Por Daniel Romero
Buenos Aires – 10 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La adhesión de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la llamada Ley de Inocencia Fiscal abrió una discusión que excede largamente el plano tributario. El problema ya no es sólo si el jefe de Gabinete puede acogerse legalmente al sistema. El verdadero tema es ético, político e institucional: si un funcionario de semejante rango, bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, puede utilizar una herramienta que reduce la exposición fiscal justo cuando debe explicar su patrimonio ante la sociedad, la Oficina Anticorrupción y la Justicia.
En principio, la ley no prohíbe de manera expresa que ministros, secretarios de Estado, legisladores o funcionarios públicos adhieran al régimen. Los requisitos son patrimoniales, fiscales y de categoría tributaria. No aparecen redactados en función del cargo público. Por eso, desde una lectura estrictamente legal, Adorni podría ingresar si cumple las condiciones fijadas por la normativa.
Pero ahí termina la siniestra coartada formal. Porque una cosa es poder adherir legalmente a un régimen tributario y otra muy distinta es poder justificar políticamente su utilización cuando el funcionario enfrenta cuestionamientos por propiedades, viajes, préstamos, refacciones millonarias, pagos en efectivo y movimientos patrimoniales todavía pendientes de explicación pública.
La Ley 27.799 y el Decreto 93/2026 habilitaron un régimen simplificado para personas humanas y sucesiones indivisas residentes que cumplan ciertos parámetros de ingresos y patrimonio. Según la propia reglamentación, la presentación y pago de la declaración precargada por ARCA pueden producir un efecto liberatorio respecto del período fiscal adherido y activar una presunción de exactitud sobre declaraciones de Ganancias e IVA, salvo discrepancias significativas.
Eso puede ser presentado como simplificación administrativa para un contribuyente común. Para un jefe de Gabinete investigado, en cambio, se convierte en un problema político monumental. Porque el régimen simplificado puede reducir la información fiscal disponible sobre consumos personales, variaciones patrimoniales y origen de fondos, pero no reemplaza las declaraciones juradas patrimoniales ni bloquea investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, negociaciones incompatibles, corrupción o violaciones a la Ley de Ética Pública.
En otras palabras: Adorni puede intentar refugiarse en la legalidad tributaria, pero no puede esconderse detrás de ella. La adhesión no borra las causas penales, no cancela la obligación de explicar el origen de los bienes, no impide que un fiscal pida escrituras, contratos, movimientos bancarios, préstamos, transferencias o documentación respaldatoria. Tampoco elimina la obligación de presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
La decisión es, además de una canallada política, una estupidez estratégica. No sólo porque expone más a Adorni, sino porque embarra al presidente Javier Milei, que toleró que su jefe de Gabinete ingresara a un régimen diseñado —al menos en el discurso oficial— para aliviar a contribuyentes y no para que funcionarios bajo sospecha intenten ganar opacidad en medio de una investigación.
Se supone que la Inocencia Fiscal no fue creada para que “safen” funcionarios. Se supone. Pero la política argentina suele convertir las herramientas generales en refugios particulares. Y cuando eso ocurre, la letra de la ley puede quedar intacta, pero la autoridad moral del Gobierno se deteriora.
El caso es especialmente sensible porque Adorni y Angeletti son investigados en medio de denuncias sobre un incremento patrimonial que todavía requiere explicación completa. Entre los puntos más controvertidos aparecen refacciones por unos 245.000 dólares que, según declaró un contratista en la causa, habrían sido abonadas en efectivo y sin factura. Ese dato no queda mágicamente cubierto por un régimen simplificado de Ganancias. Si la Justicia investiga el origen de esos fondos, el régimen fiscal no funciona como escudo penal. Con esa accion, Adorni cometio un delito.
También se cuestionan operaciones inmobiliarias, préstamos privados, pagos en dólares, viajes al exterior y una declaración jurada que llegó demorada en plena prórroga general dispuesta para los funcionarios públicos. La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales anuales, una decisión que políticamente impactó de lleno sobre el caso del jefe de Gabinete.
