Buenos Aires, 19 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que no tiene previsto levantar las restricciones cambiarias que todavía pesan sobre las empresas y dejó una señal clara al mercado: la prioridad oficial sigue siendo acumular reservas, sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitar que una liberalización prematura vuelva a tensionar el frente externo.
La definición fue dada por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, tras la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) y de los estados contables del organismo. Allí, el funcionario descartó cambios inmediatos en el esquema cambiario para personas jurídicas y sostuvo que el Central se siente “cómodo” con el régimen actual.
La frase central de Bausili fue directa: el BCRA no prevé habilitar a las empresas a atesorar dólares por el mercado oficial como sí pueden hacerlo las personas humanas. Según explicó, los movimientos vinculados al comercio exterior ya fueron normalizados y desde este año se sumó la posibilidad de girar utilidades correspondientes a balances 2025. Para el resto de las operaciones, el mensaje fue nítido: no habrá nuevas flexibilizaciones por ahora.
El funcionario defendió la continuidad de la llamada “restricción cruzada”, que impide durante 90 días operar simultáneamente en el mercado oficial y en los dólares financieros. En otras palabras, una empresa debe elegir por qué carril canaliza su operatoria: si utiliza el mercado oficial, no puede al mismo tiempo acceder al MEP o al contado con liquidación para determinadas operaciones. Bausili argumentó que las compañías no tienen prohibido manejar capital de trabajo en dólares, sino que deben hacerlo por el mercado financiero si quieren moverse fuera del canal oficial.
La explicación oficial busca mostrar al esquema como una administración prudente de divisas, no como una continuidad plena del cepo. Sin embargo, para el sector privado la señal tiene una lectura menos amable: el Gobierno liberalizó parcialmente, pero mantiene un torniquete sobre las empresas, especialmente en todo lo que pueda significar demanda adicional de dólares oficiales para atesoramiento, cobertura o manejo de caja.
La decisión está directamente vinculada con el compromiso de acumulación de reservas asumido ante el FMI. Bausili recordó que, tras la última revisión del programa, el BCRA debe comprar al menos US$10.000 millones durante el año y retener no menos de US$8.000 millones hacia fin de 2026. Según el propio funcionario, el Central ya lleva adquiridos unos US$8.320 millones, aunque el desafío más complejo no es comprar, sino conservar esas divisas en la posición neta de reservas.
El punto es sensible porque el Gobierno viene de incumplir metas de acumulación en revisiones anteriores y necesita mostrar disciplina externa. Por eso, abrir completamente el grifo cambiario para empresas podría facilitar decisiones de inversión en algunos sectores, pero también implicaría más demanda de dólares en un momento en que el BCRA todavía necesita recomponer su balance y fortalecer reservas.
En términos políticos, el mensaje es incómodo para una administración que llegó al poder prometiendo terminar con el cepo. El Gobierno de Javier Milei avanzó en una flexibilización parcial, pero el corazón corporativo de las restricciones sigue vivo. El cepo ya no se presenta con el mismo envoltorio discursivo de gobiernos anteriores, pero en la práctica conserva limitaciones relevantes para compañías que buscan dolarizar caja, girar fondos o cubrirse sin quedar atrapadas en restricciones cruzadas.
El propio Bausili intentó relativizar esa lectura al comparar la situación argentina con otros países de la región, como Brasil, donde no existen cuentas domésticas en dólares para empresas de la misma forma que en Argentina. Según el titular del BCRA, el sistema local incluso sería más flexible en algunos aspectos. Pero el argumento no elimina el dato central: las empresas argentinas seguirán operando bajo reglas cambiarias especiales, con permisos, canales diferenciados y restricciones que condicionan decisiones financieras.
El BCRA también descartó promover una refinanciación general de deudas bancarias para familias o individuos afectados por la suba de la mora. Bausili sostuvo que la irregularidad crediticia habría alcanzado un pico entre marzo y abril y que corresponde a los bancos administrar cada caso. Para el funcionario, el sistema financiero cuenta con niveles de capitalización suficientes y no existe riesgo de que la mora se transforme en un problema sistémico.
La aclaración tiene impacto social. En los últimos meses, la caída de ingresos reales y el deterioro del poder adquisitivo empujaron a muchas familias a atrasarse en pagos de tarjetas, préstamos personales y otros compromisos financieros. Pero el Central no quiere habilitar una solución regulatoria general que pueda ser leída como relajamiento monetario, intervención crediticia masiva o señal de preocupación sistémica.
