Buenos Aires, 21 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Pablo Ferrara Raisberg, ex funcionario de la Cancillería argentina durante la gestión de Diana Mondino, luego de vincularlo con presuntas maniobras relacionadas con la pesca ilegal de merluza negra en el sur argentino. La decisión, informada por el subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau, expone una preocupación creciente de Washington sobre el control de los recursos marítimos, el avance de intereses chinos en el Atlántico Sur y el doble discurso de algunos actores que, mientras hablan de defensa ambiental, terminan envueltos en controversias por depredación pesquera.
Según pudo saber Total News Agency, en sectores de Estados Unidos comienza a instalarse una lectura más dura sobre ciertos comportamientos de funcionarios, ex funcionarios y operadores vinculados a áreas sensibles del Estado argentino. En Washington observan con fastidio el doble discurso de quienes, hacia afuera, se presentan como defensores del ambiente, la soberanía o la legalidad, pero luego aparecen asociados a episodios que despiertan sospechas sobre pesca ilegal, vínculos con capitales chinos o falta de firmeza frente a intereses que depredan recursos estratégicos.
El caso de Ferrara Raisberg golpea de lleno en esa línea. El abogado había sido designado como representante de la Cancillería ante el Consejo Federal Pesquero durante la etapa de Diana Mondino al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su permanencia fue breve: dejó el cargo en marzo de 2024, en medio del escándalo por el buque Tai An, perteneciente a Prodesur S.A., firma argentina con capitales de origen chino, acusado de haber capturado una cantidad de merluza negra muy superior a la permitida frente a Tierra del Fuego.
La controversia se originó cuando empresas del sector advirtieron que el Tai An transportaba alrededor de 142 toneladas de merluza negra, pese a que sólo tenía permitido llevar una cantidad marginal como captura incidental. La situación debía ser comunicada a Prefectura Naval Argentina para ordenar el regreso del barco a puerto, pero allí apareció la presunta intervención de Ferrara Raisberg, quien habría pedido al entonces director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, que no avanzara con la medida.
La secuencia terminó con renuncias, acusaciones cruzadas y un fuerte ruido político. Suárez dejó su cargo y también lo hizo Ferrara Raisberg, quien presentó su dimisión ante Mondino mientras la entonces canciller se encontraba de viaje oficial en Vietnam. El episodio nunca terminó de cerrarse del todo, porque dejó flotando una pregunta incómoda: ¿por qué desde un área de la Cancillería se habría intentado frenar o demorar una actuación frente a una presunta infracción pesquera de enorme magnitud?
Ahora, la respuesta norteamericana reabre el expediente político. Landau explicó que la protección de los océanos frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad global para el gobierno de Donald Trump y para el secretario de Estado Marco Rubio. En ese marco, el Departamento de Estado aplicó una nueva política de restricción de visas a 24 individuos, entre ellos Ferrara Raisberg, por su presunto vínculo con el agotamiento ilegal de recursos pesqueros.
“Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para Estados Unidos y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”, fue el mensaje político de Landau. La frase no sólo apunta a un ex funcionario argentino. También debe leerse como una advertencia regional: Washington está dispuesto a usar herramientas migratorias, diplomáticas y de cooperación militar para marcar límites frente a actividades que considera depredatorias, especialmente cuando aparecen vinculadas a intereses chinos.
El dato no es menor. La decisión se conoció apenas después de que la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos avanzaran en el denominado Programa de Protección de Bienes Comunes Globales, un acuerdo de cooperación para reforzar durante los próximos cinco años las capacidades de vigilancia, monitoreo y control en el Atlántico Sur. El convenio incluye tecnología, entrenamiento, sistemas de comando y control, sensores, drones y aeronaves destinadas a mejorar la detección de embarcaciones y actividades ilícitas.
Para el gobierno de Javier Milei, el acuerdo forma parte de una estrategia de alineamiento con Estados Unidos y de fortalecimiento de las capacidades nacionales frente a amenazas marítimas. Para la oposición kirchnerista, en cambio, se trata de una concesión peligrosa sobre la soberanía del Mar Argentino. Pero más allá de la discusión ideológica, el trasfondo es evidente: el Atlántico Sur volvió a ocupar un lugar central en la agenda geopolítica.
La pesca ilegal no es un problema administrativo. Es una cuestión de soberanía, de seguridad económica y de defensa nacional. Cada buque que depreda recursos argentinos sin control afecta empleo, divisas, ecosistemas, presencia estatal y capacidad de vigilancia. Y cuando detrás de esas operaciones aparecen flotas o capitales vinculados a potencias extranjeras, el tema deja de ser pesquero para convertirse en estratégico.
En ese punto, Estados Unidos parece estar uniendo varias piezas: pesca ilegal, penetración china, debilidad institucional, crimen transnacional y control marítimo. Según pudo saber Total News Agency, la preocupación norteamericana no se limita a la pesca. En ámbitos diplomáticos y de seguridad también se mantiene la atención sobre la lucha contra el narcotráfico, otro punto en el que Washington espera señales más firmes, menos declamativas y más efectivas de los gobiernos de la región.
La revocación de la visa a Ferrara Raisberg puede parecer, a primera vista, una sanción individual. Pero políticamente es mucho más que eso. Es una señal de que Estados Unidos está mirando con lupa a quienes pasaron por áreas sensibles del Estado, a sus vínculos, a sus decisiones y a sus eventuales contradicciones. También es un mensaje para quienes creyeron que los expedientes locales podían quedar encerrados en la burocracia argentina sin consecuencias internacionales.
El caso resulta especialmente incómodo para Diana Mondino, porque Ferrara Raisberg llegó al Palacio San Martín durante su gestión y tenía con ella un vínculo académico y familiar lejano. La excanciller ya había quedado políticamente erosionada por distintos errores y descoordinaciones durante su paso por el gobierno. Ahora, la sanción de Estados Unidos a un funcionario designado en su órbita vuelve a poner bajo revisión el manejo de áreas sensibles durante aquella etapa.
También llama la atención el contraste entre el perfil público de Ferrara Raisberg y la acusación que derivó en la sanción. El ex funcionario había construido parte de su trayectoria alrededor de la defensa del ambiente marino y de la lucha contra la pesca depredatoria. Incluso se lo vinculó en el pasado con presentaciones judiciales por la protección de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Sin embargo, terminó señalado en una controversia que involucra exactamente aquello que decía combatir.
Ese doble registro es el que irrita a Washington. En la nueva lógica del gobierno de Trump, no alcanza con los discursos correctos ni con las credenciales académicas. La administración norteamericana mira resultados, alineamientos concretos y comportamientos verificables. Y cuando detecta zonas grises, especialmente si hay intereses chinos o actividades ilícitas de por medio, empieza a actuar con menos paciencia diplomática.
La Argentina, por su parte, enfrenta un desafío de fondo. Debe demostrar que puede custodiar sus recursos, sancionar a quienes los depredan y evitar que áreas estratégicas del Estado sean permeadas por intereses ajenos al interés nacional. La cooperación con Estados Unidos puede ofrecer tecnología y respaldo, pero no reemplaza la decisión política interna de ordenar controles, transparentar expedientes y terminar con la cultura de la vista gorda.
El mensaje de Estados Unidos fue claro: la pesca ilegal ya no será tratada como una infracción menor. Y para la Argentina, el caso Ferrara Raisberg debería funcionar como advertencia. El Atlántico Sur, la merluza negra, la presencia china, el narcotráfico y la seguridad marítima forman parte de un mismo tablero. Quien no lo entienda seguirá hablando de trámites administrativos mientras las grandes potencias ya lo leen como una disputa estratégica.
