Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 25 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El administrador de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez, quedó en el centro de un nuevo escándalo político y administrativo luego de firmar una resolución que dispuso ascensos para 246 trabajadores del organismo, entre ellos la vocera del ministro de Economía, Luis Caputo, el hijo del jefe de la Aduana y otros nombres vinculados a sectores de poder interno. La decisión reavivó críticas gremiales, abrió malestar dentro de la ex AFIP y volvió a poner bajo la lupa a un funcionario que arrastra causas judiciales y viejas relaciones con el mundo de los servicios de inteligencia.
La polémica se conoció en medio de una administración nacional golpeada por investigaciones patrimoniales, peleas internas y una sucesión de escándalos que erosiona el discurso oficial contra la “casta”. En ese contexto, la medida firmada por Vázquez aparece como una postal incómoda: mientras el Gobierno exige ajuste, austeridad y sacrificio al conjunto de la sociedad, en el organismo recaudador se habilitaron saltos escalafonarios que, según las críticas internas, podrían representar diferencias salariales millonarias.
La resolución cuestionada, identificada como 59/2026, dispuso la promoción de 207 agentes de la Dirección General Impositiva y 38 de la Aduana. La decisión no tenía antecedentes recientes de esa magnitud desde la gestión de Carlos Castagneto al frente de la AFIP, durante el gobierno de Alberto Fernández.
El caso más resonante se vincula a la Aduana y es el de Nicolás Andrés Velis, hijo de José Andrés Velis, director del organismo. Según la información difundida, fue ascendido al grupo 3, uno de los escalones altos dentro de la estructura aduanera. Las críticas internas apuntan a que no tendría la trayectoria ni las credenciales suficientes para ocupar ese nivel, lo que alimentó la sospecha de favoritismo.
En la DGI, también generó ruido la promoción de Yael Bialostozky, vocera del ministro Luis Caputo, quien pasaría a percibir la categoría más alta de la carrera del recaudador impositivo nacional. Ese escalafón, el 26, está reservado para perfiles con estudios superiores, trayectoria relevante en materia tributaria y muchos años de servicio dentro de la estructura de la ex AFIP.
La explicación formal habla de mérito, antigüedad y calificaciones. Sin embargo, sectores sindicales denunciaron discrecionalidad, amiguismo y arbitrariedad. Para representantes de UPSAFIP, la medida implica “regalar categorías” equiparables a las de trabajadores con décadas de carrera, formación técnica y experiencia acumulada dentro del organismo.
El dirigente sindical Julio Estévez (h) fue uno de los que salió a cuestionar con mayor dureza la decisión. “Están regalando categorías equiparables a las de gente con estudio y tres o cuatro décadas de carrera, había asegurado a RealPolitik. Nada respetan”, señaló, reflejando el malestar de sectores jerárquicos y técnicos de la agencia.
La controversia no se limita a la discusión salarial. En ARCA, los cargos altos pueden alcanzar ingresos netos de entre 4 y 5 millones de pesos, combinando salario básico y adicionales del fondo de jerarquización. En una economía donde buena parte de los trabajadores no logra cubrir sus gastos básicos, la promoción de nombres vinculados al poder político aparece como un gesto difícil de defender.
Pero el caso de Vázquez tiene una profundidad mayor. El administrador de ARCA no sólo enfrenta cuestionamientos por las recategorizaciones. También está bajo investigación judicial por su patrimonio. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi tiene en un cajón de su escritorio un pedido para citarlo a indagatoria y ampliar la pesquisa sobre presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes de supuestas dádivas, evasión tributaria y omisiones en sus declaraciones juradas.
El planteo fue impulsado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien sostuvo que la investigación debe profundizarse por la presunta existencia de una estructura patrimonial opaca. La tesis fiscal apunta a que Vázquez habría omitido declarar inmuebles adquiridos en Miami y habría utilizado sociedades offshore durante años para ocultar su condición de verdadero dueño o beneficiario final de bienes en el exterior. Se habla de millones de dólares.
Según publicaciones periodísticas, la investigación busca determinar si el actual titular de ARCA omitió declarar al menos tres departamentos en Miami valuados en unos US$2,1 millones, además de sociedades vinculadas a esas operaciones. También se mencionó la firma Galanthus Capital Limited, respecto de la cual la PIA habría señalado que Vázquez figuraba como director y beneficiario final, sin haberla declarado en sus presentaciones patrimoniales.
La paradoja política es evidente: el funcionario encargado de conducir el organismo que debe perseguir la evasión, controlar la recaudación y exigir transparencia fiscal a los contribuyentes aparece investigado por presuntas maniobras de ocultamiento patrimonial, evasión y enriquecimiento. En términos institucionales, el daño es severo, porque afecta directamente la credibilidad de la autoridad tributaria.
A ese cuadro se suma un elemento sensible: la relación histórica atribuida a Vázquez con sectores de inteligencia y, en particular, con Antonio “Jaime” Stiuso, quién fuera echado de la vieja SIDE, luego AFI y nuevamente del universo de inteligencia estatal. Publicaciones periodísticas de años anteriores ya habían señalado que el entorno de Ricardo Echegaray le atribuía a Vázquez un vínculo directo con la ex SIDE, canal que lo habría convertido en un actor de peso dentro de la estructura impositiva.
