Madrid, 3 de junio de 2026-Total News Agency-TNA-La empresaria Carmen Pano, una de las testigos clave en la trama que salpica al entorno del ex ministro socialista José Luis Ábalos y de su ex asesor Koldo García, aseguró ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que recibió ofertas económicas para modificar su declaración sobre la presunta entrega de dinero en efectivo en la sede del PSOE, ubicada en la calle Ferraz, en Madrid.
Según consta en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la empresaria afirmó que la propuesta habría podido alcanzar los 250.000 euros, además del pago del alquiler de su vivienda durante varios años, los gastos de la boda de su hija y la compra de un vehículo. El objetivo, siempre de acuerdo con su testimonio ante los agentes, habría sido alterar su versión judicial para perjudicar al empresario Víctor de Aldama y, en sus propias palabras, “salvar el culo a Ábalos y a Koldo”.
La declaración de Pano agrega un capítulo de alto voltaje político y judicial al caso que golpea al socialismo español. La empresaria ya había sostenido en distintas sedes judiciales que entregó hasta 90.000 euros en efectivo en la sede nacional del PSOE, en dos pagos de 45.000 euros, por indicación de Víctor de Aldama. Esa versión, que fue ratificada ante el Tribunal Supremo, colocó a Ferraz en el centro de una investigación cada vez más incómoda para el partido de Pedro Sánchez.
El nuevo elemento es la supuesta maniobra para condicionar su testimonio. Pano atribuyó las presiones a “gente del partido, gente del PSOE”, según figura en el atestado policial. En su declaración ante la UCO, relató varias reuniones mantenidas en el despacho de Leticia de la Hoz, abogada vinculada al entorno de Koldo García, con integrantes de su equipo. En esos encuentros, siempre según su versión, se habrían explorado distintas fórmulas para canalizar pagos mediante contratos laborales, encargos de intermediación o supuestos servicios profesionales.
La empresaria sostuvo que la finalidad era que, en futuras declaraciones, evitara hablar de entregas de dinero en efectivo en Ferraz y centrara su relato en Víctor de Aldama, limitando las referencias a documentación o gestiones vinculadas al empresario. Esa eventual modificación habría tenido un efecto político evidente: alejar el foco del PSOE, de Ábalos y de Koldo García, y concentrar la responsabilidad en el comisionista de la trama.
De acuerdo con el relato incorporado al sumario, Pano no llegó a aceptar ni recibir cantidad alguna. La empresaria aseguró que rechazó la propuesta por recomendación de su abogado, el ex juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, quien habría aconsejado no entrar en ninguna operación que pudiera comprometer su posición procesal.
La defensa de Leticia de la Hoz negó de manera tajante cualquier intento de soborno o presión. La letrada presentó documentación, mensajes y una cronología ante la UCO para sostener que sus contactos con Pano estuvieron vinculados a una operación empresarial del sector de hidrocarburos y no a una maniobra destinada a cambiar su declaración sobre Ferraz. Según esa versión, el conflicto con la empresaria se habría originado por una propuesta comercial rechazada al detectarse posibles irregularidades fiscales.
La contradicción entre ambas versiones deja en manos de la UCO y del juez Pedraz una tarea clave: determinar si existió una operación para comprar el silencio o modificar el testimonio de una testigo relevante, o si la denuncia forma parte de una guerra de versiones dentro de una causa que ya mezcla política, negocios, intermediarios, abogados y acusaciones cruzadas.
El caso se produce en un momento de máxima presión sobre el PSOE. La investigación conocida como derivación del caso Koldo y del llamado caso Leire Díez apunta a presuntas maniobras para influir en causas judiciales sensibles, desacreditar a investigadores, condicionar testimonios o proteger intereses políticos vinculados al entorno del Gobierno. En ese marco, el testimonio de Carmen Pano se vuelve especialmente delicado, porque conecta la presunta circulación de dinero en efectivo con la sede oficial del partido gobernante.
La figura de José Luis Ábalos sigue siendo central. El ex ministro de Transportes, que fue uno de los hombres fuertes del sanchismo, quedó apartado del PSOE y bajo investigación por las derivaciones de la trama de las mascarillas y los vínculos con Koldo García. Para Ferraz, el caso es un problema de enorme gravedad: no sólo por las imputaciones judiciales, sino porque afecta el relato de regeneración institucional que Pedro Sánchez utilizó durante años para confrontar con la derecha española.
El nombre de Koldo García también aparece como eje del expediente. Ex asesor de confianza de Ábalos, su figura se convirtió en símbolo de una trama de intermediaciones, contratos públicos, comisiones y presuntas redes de influencia que terminaron golpeando al corazón del oficialismo. La presunta oferta a Pano, de confirmarse, agregaría un elemento todavía más grave: la posible intención de interferir sobre una testigo para proteger a dirigentes o ex dirigentes socialistas.
La UCO trabaja sobre una hipótesis de alcance mayor. Los investigadores analizan si existió una estructura destinada a neutralizar causas judiciales que afectaban al entorno del PSOE y del Gobierno. En ese entramado aparecen nombres como Leire Díez, ex militante socialista señalada como presunta “fontanera” del partido, y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, cuya figura también quedó bajo escrutinio en las investigaciones que avanzan en la Audiencia Nacional.
El impacto político es inevitable. Mientras el oficialismo español intenta circunscribir responsabilidades y despegar al presidente Pedro Sánchez de las maniobras investigadas, la oposición observa en el expediente una confirmación de que el caso no se limita a desvíos administrativos o negocios opacos, sino que podría involucrar intentos de presión sobre testigos, manipulación de relatos judiciales y protección política de ex altos cargos socialistas.
El punto más explosivo sigue siendo Ferraz. La sede nacional del PSOE no es un domicilio cualquiera: es el corazón operativo del partido que gobierna España. Por eso, cada referencia a entregas de dinero en efectivo en ese edificio tiene un efecto político multiplicador. Pano asegura que llevó dinero allí. Aldama niega aspectos centrales de esa versión. Las defensas rechazan las acusaciones. Pero la causa sigue avanzando y el sumario incorpora nuevos elementos que complican el escenario.
La declaración ante la UCO también revela el valor estratégico que los investigadores asignan al testimonio de Pano. Si su versión se mantiene, puede sostener una línea de investigación sobre pagos en efectivo, intermediaciones y posibles maniobras de encubrimiento. Si se derrumba, la defensa de los implicados tendrá un argumento fuerte para desacreditar una de las piezas más sensibles del caso.
Por ahora, la causa continúa abierta y con múltiples frentes. El juez Santiago Pedraz busca ordenar un expediente que crece en ramificaciones y que conecta el caso Koldo, la trama de hidrocarburos, las declaraciones de Víctor de Aldama, las acusaciones sobre Ferraz y las presuntas maniobras atribuidas al entorno socialista para condicionar investigaciones.
Para el PSOE, el problema ya no es únicamente judicial. Es político, institucional y moral. La imagen de una empresaria declarando ante la Guardia Civil que le ofrecieron dinero, alquiler, gastos familiares y un vehículo para modificar su versión sobre entregas de efectivo en Ferraz instala una escena demoledora para el Gobierno de Pedro Sánchez. Incluso antes de que la Justicia determine responsabilidades, el daño político ya está en marcha.
