quejas por demoras en prestaciones, problemas con farmacias, deuda con proveedores y dificultades para acceder a servicios médicos. En una comunidad donde el vínculo con la salud de los retirados, pensionados y familiares es central, el deterioro del sistema golpea con fuerza.
En ese punto, Villarruel busca capitalizar una sensibilidad real. Su mensaje no sólo apunta a Petri, sino también a los uniformados y sus familias: les habla a quienes sienten que la política les prometió recomposición y respeto, pero que siguen enfrentando salarios bajos, pérdida de cobertura y desorden administrativo.
La disputa judicial, mientras tanto, seguirá su curso. La primera denuncia penal de Villarruel fue desestimada, según Noticias Argentinas, porque las expresiones de Petri fueron consideradas parte del debate político. Pero la nueva querella por calumnias e injurias puede mantener vivo el conflicto en otro fuero y ampliar la confrontación entre ambos dirigentes.
El problema para el oficialismo es que esta pelea no ocurre en un vacío. Se suma a otros frentes internos, a cuestionamientos sobre funcionarios, a tensiones parlamentarias y a una creciente fragmentación del espacio que llevó a Milei al poder. Cada nuevo cruce entre figuras del propio gobierno alimenta la percepción de que la coalición libertaria funciona más como un campo de batalla que como un equipo de conducción.
Para Villarruel, la ofensiva contra Petri le permite marcar distancia del mileísmo más cerrado y recuperar una agenda propia vinculada a las Fuerzas Armadas. Para Petri, confrontar con la vicepresidenta lo mantiene alineado con el Presidente y con los sectores que acusan a la titular del Senado de jugar por cuenta propia. Para Milei, en cambio, la pelea representa otro síntoma de una interna que ya no logra contener.
La discusión sobre el IOSFA puede convertirse en el punto más delicado del conflicto. Una cosa es pelear por declaraciones políticas; otra muy distinta es discutir la cobertura médica de militares, retirados, pensionados y sus familias. Si la obra social está efectivamente en crisis, el tema puede salir de las redes y convertirse en un problema de gestión, con impacto en la calle, en los cuarteles y en el Congreso.
El cruce entre Villarruel y Petri muestra, una vez más, que la interna libertaria no está cerrada. Al contrario, se profundiza. La vicepresidenta ya no se limita a defenderse: acusa. El exministro ya no sólo responde: judicializa y denuncia censura. Y en el medio quedan las Fuerzas Armadas, sus salarios, su obra social y una pregunta que el Gobierno debería responder sin chicanas: quién se hace cargo del deterioro en Defensa.