El Gobierno intenta reducir el tema a una discusión técnica. Pero la discusión real es otra: si quienes manejan el Estado pueden utilizar mecanismos de menor exposición patrimonial mientras le exigen sacrificios, ajustes y transparencia al resto de la sociedad.
Este tipo de episodios explica, además, por qué Axel Kicillof salió a defender a Cristina Fernández de Kirchner y a denunciar una supuesta persecución judicial contra la ex presidente condenada en la causa Vialidad. El gobernador bonaerense mira el deterioro moral del Gobierno y encuentra una oportunidad política rumbo a 2027. Busca armonizar su relación con el kirchnerismo, contener a La Cámpora y reconstruir un relato de oposición sobre una idea brutalmente simple: si este Gobierno se hunde en la misma decadencia ética que criticaba, ¿por qué el peronismo no podría volver, si siempre repartimos mas plata?
El razonamiento, aunque cínico, es políticamente eficaz. Kicillof puede pensar que si el oficialismo libertario exhibe causas patrimoniales, funcionarios bajo sospecha, declaraciones juradas demoradas y adhesiones discutibles a regímenes fiscales, el kirchnerismo tiene margen para reciclar su viejo argumento: “todos son iguales, pero nosotros repartimos más plata”.
Ahí aparece el verdadero daño institucional. Porque la conducta de Adorni no sólo lo complica a él. Le regala al kirchnerismo una coartada. Le permite a Kicillof defender a una condenada por corrupción como si la decadencia ajena absolviera la propia. Le permite al peronismo mirar al Gobierno y decir: ustedes también.
La sociedad argentina queda atrapada, otra vez, entre facciones que se acusan de corrupción mientras normalizan sus propias zonas oscuras. De un lado, el kirchnerismo que sigue llamando persecución a una condena firme. Del otro, un Gobierno que prometió una revolución moral y ahora permite que su jefe de Gabinete se adhiera a un régimen fiscal cuestionado mientras enfrenta sospechas patrimoniales.
La ironía final es casi obscena. A esta altura, quizás sería más barato contratar en Suiza o en Países Bajos a un presidente profesional y a un gabinete técnico completo. Si se le pagaran 5 millones de euros por mes al presidente y 3 millones de euros mensuales a cada uno de 20 ministros, el costo anual sería de 780 millones de euros. Una cifra disparatada para cualquier país normal, pero que en la Argentina podría empezar a parecer económica frente al costo acumulado de la ineptitud, la corrupción, la opacidad y los privilegios de una dirigencia que hace décadas administra frustraciones.
La comparación es brutal, pero sirve para ilustrar el hartazgo. La Argentina paga demasiado por funcionarios que prometen transparencia y terminan discutiendo cómo reducir el escrutinio sobre su patrimonio. Paga demasiado por dirigentes que denuncian privilegios ajenos mientras protegen los propios. Paga demasiado por gobiernos que llegan en nombre de la ética y se empantanan en las mismas prácticas que juraron combatir.
Adorni está en problemas. Y lo que hizo, convalidado políticamente por un Presidente que no puede mirar para otro lado, no sólo lo expone más: agrava el daño, lo ensucia. Las causas penales continuarán. La Justicia podrá seguir investigando. La Oficina Anticorrupción deberá analizar sus declaraciones. Los fiscales podrán requerir documentación. Y cada movimiento defensivo que parezca pensado para reducir transparencia terminará alimentando la sospecha.
La Inocencia Fiscal podrá ofrecer un alivio tributario. No ofrece inocencia política y penal. Menos aún inocencia moral.
Y esa es la peor noticia para el Gobierno: la sociedad puede tolerar errores, impericia o improvisación. Lo que difícilmente perdone es que quienes llegaron al poder prometiendo terminar con la casta descubran, demasiado rápido, los beneficios de comportarse como ella.
