Buenos Aires, 21 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Bolivia atraviesa una de las crisis políticas y sociales más graves de los últimos años, con bloqueos de rutas, protestas violentas, desabastecimiento, hospitales al límite y un gobierno que acusa al expresidente Evo Morales, prófugo de la justicia, de impulsar un plan de desestabilización para regresar al poder. El conflicto, que comenzó con reclamos salariales, falta de combustible y rechazo a reformas sobre tierras, escaló hasta convertirse en una ofensiva directa contra la administración de Rodrigo Paz Pereira, quien asumió hace apenas seis meses.
El gobierno boliviano ya no habla sólo de protesta social. El canciller Fernando Aramayo afirmó que lo que está ocurriendo en el país “no tiene otro nombre” que un intento de golpe cuando sectores organizados buscan, por la fuerza, la renuncia de un presidente democráticamente elegido. Según el funcionario, detrás de la escalada aparece un “rostro inexcusable”: el de Evo Morales, a quien acusa de promover una sedición con apoyo de sectores que responden a su liderazgo político y territorial. Morales esta acusado de abuso de menores, según la justicia convivia con cuatro niñas.
La crisis se detonó a comienzos de mayo, pero se agravó con rapidez. Los bloqueos de rutas dejaron a La Paz prácticamente cercada, complicaron el abastecimiento de alimentos, combustible, oxígeno medicinal e insumos sanitarios, y paralizaron parte del transporte de carga. En un país con una geografía compleja y una fuerte dependencia de las rutas para conectar regiones, cortar caminos equivale a estrangular la vida cotidiana, la economía y el funcionamiento básico del Estado.
El drama llegó de lleno a los hospitales. Centros públicos de referencia en La Paz comenzaron a racionar oxígeno medicinal, alimentos y medicamentos, mientras algunas cirugías debieron postergarse por falta de insumos. En el Hospital de Clínicas y otros establecimientos se pidió la apertura urgente de corredores humanitarios para permitir el ingreso de suministros. La situación es especialmente delicada en áreas de neonatología, terapia intensiva y emergencias, donde la falta de oxígeno puede transformarse rápidamente en una tragedia.
El gobierno de Paz sostiene que hay un uso político del sufrimiento social. Reconoce problemas económicos, dificultades de abastecimiento y reclamos sectoriales, pero advierte que el conflicto fue capturado por sectores que buscan provocar una crisis institucional. La acusación central es que Evo Morales, atrincherado en su base del Chapare y rodeado por estructuras cocaleras, intenta explotar el malestar para debilitar al nuevo gobierno y forzar una salida anticipada.
La situación de Morales agrava el cuadro. El exmandatario, que gobernó Bolivia durante casi catorce años, enfrenta una causa judicial por presunta trata agravada de personas y permanece en rebeldía luego de no presentarse ante la Justicia. Desde su entorno denuncian persecución política, pero para el oficialismo boliviano el ex presidente funciona como un factor de presión permanente: no sólo desafía a los tribunales, sino que conserva capacidad de movilización en sectores sindicales, campesinos y cocaleros.
En ese contexto, Rodrigo Paz anunció un “reordenamiento” de su gabinete para hacerlo más ágil, más cercano y con mayor capacidad de escucha. También confirmó la creación de un Consejo Económico y Social, al que convocará a sectores dispuestos a participar en una salida institucional. El objetivo del presidente es desactivar versiones, evitar que se instalen denuncias falsas sobre privatizaciones o tarifazos, y abrir canales de diálogo con actores sociales, siempre que no tengan como condición la renuncia presidencial.
El primer movimiento concreto fue la salida del ministro de Trabajo, Edgar Morales, reemplazado por Williams Bascopé, un abogado constitucionalista de origen aimara. La renuncia buscó enviar una señal de distensión hacia la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores movilizados, aunque los grupos más duros mantuvieron su exigencia de que Paz abandone el poder.
La crisis también adquirió dimensión internacional. Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado Christopher Landau, calificó las protestas como un “golpe de Estado en marcha” y expresó respaldo al gobierno constitucional de Rodrigo Paz. Para Washington, la ofensiva no puede leerse únicamente como un conflicto social, sino como parte de una alianza regional entre política radicalizada y crimen organizado. El mensaje norteamericano fue claro: el orden democrático boliviano debe ser defendido.
La Organización de Estados Americanos también fue escenario de la denuncia boliviana. El gobierno de Paz alertó allí sobre bloqueos, violencia, riesgo humanitario y una estrategia de desestabilización institucional. La administración boliviana busca respaldo regional para evitar que la crisis sea presentada simplemente como una rebelión popular espontánea, cuando desde el oficialismo aseguran que existen grupos organizados que buscan quebrar al gobierno.
La presión social, sin embargo, tiene una base económica real. Bolivia arrastra problemas de inflación, escasez de combustible, caída de reservas, tensiones fiscales y deterioro de la vida cotidiana. La falta de nafta y diésel golpea especialmente al transporte, al comercio y a los sectores populares. También hubo denuncias por combustible de mala calidad que habría afectado motores de vehículos, lo que alimentó la bronca de transportistas y ciudadanos.
Pero una cosa es el reclamo social y otra muy distinta es la utilización del conflicto para voltear a un gobierno. Esa es la línea que intenta marcar Paz. Desde una mirada institucional, el presidente enfrenta una encerrona: si reprime con fuerza, puede alimentar el relato de victimización de los sectores radicalizados; si no actúa, deja crecer la sensación de ingobernabilidad y permite que los bloqueos sigan dañando hospitales, comercios, transporte y abastecimiento.
El rol de los cocaleros es clave. El Chapare fue durante décadas la base política, sindical y territorial de Evo Morales. Allí se construyó su poder y desde allí conserva una estructura de lealtades que puede actuar como fuerza de choque, retaguardia política y mecanismo de presión. Para el gobierno boliviano, esos sectores son parte del dispositivo que busca desbordar al Estado.
La paradoja es evidente: Morales, que durante años se presentó como símbolo de la democracia popular, hoy aparece acusado de promover una maniobra destituyente contra un presidente elegido en las urnas. Su defensa sostiene que hay persecución política, pero sus adversarios lo acusan de querer volver al poder por la vía del caos, la calle y el bloqueo.
Para Total News Agency, el cuadro boliviano vuelve a mostrar una matriz conocida en la región: líderes populistas que, cuando pierden el control del Estado, intentan conservar poder desde sindicatos, movimientos territoriales, sectores corporativos y estructuras paralelas. El resultado es siempre el mismo: se castiga a la población, se paraliza la economía y se pone en jaque a las instituciones.
Rodrigo Paz necesita ordenar la economía, reabrir rutas, garantizar abastecimiento, proteger hospitales y sostener autoridad política sin caer en la trampa de una escalada sangrienta. Evo Morales, en cambio, parece apostar a que el deterioro social desgaste al gobierno y le permita recuperar centralidad.
La pregunta decisiva es si Bolivia logrará resolver la crisis dentro de la institucionalidad o si volverá a quedar rehén de caudillos que confunden movilización social con derecho a desestabilizar gobiernos. Por ahora, el país está bloqueado, los hospitales piden auxilio y el poder político mira al Chapare como el epicentro de una ofensiva que ya dejó de ser solamente social para convertirse en una pulseada por el control del Estado.
