Buenos Aires – 24 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El intento del oficialismo por sacar a Manuel Adorni del centro de la escena parlamentaria terminó derivando en otro capítulo de desorden interno en La Libertad Avanza. Después de que Patricia Bullrich resolviera suspender el informe de gestión que el jefe de Gabinete debía brindar el 2 de julio ante el Senado, el propio funcionario salió a publicar en redes que estaba dispuesto a asistir al Congreso, en un mensaje que fue leído en distintos despachos como una nueva burla política frente a una crisis institucional que el Gobierno no logra cerrar.
La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta decidió cancelar la presentación para evitar que el informe mensual previsto por la Constitución Nacional se transformara en una interpelación pública por el escándalo patrimonial que rodea a Adorni. Según confirmó Bullrich, no tenía sentido exponerlo durante horas ante senadores que, más que consultar sobre la gestión, pretendían interrogarlo por la causa judicial que investiga su presunto enriquecimiento ilícito.
Pero lejos de acompañar en silencio la estrategia de contención diseñada por el oficialismo, Adorni publicó en X que estaba “a disposición” para presentarse el 2 de julio ante el Honorable Senado de la Nación. La frase, coronada con su habitual “Fin”, volvió a mostrar el tono provocador del funcionario y profundizó el malestar interno, ya que la decisión de suspender su visita había sido presentada como parte de una maniobra de protección política.
La escena dejó expuesta una contradicción central: mientras Bullrich intentaba evitar que el Senado convirtiera el informe de gestión en un juicio político informal, Adorni buscó mostrarse como un funcionario dispuesto a dar explicaciones. En los hechos, el resultado fue el contrario. El jefe de Gabinete apareció otra vez jugando con los tiempos del Congreso y con una crisis que ya erosionó el discurso anticasta y anticorrupción del Gobierno de Javier Milei.
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, en forma alternada entre ambas Cámaras, para informar sobre la marcha del Gobierno. La misma norma habilita su interpelación para una moción de censura y eventual remoción por decisión parlamentaria.
La ofensiva contra Adorni se explica por la investigación judicial abierta tras las inconsistencias detectadas en su patrimonio. El funcionario admitió haber mantenido fuera del circuito fiscal alrededor de 500.000 dólares, que atribuyó a inversiones en criptomonedas realizadas antes de su llegada al Gobierno. Esa explicación agravó el conflicto, porque la oposición sostiene que el jefe de Gabinete había dado antes respuestas incompletas o falsas ante el Congreso.
El problema ya le costó parte de su centralidad política. Días atrás, el presidente Javier Milei decidió reemplazarlo como portavoz presidencial por Adrián Ravier, aunque lo mantuvo como jefe de Gabinete. La salida de la vocería fue interpretada como un intento de separar la comunicación oficial de un funcionario debilitado por el expediente judicial y por el desgaste público del caso.
En paralelo, el oficialismo también consiguió una tregua parcial en Diputados, donde fracasó la sesión impulsada por el peronismo y sectores opositores para avanzar con la interpelación y la moción de censura. La convocatoria cayó por falta de quórum: la oposición reunió 117 diputados, doce menos de los necesarios para abrir la sesión. El PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas no bajaron al recinto, aunque mantienen abierta la posibilidad de discutir el tema en comisión.
Esa conducta refleja el dilema de los aliados. No quieren aparecer alineados con el kirchnerismo en una ofensiva parlamentaria, pero tampoco desean cargar con el costo de convertirse en los salvadores de Adorni. En ese equilibrio, el Gobierno ganó tiempo, aunque no cerró el conflicto. La discusión seguirá en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde los pedidos de interpelación prometen un debate de alto voltaje.
En el Senado, la jugada de Bullrich buscó endurecer las condiciones para habilitar pedidos de interpelación sin dictamen previo. El oficialismo y bloques dialoguistas impulsaron una nueva acta de Labor Parlamentaria para exigir una mayoría agravada en esos casos, una maniobra que el peronismo cuestionará en el recinto.
La crisis, sin embargo, ya excede la discusión reglamentaria. Adorni quedó atrapado entre una investigación judicial, un Congreso que exige explicaciones, aliados que no quieren pagar el costo de blindarlo y un oficialismo que no logra ordenar su propia defensa. Su mensaje en redes, después de que le bajaran la presentación en el Senado, volvió a instalar la misma pregunta: si realmente está dispuesto a rendir cuentas, por qué el Gobierno necesita impedir que el Congreso lo interrogue.