Werning, por su parte, pidió mirar la evolución del crédito de manera integral, especialmente por el crecimiento de los préstamos en dólares. Ante las versiones sobre una eventual habilitación de créditos en dólares para personas sin ingresos en esa moneda, Bausili recordó que esa restricción surge de la ley y sugirió que cualquier debate de ese tipo debería darse cuando el proceso de saneamiento del BCRA esté más avanzado y exista mayor margen para dejar flotar el tipo de cambio.
El antecedente argentino en esta materia pesa demasiado. La experiencia de créditos en dólares tomados por deudores sin ingresos dolarizados dejó heridas en distintas etapas de la economía nacional. Por eso, el Central evitó abrir una puerta peligrosa: endeudar en moneda dura a quienes cobran en pesos puede parecer atractivo en períodos de estabilidad, pero puede convertirse en una bomba social y bancaria ante cualquier salto cambiario.
Otro punto relevante de la conferencia fue la continuidad del swap con China. Bausili afirmó que el Gobierno espera renovar el acuerdo de monedas que la Argentina mantiene desde hace 17 años y que, en su versión trianual, vence a comienzos de agosto. El titular del BCRA indicó que mantiene diálogo permanente con el Banco Popular de China y que en junio viajará a ese país para participar de un evento y reunirse con autoridades chinas.
La confirmación del swap tiene importancia financiera y geopolítica. El acuerdo con China sigue funcionando como un colchón relevante para las reservas del BCRA, aun cuando su utilización efectiva y sus condiciones suelen ser motivo de debate. Para el Gobierno, renovarlo en los mismos términos implica evitar un frente de presión adicional sobre las reservas en un año donde cada dólar cuenta.
En materia monetaria, Bausili confirmó que el Central avanzará con extrema prudencia en la remonetización de la economía. La entidad espera que la oferta monetaria acompañe una eventual recuperación de la demanda de pesos, pero sin desbordes. Según las proyecciones presentadas, la base monetaria se mantendría hacia diciembre en torno al 4,1% del PBI, nivel similar al de diciembre de 2025, mientras que otros agregados monetarios crecerían apenas por encima de ese registro.
La señal es clara: no habrá lluvia de pesos. El Gobierno apuesta a que la economía se reactive sin abandonar el sesgo monetario restrictivo. Para Bausili, hay indicios de recomposición de la demanda de dinero, y de lo contrario no sería compatible la baja de tasas con la apreciación del tipo de cambio. Pero desde sectores críticos advierten que una recuperación débil de la demanda de pesos puede complicar el programa de acumulación de reservas y mantener bajo presión a la actividad.
El informe también dejó una lectura de fondo: el Gobierno busca sostener el equilibrio entre tres objetivos difíciles de compatibilizar. Quiere acumular reservas, mantener baja la inflación y evitar que una apertura cambiaria acelere la salida de dólares. En ese equilibrio, las empresas quedan como el sector que todavía deberá esperar para una normalización plena.
La pregunta política es cuánto tiempo podrá el oficialismo sostener esta transición sin pagar costos. Para los mercados, la continuidad de restricciones puede ser vista como prudencia. Para el sector productivo, puede ser interpretada como una barrera que limita planificación, cobertura y decisiones de inversión. Para el discurso libertario, en cambio, representa una contradicción: el Gobierno que prometió libertad cambiaria todavía administra permisos.
El BCRA intenta presentar el esquema como una etapa ordenada del proceso de normalización. Pero el mensaje de Bausili también confirma que el fin total del cepo no está a la vuelta de la esquina. La economía argentina sigue funcionando con una arquitectura de controles que el Gobierno busca suavizar sin desarmar del todo, porque sabe que una apertura mal calibrada podría poner en riesgo reservas, programa con el FMI y estabilidad cambiaria.
En definitiva, el Central eligió no sobreactuar liberalización. Prefirió asegurar reservas, cuidar la relación con el FMI, renovar el swap con China y evitar una expansión monetaria que complique la baja de la inflación. Es una estrategia entendible desde la prudencia financiera, pero incómoda para un gobierno que hizo de la eliminación del cepo una bandera simbólica.
La conclusión es simple: para las personas, el cepo se aflojó; para las empresas, seguirá administrado. Y en la Argentina, cuando el Estado dice que “por ahora” no habrá cambios, el sector privado suele traducirlo de una manera menos elegante: el cepo todavía vive.
