Madrid – 24 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La investigación judicial que acorrala al ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero sumó una nueva derivación internacional. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional apunta ahora a un presunto cobro de 200.000 euros vinculado a gestiones realizadas a favor del Grupo Gloria, un poderoso conglomerado peruano con intereses en Bolivia, para intentar influir ante autoridades de ese país en litigios millonarios.
Según la información publicada por medios españoles, los investigadores sostienen que Zapatero habría cobrado esa suma a cambio de “mediar o influir” ante la administración pública boliviana con el objetivo de favorecer al grupo empresarial en disputas económicas que podían derivar en sanciones de gran magnitud. La sospecha central de la UDEF es que el dinero no habría sido presentado como una comisión política o una gestión de lobby, sino canalizado mediante una estructura societaria destinada a revestirlo de apariencia legal.
El nuevo informe fue remitido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, instructor de una causa que ya investiga al ex líder del PSOE por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal en el marco del caso Plus Ultra. La línea boliviana amplía el mapa de relaciones bajo sospecha y refuerza la hipótesis de los investigadores: que el ex presidente habría utilizado su peso político internacional, sus contactos en América Latina y sociedades interpuestas para beneficiar a terceros a cambio de pagos.
El eje de esta nueva derivación es el Grupo Gloria, conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios en alimentos, lácteos, cemento y otros sectores en varios países de la región. En Bolivia, el grupo está asociado a operaciones de gran peso económico, entre ellas PIL Andina, una de las principales compañías del sector lácteo boliviano. También ha tenido presencia en otros rubros estratégicos, lo que explica la importancia de sus vínculos con gobiernos y administraciones públicas.
De acuerdo con la reconstrucción policial difundida en España, la presunta intervención de Zapatero habría estado orientada a destrabar o aliviar un conflicto económico del grupo ante el Estado boliviano. La UDEF considera que el ex mandatario pudo haber actuado como intermediario de lujo, no desde una función diplomática formal ni desde una representación institucional española, sino desde su red privada de influencia construida durante años de cercanía con gobiernos latinoamericanos.
La gravedad política del caso reside precisamente allí. Zapatero no es un consultor cualquiera. Fue presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011, secretario general del PSOE y una figura con llegada directa a gobiernos de la región, especialmente a administraciones de izquierda o nacional-populares. Esa red, que durante años fue presentada como capital político y diplomático, aparece ahora bajo la lupa judicial como posible plataforma para negocios privados.
La nueva pista se suma a la causa principal del caso Plus Ultra, en la que el juez Calama mantiene investigado a Zapatero tras una declaración considerada exigente por fuentes judiciales. El magistrado entendió que aún existen indicios suficientes para seguir adelante con las pesquisas, entre ellos transferencias bancarias, comunicaciones recuperadas de dispositivos electrónicos, pagos canalizados a través de sociedades y documentación incautada en registros ordenados por la Audiencia Nacional.
En ese expediente también fueron incorporadas al círculo de investigación las hijas del ex presidente, Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa, así como su secretaria, Gertrudis Alcázar. La empresa de las hijas, What the Fav, aparece bajo análisis por supuestos trabajos y cobros vinculados al entorno económico del ex mandatario. Para los investigadores, esas sociedades podrían haber servido para articular pagos y justificar ingresos que aún deben ser explicados.
La defensa de Zapatero sostiene que los cobros cuestionados corresponden a trabajos de consultoría, asesoramiento internacional y elaboración de informes. El ex presidente niega haber influido ilegalmente en decisiones públicas y rechaza que su actividad privada posterior a La Moncloa haya encubierto comisiones o tráfico de influencias. Sin embargo, los investigadores consideran que la documentación reunida todavía no permite cerrar la causa ni descartar la existencia de una estructura organizada para canalizar beneficios económicos.
El caso también compromete al PSOE y al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un momento de máxima presión política. Las investigaciones sobre Zapatero, los expedientes que afectan al entorno familiar de Sánchez, la condena contra José Luis Ábalos y el avance de causas vinculadas a rescates públicos y contratos estatales han instalado una crisis de credibilidad que ya no puede ser reducida a episodios aislados.
La aparición de Bolivia en el expediente agrega un componente geopolítico sensible. Zapatero mantuvo durante años una relación fluida con gobiernos latinoamericanos y fue un actor frecuente en gestiones políticas regionales, especialmente en Venezuela. La sospecha de que parte de esa influencia pudo haber sido utilizada para favorecer a un grupo privado ante un Estado extranjero convierte el caso en algo más que un problema judicial español: lo transforma en una investigación sobre la frontera entre diplomacia informal, lobby internacional y negocios particulares.
La UDEF intenta determinar si los 200.000 euros fueron una remuneración real por servicios profesionales verificables o una comisión encubierta por intermediación política. También busca establecer qué empresa canalizó los fondos, qué documentación respaldó el pago, quiénes participaron de la gestión y si existieron contactos concretos con autoridades bolivianas para incidir en decisiones administrativas o sancionatorias.
El informe policial no equivale a una condena, pero sí representa un nuevo golpe para el ex presidente socialista. Cada derivación conocida amplía el perímetro de sospecha y consolida la idea de que el caso Plus Ultra puede ser apenas una puerta de entrada a una trama más extensa, con operaciones en España, Venezuela, Perú, Bolivia y otros puntos de América Latina.
En términos políticos, el expediente deja una pregunta de fondo: si un ex jefe de Gobierno convirtió sus contactos internacionales en un negocio privado, el problema no se limita al patrimonio de Zapatero, sino al uso posterior del poder acumulado desde el Estado. La investigación deberá probar si hubo delito, pero el deterioro institucional ya está instalado.
Para Sánchez, el caso llega en el peor momento. Sus socios parlamentarios exigen explicaciones, la oposición habla de un sistema de corrupción alrededor del socialismo y el PSOE intenta separar las causas judiciales de la continuidad del Gobierno. Pero el avance sobre Zapatero, símbolo histórico del partido, golpea en una zona especialmente sensible: la de los ex presidentes que conservaron influencia política, contactos internacionales y capacidad de intermediación mucho después de dejar el poder.
La causa sigue en fase de instrucción. La Audiencia Nacional deberá determinar si los pagos detectados fueron honorarios legítimos, comisiones por influencia o parte de una red de blanqueo. Mientras tanto, la figura de Zapatero queda cada vez más lejos del perfil de mediador internacional que cultivó durante años y más cerca del centro de una investigación que amenaza con revelar cómo operaban ciertas redes políticas y empresariales en la sombra.
