Buenos Aires, 23 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El escándalo por $LIBRA, el token promocionado por Javier Milei antes de desplomarse y dejar miles de damnificados en distintos países, volvió a entrar en zona caliente. La pregunta que sobrevuela desde el primer día sigue siendo la misma: qué pasó con los cerca de US$ 110 millones que quedaron bajo control de Hayden Davis, el empresario cripto estadounidense vinculado al lanzamiento del proyecto.
El dinero, según la reconstrucción realizada en expedientes judiciales, análisis forenses de blockchain y declaraciones de los propios protagonistas, se encuentra bajo la órbita de un fideicomiso denominado Libra Trust, constituido en noviembre pasado. La estructura fue presentada por el entorno de Davis como una herramienta para administrar los fondos, financiar empresas argentinas y eventualmente reparar a parte de los damnificados. Pero la falta de transparencia sobre montos, jurisdicción, responsables legales y criterios de distribución mantiene abiertas todas las sospechas.
El caso nació el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió en X el token $LIBRA, presentado como una iniciativa destinada a favorecer el financiamiento de proyectos y empresas argentinas. La publicación presidencial disparó el interés de inversores de la Argentina y del exterior. En pocas horas, el precio subió con fuerza y luego se desplomó. Los demandantes sostienen que insiders habrían aprovechado información privilegiada para retirar liquidez y obtener ganancias millonarias mientras miles de compradores quedaban atrapados en la caída.
Hayden Davis, a través de Kelsier Ventures, fue una de las caras centrales del lanzamiento. Su equipo participó en el armado del pool de liquidez, la herramienta que permitía comprar $LIBRA con otras criptomonedas, principalmente SOL, vinculada a la red Solana, informó Clarin hoy. La denuncia de los damnificados sostiene que, durante la noche del lanzamiento, billeteras vinculadas al equipo retiraron grandes cantidades de SOL, lo que aceleró el derrumbe del token.
En sus primeras apariciones públicas, Davis admitió que controlaba una masa de fondos que rondaba los US$ 110 millones y llegó a decir que ese dinero no era suyo, sino “de la Argentina”. La frase, lejos de despejar dudas, expuso la magnitud política del problema: un empresario privado extranjero, asociado a un token promovido por el Presidente argentino, manejaba fondos derivados de una operatoria que dejó damnificados en varios continentes.
Durante meses, esa plata estuvo en el centro de una batalla judicial en Estados Unidos. Un grupo de afectados, representado por el estudio Burwick, llevó el caso ante los tribunales del Distrito Sur de Nueva York y pidió congelar las billeteras vinculadas al proyecto. La jueza Jennifer Rochon hizo lugar inicialmente a medidas de resguardo, pero luego levantó restricciones cuando los demandantes no lograron reunir una cantidad suficiente de damnificados que justificara mantener el bloqueo en los términos solicitados.
A partir de ese momento, las billeteras comenzaron a registrar movimientos que fueron seguidos de cerca por analistas cripto. Parte de los fondos habría sido convertida, fraccionada o derivada hacia distintas redes y cuentas, lo que encendió nuevas alarmas. En el mundo blockchain, muchas operaciones son visibles, pero no siempre es posible determinar con certeza quién controla cada destino final, especialmente cuando intervienen exchanges, puentes entre redes o servicios de anonimización.
Frente a los reclamos para volver a congelar los fondos, los abogados de Davis presentaron una salida política y judicial: la creación de Libra Trust. El fideicomiso fue anunciado como un vehículo para continuar el objetivo original del proyecto, es decir, canalizar financiamiento hacia empresas argentinas. La jugada tiene una lectura evidente: si el dinero se utiliza finalmente para fondear proyectos productivos o compensar afectados, la defensa de Davis gana terreno frente a la acusación de estafa.
Según la información conocida, unas 71 empresas habrían presentado solicitudes para acceder a financiamiento del Libra Trust, aseguró Reuters. Esos proyectos estarían en proceso de análisis de elegibilidad y podrían recibir requerimientos de documentación adicional antes de cualquier desembolso. Los responsables del fideicomiso apuntan a comenzar a distribuir fondos antes del primer aniversario de su creación, es decir, antes de noviembre de 2026.
El problema es que casi todo lo importante permanece bajo reserva. No se informó con precisión cuánto dinero conserva hoy el fideicomiso, cuánto se destinó a gastos legales, cuál es la jurisdicción exacta de constitución, qué entidad lo administra ni quién tomará las decisiones finales sobre los montos. En un escándalo donde la confianza quedó destruida desde el minuto uno, ese nivel de confidencialidad no ayuda precisamente a despejar sospechas.