Ese antecedente vuelve a cobrar relevancia porque, durante años, Vázquez manejó áreas sensibles de información tributaria y bases de datos de enorme valor político, económico y judicial. En los organismos recaudadores, la información es poder: permite conocer movimientos patrimoniales, sociedades, operaciones comerciales, deudas, bienes, consumos, cuentas, vínculos societarios y eventuales vulnerabilidades de empresarios, dirigentes y actores públicos.
En sectores políticos y judiciales se sostiene desde hace tiempo que esa capacidad de acceso a información estratégica habría sido uno de los motivos por los cuales operadores de inteligencia mantuvieron especial interés sobre Vázquez. Esa lectura, que circula desde hace años en ámbitos de la ex AFIP, la ex SIDE y tribunales federales, vuelve ahora a escena con más fuerza ante el regreso de Stiuso al radar de poder y la permanencia de Vázquez al frente de ARCA.
Las versiones más delicadas señalan que aquella base de datos, considerada durante años una de las más importantes del país, podría estar nuevamente al alcance de circuitos informales de inteligencia. No se trata de una cuestión menor: la administración tributaria reúne información extremadamente sensible de contribuyentes, empresas, bancos, operadores económicos y dirigentes políticos. Cualquier utilización por fuera de la legalidad convertiría al organismo en una herramienta de presión, control o disciplinamiento.
En ese punto, el caso obliga a una pregunta institucional de fondo: quién controla al controlador. ARCA no es una dependencia menor. Es la caja de información fiscal y aduanera del país, el organismo encargado de recaudar, fiscalizar, investigar maniobras tributarias y controlar el comercio exterior. Por eso, la figura de su administrador no puede estar rodeada de sospechas patrimoniales, recategorizaciones arbitrarias y viejos vínculos con estructuras de inteligencia sin que el Gobierno dé explicaciones claras.
El Gobierno de Javier Milei llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios, la discrecionalidad y los negocios de la política. Pero la situación de Vázquez expone una contradicción creciente: mientras se exige transparencia hacia afuera, hacia adentro se acumulan nombres con causas judiciales, ascensos cuestionados y decisiones que parecen repetir las prácticas que el oficialismo decía venir a desterrar.
El escándalo también impacta en la interna libertaria. Vázquez es señalado como un funcionario sostenido por el ala política vinculada a Santiago Caputo, uno de los actores centrales del ecosistema de poder presidencial. Esa protección explicaría, según voces de la Casa Rosada, por qué su situación no derivó todavía en una salida inmediata, pese al volumen de cuestionamientos.
La comparación con el caso Manuel Adorni resulta inevitable. Mientras el jefe de Gabinete enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas, gastos familiares, vuelos privados y operaciones inmobiliarias, Vázquez queda ahora expuesto por ascensos discutidos, patrimonio bajo sospecha y relaciones históricas con actores del mundo de inteligencia. La diferencia es que ARCA administra información fiscal de todos los argentinos, lo que vuelve el caso institucionalmente todavía más sensible.
El ascenso de funcionarios o allegados al poder dentro del organismo recaudador no sólo irrita a los trabajadores con carrera. También envía una señal política contradictoria hacia una sociedad a la que se le pide tolerar ajuste, presión fiscal, controles y caída de ingresos. Si la austeridad vale para los jubilados, para los discapacitados, para los asalariados y para las provincias, también debería valer para la alta burocracia estatal.
En paralelo, la recaudación viene mostrando señales de tensión, y el propio Gobierno reconoce que el margen para seguir ajustando se achica. En ese contexto, premiar a determinados cuadros con categorías superiores y sueldos más altos mientras el organismo enfrenta cuestionamientos de eficiencia y legitimidad agrava el malestar interno.
La decisión de Vázquez parece haber encendido alarmas dentro del oficialismo. En la Casa Rosada ya se discute su futuro, aunque por ahora el escándalo no alcanzó la intensidad política del caso Adorni. Sin embargo, el expediente judicial y la polémica por los ascensos podrían converger en un punto peligroso para el Gobierno: la sospecha de que la nueva administración mantiene, bajo otros nombres, viejas prácticas de poder, información y privilegio.
La situación exige respuestas. ARCA debería explicar con detalle los criterios de cada ascenso, la trayectoria de los beneficiados, los fundamentos técnicos, las calificaciones utilizadas y la existencia o no de vínculos familiares, políticos o funcionales con autoridades actuales. También debería despejar cualquier duda sobre el resguardo de las bases de datos fiscales, la trazabilidad de accesos y la protección de información sensible frente a eventuales usos políticos o de inteligencia.
El caso Vázquez no es apenas una disputa gremial por categorías. Es una prueba de transparencia para un Gobierno que prometió terminar con la opacidad del Estado. Si el titular del organismo recaudador no puede explicar su patrimonio, sus decisiones internas y sus vínculos históricos, la crisis deja de ser administrativa y pasa a ser política.
En definitiva, ARCA quedó atrapada entre el discurso de la eficiencia y las sospechas de siempre: ascensos selectivos, amigos del poder, causas judiciales dormidas, operadores silenciosos y una base de datos que vale oro. Para una administración que se presenta como enemiga de la casta, el caso Vázquez es otro recordatorio incómodo de que la verdadera limpieza del Estado no se declama: se demuestra.
