Buenos Aires – 19 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. En pleno Mundial de fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino volvió a recibir una señal favorable desde los tribunales y desde el propio entramado político-judicial que rodea al Gobierno nacional. Un fallo de la Cámara Nacional en lo Civil avaló el traslado de la sede de la AFA a Pilar, anuló la designación de veedores del Ministerio de Justicia y dejó a la entidad que conducen Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino fuera del control histórico de la Inspección General de Justicia.
La decisión vuelve a instalar una pregunta incómoda para la administración de Javier Milei: ¿por qué el Gobierno termina protegiendo a la AFA y a sus principales dirigentes, Tapia y Toviggino, cuando ambos aparecen rodeados de investigaciones, sospechas patrimoniales y denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del fútbol argentino?
El interrogante no es menor. La protección institucional o judicial a la cúpula de la AFA no sólo debilita el discurso oficial contra “la casta”, sino que genera descrédito público y deja al Gobierno asociado —por acción, omisión o conveniencia— a la corrupción en el fútbol.
El fallo que favoreció a la entidad madre del fútbol argentino fue dictado por la Sala D de la Cámara Civil, integrada por los jueces Gabriel Rolleri, Juan Manuel Converset y Maximiliano Caia. La resolución convalidó el cambio de domicilio de la AFA a Pilar, bajo jurisdicción bonaerense, y declaró nula la resolución del Ministerio de Justicia que había designado veedores para revisar la documentación y los balances cuestionados de la institución.
La consecuencia práctica es decisiva: la AFA deja de estar bajo la órbita directa de la IGJ, que durante años fue el organismo de control natural por tener la entidad su sede en la Ciudad de Buenos Aires, y pasa a quedar bajo un esquema de supervisión mucho más favorable para la conducción de Tapia y Toviggino.
El antecedente tampoco es inocente. La misma Sala D ya había convalidado la reelección de Chiqui Tapia hasta diciembre de 2028, en una asamblea fuertemente cuestionada. Ahora, con el Mundial en marcha y el foco de la opinión pública puesto en la Selección, el tribunal volvió a emitir una decisión que favorece a la estructura dirigencial de la AFA.
El caso se agrava por los vínculos que rodean al propio ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según la información disponible, para una vacante en esa misma Cámara Civil ya fue elegido Agustín Raúl Rubiero, fiscal laboral y exintegrante del Tribunal de Disciplina de la AFA, quien quedó en el puesto 22 de la lista de mérito del concurso del Consejo de la Magistratura, pero fue impulsado para ocupar un lugar estratégico en el tribunal.
Rubiero no es un nombre neutral dentro de esta trama. Su paso por el sistema disciplinario de la AFA y su cercanía con el ministro Mahiques alimentan las sospechas sobre un nuevo blindaje judicial para la conducción del fútbol argentino. En otras palabras: el tribunal que acaba de favorecer a la AFA podría completarse con un exjuez disciplinario de la propia entidad.
El vínculo de la familia Mahiques con el universo del fútbol tampoco es nuevo. Juan Bautista Mahiques integró ámbitos vinculados a la FIFA y la Conmebol, fue presentado en su momento dentro de la estructura académica de la Universidad de la AFA, y su hermano Esteban Mahiques formó parte del Tribunal de Disciplina de la entidad hasta que una acordada de la Corte Suprema obligó a magistrados y funcionarios judiciales a salir de esos cargos.
En ese mismo proceso también dejaron sus lugares otros jueces y funcionarios que integraban tribunales internos de la AFA, como ocurrió tras el pronunciamiento de la Corte que apuntó a evitar la superposición entre funciones judiciales y cargos dentro de asociaciones privadas con intereses litigiosos.
La trama judicial ya había mostrado señales preocupantes con la causa por la mansión de Pilar, valuada en alrededor de 17 millones de dólares y atribuida a Pablo Toviggino. Ese expediente había estado en manos del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, pero luego fue derivado al juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, considerado cercano a la cúpula de la AFA.
La maniobra fue avalada por el camarista federal Alberto Lugones, quien sostuvo que la investigación debía tramitar en jurisdicción bonaerense porque la propiedad estaba ubicada en Pilar. Para reforzar ese criterio, Lugones también dio por válido el traslado de la sede legal de la AFA a esa localidad, pese a que en ese momento la IGJ aún desconocía la mudanza y el predio señalado era, según las denuncias, un terreno sin condiciones reales para funcionar como sede institucional.
El expediente de la mansión se convirtió en uno de los capítulos más sensibles del llamado escándalo AFA. La investigación apunta a determinar si existió una estructura patrimonial vinculada a la conducción de la entidad, con bienes de alto valor, movimientos de dinero y presuntas maniobras de administración fraudulenta.
En paralelo, la AFA también quedó bajo la lupa por sus balances, contratos comerciales y eventuales operaciones con empresas cuestionadas. La designación de veedores desde el Ministerio de Justicia había sido presentada como una respuesta institucional frente a esas sospechas, pero el fallo de la Cámara Civil frenó ese camino y devolvió aire a la conducción de Tapia y Toviggino.
Allí aparece la contradicción central del Gobierno. Milei construyó parte de su relato político enfrentando a la dirigencia tradicional, prometiendo transparencia y denunciando privilegios corporativos. Sin embargo, cuando se trata de la AFA, el poder real parece moverse en otra dirección: los controles se diluyen, los expedientes se frenan o cambian de jurisdicción, y los nombres cercanos al fútbol aparecen en lugares clave del sistema judicial.
La designación de Mahiques al frente de Justicia ya había generado ruido por sus antecedentes y vínculos con el universo AFA. Su intervención en el área que debía controlar a la entidad presidida por Tapia quedó desde el inicio bajo sospecha. Primero desplazó a Daniel Vítolo, un especialista en derecho societario que mantenía una posición dura frente a la AFA, y luego se movieron piezas que terminaron debilitando el ritmo de los controles.
Aunque desde el Gobierno se anunció que el fallo será apelado mediante un recurso extraordinario federal, la señal política ya quedó emitida: mientras públicamente se habla de auditorías, en los hechos la AFA obtiene fallos, demoras y cambios de jurisdicción que favorecen a su conducción.
Por eso, el caso excede largamente una disputa administrativa por el domicilio legal de una asociación civil. Lo que está en juego es si el Estado nacional tiene voluntad real de investigar a fondo a la cúpula del fútbol argentino o si, bajo el ruido del Mundial y la pasión popular por la Selección, se consolida un pacto de impunidad para que Tapia y Toviggino sigan manejando la AFA sin controles efectivos.
En ese escenario, el Gobierno corre un riesgo político evidente: quedar pegado al descrédito de una dirigencia futbolística cuestionada y aparecer como garante de una estructura a la que, al menos en el discurso, decía combatir. La pregunta sigue abierta y cada vez pesa más: ¿por qué el poder político protege a la AFA justo cuando más debería investigarla?