El fideicomiso también tendría facultades para compensar a personas físicas que hayan sufrido pérdidas, aunque bajo condiciones estrictas. Los eventuales beneficiarios deberían ser ciudadanos argentinos, haber residido en el país al momento del lanzamiento, ser considerados inversores no sofisticados y haber presentado reclamos antes de una fecha determinada. Esa definición abre otra controversia: quién decide qué inversor fue “sofisticado” y quién fue un ciudadano común arrastrado por la promoción presidencial.
La defensa política de Milei siempre intentó correrse del centro de la maniobra. El Presidente sostuvo que no tuvo intervención en el desarrollo del token y que sólo difundió una iniciativa privada que, según le habían presentado, podía ayudar a empresas argentinas. Pero el hecho objetivo es que su publicación fue el combustible inicial del fenómeno. Sin ese aval público, difícilmente $LIBRA habría alcanzado semejante volumen de compras en tan poco tiempo.
La causa también salpicó al entorno libertario y a intermediarios vinculados al universo cripto local. El nombre de Mauricio Novelli apareció en distintas reconstrucciones periodísticas y judiciales, junto con menciones a documentos, conversaciones y posibles acuerdos comerciales alrededor del caso. La existencia de borradores sobre pagos millonarios y contactos previos con protagonistas del lanzamiento alimentó la sospecha de que el episodio no fue una simple recomendación presidencial mal calculada, sino una operación con preparación previa.
Desde el Libra Trust, en cambio, se insiste en despegar la administración de los fondos tanto de Davis como del Gobierno argentino. La versión del fideicomiso sostiene que Davis no participa de la gobernanza del dinero y que no existe coordinación con Milei ni con funcionarios nacionales. Sin embargo, el propio responsable del trust reconoció estar al tanto de pedidos realizados desde la Argentina para que los fondos sean distribuidos cuanto antes.
Ese punto es políticamente explosivo. Si el dinero no pertenece a Davis, como él mismo insinuó en los primeros días, y si tampoco está bajo control del Estado argentino, entonces la pregunta sigue sin respuesta clara: quién tiene legitimidad para decidir el destino de esos millones. Los damnificados quieren recuperar su plata; los abogados buscan preservar prueba y responsabilidades; el fideicomiso dice querer financiar empresas; y el Gobierno necesita que el caso deje de sangrar en la agenda pública.
La dimensión internacional agrava el cuadro. En Nueva York, el caso se analiza bajo parámetros de fraude, promoción engañosa y posible manipulación de mercado. En la Argentina, la causa expone un costado institucional más delicado: un Presidente que utilizó su cuenta pública para promocionar un activo financiero extremadamente riesgoso, sin controles visibles, sin advertencias claras y con consecuencias patrimoniales para miles de inversores.
El episodio también dejó una lección incómoda sobre el mundo cripto. La tecnología permite rastrear movimientos, pero no necesariamente garantiza reparación. Las billeteras pueden verse, los montos pueden seguirse durante un tramo y las operaciones quedan registradas. Pero cuando la arquitectura legal se combina con fideicomisos, jurisdicciones reservadas y estructuras internacionales, los damnificados quedan muchas veces atrapados entre la promesa de transparencia de la blockchain y la opacidad clásica del dinero grande.
Para Milei, el caso $LIBRA continúa siendo una sombra política difícil de disipar. El Gobierno logró resistir el impacto inicial, pero cada nuevo dato sobre los fondos, los contratos, los intermediarios o los criterios de compensación devuelve el tema al centro de la escena. La pregunta ya no es sólo si hubo impericia, entusiasmo libertario por las criptomonedas o abuso de confianza. La pregunta central es quién se quedó con la plata, quién la custodia ahora y quién tendrá poder real para devolverla.
Mientras tanto, los US$ 110 millones siguen siendo el corazón del escándalo. No por su número exacto, que puede haber variado con movimientos, costos legales o fluctuaciones cripto, sino por lo que representan: la diferencia entre un fracaso tecnológico y una maniobra de vaciamiento; entre un proyecto mal diseñado y una estafa; entre una recomendación imprudente y una responsabilidad política de primera magnitud.
El Libra Trust promete ordenar el caos. Pero, por ahora, lo único claro es que el dinero existe, que fue movido, que se discute en tribunales y que miles de damnificados siguen mirando desde afuera cómo otros deciden el destino de los fondos que salieron de sus bolsillos. En el país de la motosierra y la épica anticasta, el caso $LIBRA dejó una postal demasiado conocida: pocos ganaron mucho, muchos perdieron todo y la explicación completa todavía no aparece.
