Buenos Aires, 20 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La lucha contra las estructuras delictivas en Centroamérica ingresó en una etapa más compleja: las fuerzas de seguridad ya no enfrentan únicamente a pandillas violentas, sino a organizaciones con infraestructura física, tecnología, logística, redes de apoyo y capacidad de adaptación operativa.
Los recientes operativos en Honduras y Guatemala exponen una evolución preocupante. La Mara Salvatrucha (MS13) y otras bandas regionales dejaron atrás, en muchos casos, los métodos rudimentarios de vigilancia territorial para avanzar hacia esquemas más sofisticados: búnkeres subterráneos, vehículos con compartimientos ocultos, negocios de fachada, uniformes policiales y militares, armas de guerra, redes de cámaras clandestinas y sistemas de alerta temprana para anticipar procedimientos de las autoridades.
En Honduras, las Fuerzas Armadas y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) desmantelaron un búnker subterráneo de la MS13 en la zona de Vida Nueva, municipio de Omoa. En el lugar fueron halladas drogas, armas y municiones, una señal clara del nivel de preparación que alcanzaron estas organizaciones criminales.
El operativo fue encabezado por el Centro Antipandillas Transnacional de la ATIC, bajo coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). Durante el procedimiento, varios integrantes de la pandilla lograron escapar tras un enfrentamiento con las fuerzas del orden, aunque las autoridades consiguieron detener a algunos miembros de la estructura e incautar armas, drogas y uniformes policiales.
El hallazgo confirma que las pandillas centroamericanas ya no funcionan sólo como grupos barriales de violencia territorial. Han pasado a operar con lógica de crimen organizado transnacional, con nodos logísticos, capacidad de almacenamiento, redes de protección y vínculos con otros actores delictivos.
El experto hondureño en seguridad ciudadana y políticas públicas Leonardo Pineda advirtió que las pandillas invirtieron no sólo en logística, sino también en capacitación. Según explicó, estas estructuras ya cuentan con abogados, médicos, ingenieros y miembros con formación técnica, lo que eleva su capacidad de planificación y dificulta su persecución penal.
“Ya no se trata sólo de una pandilla, sino de un grupo criminal organizado”, resumió Pineda, al describir el salto de complejidad que muestran estas bandas.
La ofensiva hondureña también incluyó allanamientos en San Pedro Sula, donde fueron intervenidos 17 negocios utilizados como fachadas para ocultar armas y cargar drogas. De acuerdo con reportes locales, los cargamentos eran trasladados gradualmente hacia Tegucigalpa en vehículos preparados con compartimientos secretos.
El subdirector de la DLCN, Jaime Quintanilla, sostuvo que la operación expuso una realidad inquietante: la Mara Salvatrucha estaría desplazando a otras organizaciones y controlando zonas utilizadas para el ingreso de aeronaves y lanchas cargadas con droga. Luego, esos cargamentos serían transbordados hacia Guatemala y México, dentro de una ruta regional del narcotráfico.
El volumen de material incautado en distintos procedimientos confirma la magnitud del problema. El Ministerio Público hondureño informó en febrero la detención de 10 miembros de estas estructuras y el decomiso de 81 armas de fuego, incluidos fusiles AK-47; 23 granadas; cuatro lanzacohetes; 17 vehículos con compartimientos ocultos; uniformes policiales y militares de instituciones nacionales e internacionales; 281.100 dosis de marihuana y 160.500 dosis de crack.
La dimensión del arsenal y de la droga secuestrada muestra que estas organizaciones no sólo disputan territorio, sino que también buscan sostener cadenas de distribución, protección armada y capacidad de intimidación. Además, parte de la droga que ingresa al país y no continúa su ruta internacional estaría siendo procesada para abastecer el mercado local hondureño.
“Lo están procesando para venderlo en el mercado local”, explicó Quintanilla, quien definió una de las zonas intervenidas como un verdadero centro de acopio.
El fenómeno no se limita a Honduras. En Guatemala, las autoridades enfrentan una amenaza distinta pero igualmente preocupante: el uso de videovigilancia clandestina por parte de pandillas. La Policía Nacional Civil desmontó 14 sistemas de cámaras instalados en las colonias Bethania, Sakerty y Amparo, en la zona 7 de Ciudad de Guatemala.
También fue desarticulada otra red de cámaras clandestinas en la colonia San Rafael II, zona 18 de la capital guatemalteca. Estos dispositivos eran utilizados por integrantes de pandillas para monitorear movimientos policiales y militares, anticipar operativos, controlar accesos al territorio e identificar posibles víctimas.
La presencia de estos sistemas confirma un cambio de escala. Las bandas pasaron de utilizar “postes” o “banderitas” —personas apostadas en esquinas para avisar la llegada de patrulleros— a emplear infraestructura tecnológica que les permite vigilar barrios enteros, sostener redes de extorsión y ejercer control social sobre la población civil.
La Mara Salvatrucha y Barrio 18, dos de las estructuras más violentas de la región, aparecen vinculadas a estas prácticas de vigilancia clandestina. La utilización de cámaras no sólo protege sus operaciones, sino que también aumenta el riesgo para vecinos, comerciantes y fuerzas de seguridad, al convertir determinados barrios en zonas monitoreadas por el crimen.
El avance tecnológico de las pandillas obliga a las autoridades a cambiar su enfoque. Ya no alcanza con detener cabecillas o incautar armas. La prioridad pasa por identificar estructuras, cortar financiamiento, intervenir redes logísticas, neutralizar sistemas de vigilancia, seguir rutas de droga y destruir capacidades operativas.
En ese punto, los operativos recientes dejan una lección central: la inteligencia criminal se vuelve indispensable. La coordinación entre fiscalías, fuerzas armadas, policías, unidades antidrogas y organismos especializados es clave para enfrentar organizaciones que se adaptan con rapidez, aprenden de cada golpe y buscan reemplazar sus pérdidas con nuevas herramientas.
La región enfrenta, en definitiva, una amenaza que combina violencia callejera, narcotráfico, extorsión, tecnología, corrupción y logística transnacional. El desafío para los gobiernos de Centroamérica es evitar que estas estructuras consoliden poder territorial y se transformen en actores criminales con capacidad de desafiar directamente al Estado.
La respuesta deberá ser sostenida, profesional y basada en inteligencia. De lo contrario, las pandillas seguirán evolucionando más rápido que las instituciones encargadas de combatirlas.
