Lima – 24 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. Keiko Fujimori quedó este miércoles a las puertas de convertirse en la próxima presidenta de Perú, luego de consolidar una ventaja de más de 44.000 votos sobre el candidato izquierdista Roberto Sánchez en una de las segundas vueltas más ajustadas de la historia reciente del país andino.
Con el 99,870% de las actas escrutadas, la candidata de Fuerza Popular alcanzaba 9.207.625 votos, equivalentes al 50,120%, frente a 9.163.516 sufragios para Sánchez, que obtenía el 49,880%, según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La diferencia de 44.109 votos se mantenía cuando apenas quedaban 121 actas pendientes de resolución y remisión por parte de los organismos electorales.
Aunque la proclamación oficial todavía depende de la resolución de actas observadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) y del cierre definitivo del cómputo, la ventaja de Fujimori aparece como matemáticamente difícil de revertir. La ONPE informó que incorporará de inmediato las actas pendientes una vez recibidas las resoluciones de los jurados, paso necesario para completar el 100% del proceso.
La agencia Reuters informó que Fujimori ya cuenta con una ventaja considerada insuperable, aunque la autoridad electoral aún no proclamó oficialmente a la ganadora. El resultado mantiene a Perú en vilo después de más de dos semanas de escrutinio, impugnaciones y denuncias cruzadas, en un país acostumbrado a definiciones estrechas y crisis institucionales prolongadas.
La eventual victoria marcaría el regreso del fujimorismo al poder por vía electoral y convertiría a Keiko Fujimori, de 51 años, en la primera mujer elegida presidenta de Perú. Asumiría el 28 de julio, fecha tradicional del traspaso de mando, para iniciar un período de cinco años en un país atravesado por una década de inestabilidad política, con presidentes destituidos, renunciantes o debilitados por enfrentamientos constantes con el Congreso.
La clave del resultado estuvo en el voto exterior. Los sufragios de la diáspora peruana, especialmente en Estados Unidos, terminaron funcionando como un “paracaídas” electoral para Fujimori cuando el recuento ingresó en su etapa final. Ese caudal le permitió ampliar una diferencia que durante días fue mínima y que incluso llegó a oscilar con ventaja parcial de Sánchez en distintos tramos del escrutinio.
Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú y heredero político del sector vinculado al expresidente Pedro Castillo, endureció su discurso y denunció un supuesto “fraude en desarrollo”. El candidato sostuvo que no reconocería un eventual gobierno de Fujimori y convocó a movilizaciones en defensa de lo que definió como la voluntad popular.
Sin embargo, hasta el momento no presentó pruebas públicas que respalden sus acusaciones. Su principal cuestionamiento se centró en el tratamiento de las actas del exterior, que según su versión no habrían sido digitalizadas con la misma velocidad que en la primera vuelta. La autoridad electoral rechazó esas denuncias y un jurado electoral de Lima declaró improcedente una solicitud para anular votos emitidos en el extranjero, por haber sido presentada fuera de plazo y sin cumplir los requisitos correspondientes.
Los observadores internacionales también relativizaron las acusaciones de Sánchez. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea señalaron que no detectaron irregularidades mayores en el proceso y llamaron a mantener la calma hasta la conclusión formal del recuento.
Desde su local partidario en San Isidro, Fujimori rechazó las denuncias de fraude y afirmó que se trata de acusaciones “sin pruebas” orientadas a sembrar dudas sobre el resultado. La dirigente de derecha sostuvo que conoce la experiencia de perder una elección ajustada, en referencia a sus derrotas anteriores, y remarcó que en esas oportunidades terminó reconociendo los resultados.
La candidata llega a este desenlace después de tres derrotas presidenciales consecutivas y con una figura que continúa dividiendo profundamente a la sociedad peruana. Su apellido remite al legado de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, valorado por sectores conservadores por la derrota militar del terrorismo de Sendero Luminoso, pero condenado históricamente por violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y corrupción.
Durante la campaña, Keiko Fujimori reivindicó una agenda de mano dura contra la inseguridad, prometió fortalecer el aparato estatal contra el crimen organizado y planteó la necesidad de recuperar autoridad en un país golpeado por la violencia, la informalidad y el deterioro de sus instituciones. También prometió convocar a técnicos con experiencia para intentar estabilizar un gobierno que nacerá sin margen político amplio.
El desafío será enorme. Perú arrastra una crisis estructural de gobernabilidad, con partidos débiles, un Congreso fragmentado, altos niveles de desconfianza ciudadana y un historial reciente de enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo. Desde 2016, el país vivió sucesivas crisis presidenciales que dejaron una sensación de provisionalidad permanente en el poder.
El margen estrecho del balotaje refuerza ese cuadro. La futura presidenta, si el resultado es proclamado oficialmente, gobernará un país partido prácticamente en dos. Fujimori obtuvo una ventaja suficiente para encaminarse a la victoria, pero no un mandato político amplio. Ese será su primer problema: transformar un triunfo mínimo en autoridad real.
Sánchez, por su parte, enfrenta una decisión crítica. Puede canalizar sus reclamos por la vía institucional o profundizar una estrategia de desconocimiento del resultado que podría trasladar la tensión a las calles. Su llamado a una “resistencia patriótica y popular” anticipa un clima de movilización y polarización que puede condicionar los primeros meses del nuevo gobierno.
El escenario recuerda las tensiones de elecciones anteriores en Perú, donde diferencias ajustadas, pedidos de nulidad y denuncias de fraude prolongaron la incertidumbre. Pero esta vez el fujimorismo aparece del otro lado del resultado: ya no como fuerza denunciante, sino como beneficiaria de una diferencia ajustada que sus adversarios cuestionan.
Si la proclamación confirma la tendencia, Keiko Fujimori asumirá el poder con una misión doble. Deberá demostrar que puede gobernar más allá de su base dura y, al mismo tiempo, convencer a un país desconfiado de que su retorno no implica una repetición de los rasgos más oscuros del fujimorismo histórico.
La elección dejó una señal contundente: Perú no resolvió su fractura política, apenas eligió quién deberá administrarla desde el poder.
