Madrid – 24 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La crisis política en España sumó este miércoles un nuevo punto de quiebre cuando Junts per Catalunya, uno de los socios que permitió la investidura de Pedro Sánchez en 2023, reclamó públicamente que el presidente del Gobierno abandone el cargo y habilite al Congreso de los Diputados a elegir otro jefe del Ejecutivo para intentar salvar la legislatura.
La exigencia fue formulada por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, durante la comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja, convocada para dar explicaciones por los casos judiciales que afectan al PSOE, a su entorno político y a miembros de su familia. El mensaje de los independentistas catalanes fue directo: el problema ya no sería solamente la continuidad del Gobierno, sino la permanencia personal de Sánchez al frente de un Ejecutivo cada vez más debilitado.
“Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, sostuvo Nogueras, en una intervención que dejó expuesta la fragilidad de la mayoría parlamentaria que sostiene a La Moncloa. La dirigente independentista acusó al presidente de no tener “mayoría ni legitimidad” para seguir ocupando el poder y advirtió que “todo no puede quedar paralizado por una persona”.
La frase más dura llegó cuando Nogueras apeló a una fórmula de alto voltaje político: “A veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”. En el contexto español, la metáfora apuntó directamente a la idea de que la legislatura, construida sobre pactos de supervivencia con fuerzas nacionalistas e independentistas, no puede quedar rehén de la crisis personal y judicial que rodea al presidente.
Sánchez compareció ante el Congreso en medio de una sucesión de investigaciones y condenas que golpean el núcleo del socialismo español. El telón de fondo fue la condena del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, figura clave del PSOE y antiguo hombre fuerte del propio Sánchez, a 24 años y tres meses de prisión por el caso de las mascarillas. Su exasesor Koldo García recibió una pena de 19 años y ocho meses, en una resolución que agravó el deterioro político del oficialismo.
El presidente intentó contener el daño con un discurso defensivo. Reconoció que el debate público quedó atravesado por “noticias judiciales”, pero sostuvo que sus adversarios buscan instalar la idea de una corrupción generalizada que, según él, no existe. También negó que el PSOE se haya financiado irregularmente y afirmó que quienes se beneficiaron de prácticas corruptas lo hicieron a título personal y en perjuicio del partido.
Sin embargo, el argumento no logró recomponer la confianza de sus socios. ERC, Podemos, Junts y otros bloques que hicieron posible la investidura elevaron el tono de sus reproches. El portavoz republicano Gabriel Rufián formuló una pregunta que resumió el clima de sospecha: “¿Ustedes han robado?”. Luego agregó otra cuestión aún más incómoda para el presidente: si en el PSOE sabían lo que ocurría alrededor de Ábalos y Koldo García.
Desde Podemos, Ione Belarra fue todavía más dura y le advirtió a Sánchez que cada minuto que permanece en el cargo termina sumando votos al PP y a Vox. Su diagnóstico fue tajante: el ciclo político del presidente estaría terminado. La intervención reflejó el temor de parte de la izquierda española a que la continuidad de Sánchez, lejos de frenar a la derecha, termine facilitando su regreso al poder.
El PNV evitó sumarse a una exigencia explícita de elecciones anticipadas, pero marcó distancia. Maribel Vaquero subrayó que su partido no está en el Congreso para salvar a ningún Gobierno español, sino para representar a Euskadi. El mensaje, aunque menos frontal que el de Junts, confirmó que el bloque de investidura ya no opera como una mayoría disciplinada, sino como una alianza incómoda que empieza a medir costos propios.
La oposición conservadora aprovechó la debilidad del Ejecutivo. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de ser el “nexo político corruptor” de las tramas que afectan al socialismo y reclamó elecciones. También insinuó que presentaría una moción de censura si contara con los votos necesarios, aunque por ahora esa vía depende de un eventual apoyo de Junts y del PNV, que no se ha materializado.
La situación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente, añadió presión a la jornada. Fue citada para entregar su pasaporte como medida cautelar en la causa que enfrenta por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida. Sánchez la defendió ante los diputados y aseguró que las acusaciones contra ella y contra su hermano David Sánchez forman parte de un patrón de acoso político y judicial.
El presidente también negó trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defendió al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo entorno aparece mencionado en distintas derivaciones políticas y mediáticas. Para Sánchez, se trata de una operación destinada a mezclar asuntos judiciales diferentes para confundir a la opinión pública y debilitar al Gobierno.
Pero la jornada dejó una conclusión política difícil de disimular: el cerco sobre Sánchez ya no proviene solo del PP y de Vox. Ahora son sus propios socios de investidura quienes discuten si el presidente sigue siendo una garantía de estabilidad o se transformó en el principal obstáculo para sostener la legislatura.
La presión de Junts introduce una salida inédita: no pide solamente elecciones, sino un relevo dentro del propio Congreso, con otro presidente que pueda negociar una nueva etapa parlamentaria. Esa fórmula busca evitar una convocatoria electoral inmediata, pero al mismo tiempo exige el sacrificio político de Sánchez.
En términos institucionales, el planteo marca un deterioro profundo de la autoridad presidencial. El hombre que llegó a La Moncloa apoyado en una coalición heterogénea de socialistas, izquierda, nacionalistas e independentistas enfrenta ahora el riesgo de que esa misma arquitectura parlamentaria intente reemplazarlo sin pasar por las urnas.
La comparecencia que debía servir para dar explicaciones terminó mostrando un Gobierno más aislado, un PSOE golpeado por condenas y causas judiciales, y una legislatura sostenida por socios que ya no ocultan su hartazgo. Sánchez respondió con una pregunta retórica —“¿cómo no vamos a continuar?”—, pero el Congreso le devolvió otra: con qué mayoría, con qué autoridad y a qué costo político.
