Por Darío Rosatti
Buenos Aires – 25 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. Un expediente reservado en la Justicia Nacional del Trabajo volvió a encender sospechas sobre el funcionamiento interno de un fuero históricamente sensible para el sindicalismo, los grandes gremios y la disputa política por la reforma laboral. El caso involucra al juez Herman Mendel, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 30, quien dejará el cargo el próximo 1° de julio de 2026 por jubilación.
Según información a la que accedió Total News Agency, el magistrado recibió recientemente por un “curioso” sorteo informático el expediente CNT 25804/2026 y dispuso de inmediato su reserva. La medida impide que el contenido de la causa pueda ser consultado por terceros ajenos al trámite, incluido el periodismo, salvo por quienes estén habilitados a intervenir en el expediente.
La reserva de un expediente no es ilegal. Un juez puede disponerla cuando entiende que existen razones procesales, personales, patrimoniales, estratégicas o de protección de datos que justifican limitar el acceso público. Sin embargo, en el fuero laboral no se trata de una herramienta de uso habitual ni inocua. Justamente por eso, su aplicación inmediata en una causa de alto interés político y gremial resulta, como mínimo, llamativa.
El dato cobra mayor relevancia porque, de acuerdo con la información recibida por TNA, en ese expediente habría una presentación vinculada a sectores del universo Moyano y al impacto de la reforma laboral y su implementación. La causa, por estar reservada, no permite verificar desde la consulta pública su objeto exacto, las partes intervinientes ni el contenido de las peticiones. Esa opacidad es precisamente el punto que vuelve políticamente sensible el movimiento.
La pregunta que circula en tribunales es inevitable: por qué una causa de eventual impacto institucional sobre la reforma laboral, el sindicalismo y la aplicación de una ley nacional quedó fuera de la vista pública apenas ingresó al juzgado, sobre todo si aparece involucrado el contravertido universo Moyano. La reserva puede tener fundamento legal, pero también bloquea el control social y periodístico sobre un expediente que, por los nombres mencionados y el contexto político, merece la máxima transparencia.
El otro elemento que alimenta suspicacias es el sorteo. Formalmente, las causas ingresan por sistema informático y son asignadas entre los juzgados competentes. Pero en este caso la coincidencia genera ruido: el expediente habría recaído en el Juzgado N° 30, a cargo de Mendel, en vísperas de su retiro y después de que el mismo magistrado ya dictara decisiones de fuerte impacto contra reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.
En marzo de este año, Mendel hizo lugar a un planteo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y suspendió los efectos del acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquella resolución frenó una parte clave de la arquitectura diseñada por la Ley de Modernización Laboral y fue celebrada por sectores sindicales y críticos del traspaso.
El planteo había sido presentado por el gremio judicial que encabeza Julio Piumato, que cuestionó la constitucionalidad del acuerdo entre el Estado nacional y la Ciudad. La cautelar de Mendel sostuvo que el proceso de transferencia no habría respetado el procedimiento previsto por la Ley Cafiero y que no se había contemplado la intervención de la comisión bicameral correspondiente.
Ese antecedente ubica al juez en el centro de la pulseada por el futuro del fuero laboral. No se trata de un magistrado marginal ni de una causa menor. Mendel intervino en uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno, para los sindicatos y para los empleados judiciales del fuero. Ahora, a pocos días de dejar el cargo, aparece nuevamente asociado a una causa reservada que, según la información conocida, podría tener impacto sobre la implementación de la reforma laboral.
La trayectoria de Mendel también aporta contexto. Antes de llegar a la magistratura, desarrolló una carrera dentro del universo sindical y judicial laboral y fue señalado por distintas fuentes del sector como un hombre con fuerte inserción en el fuero. Públicamente figura como especialista en administración de justicia, docente de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, ex autoridad de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y ex vicepresidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial.
Además, existen antecedentes que lo vinculan al mundo gremial judicial. Información pública y registros históricos lo ubican en espacios de representación o influencia dentro de agrupaciones del Poder Judicial. Ese dato no implica por sí mismo irregularidad alguna, pero sí permite entender por qué sus decisiones son observadas con especial atención cuando los expedientes involucran intereses sindicales o reformas que afectan al fuero laboral.
El nombre de los Moyano agrega otra capa de sensibilidad. Hugo Moyano, Pablo Moyano y el aparato de Camioneros son actores centrales del sindicalismo argentino y han sido protagonistas de múltiples disputas judiciales, gremiales y políticas durante las últimas décadas, incluidas investigaciones inconclusas sobre sus patrimosnios. La familia sindical camionera mantuvo una postura frontal contra las reformas laborales de Milei, y sus referentes cuestionaron tanto los cambios legales como la estrategia de la CGT frente al Gobierno.
En 2024, Pablo Moyano celebró los fallos judiciales que suspendieron artículos laborales del DNU 70/2023. En 2026, volvió a reclamar una ofensiva más dura contra la reforma laboral y sostuvo que la discusión judicial seguía abierta. El espacio camionero también enfrenta tensiones internas y problemas vinculados al “vaciamiento” de su obra social, lo que hace que cualquier expediente laboral de alto impacto pueda tener consecuencias políticas, económicas y sindicales.
La reforma laboral de Milei modificó aspectos centrales del régimen de empleo, despidos, jornada, negociación colectiva y litigiosidad. También incluyó el traspaso progresivo de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad, punto que generó fuerte resistencia dentro del fuero. Para los sindicatos, la reforma recorta derechos; para el Gobierno, busca modernizar un sistema que considera costoso, litigioso y contrario a la generación de empleo.
En ese escenario, la reserva del expediente CNT 25804/2026 aparece como una señal inquietante. No porque la reserva sea ilegal, sino porque su uso inmediato en una causa de presunto contenido gremial y político impide saber quién pidió qué, contra quién, con qué fundamentos y qué decisiones podría adoptar el juez antes de dejar el cargo.
La situación obliga a mirar también a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, responsable del funcionamiento administrativo del fuero y del sistema de asignación de causas. Si el sorteo fue completamente regular, debería poder explicarse sin dificultad. Pero cuando causas sensibles parecen caer en juzgados con antecedentes favorables a determinados planteos gremiales, la transparencia del sistema se vuelve un asunto institucional. En la justicia se habla de una puerta trasera en el sistema de sorteos, tal vez deba haber una investigacion al respecto, dijeron coincidieron fuentes judiciales ante Total News Agency.
El problema no es solamente Mendel. Es el funcionamiento de un fuero que concentra enorme poder sobre el costo laboral argentino, la vida de las empresas, los derechos de los trabajadores y la capacidad de los sindicatos para frenar reformas. La Justicia Laboral decide sobre indemnizaciones, medidas cautelares, huelgas, convenios, traspasos institucionales y políticas públicas. Por eso, cada expediente reservado en esa materia merece una explicación proporcional a su impacto.
La proximidad de la jubilación del magistrado aumenta las preguntas. Mendel dejará el juzgado el 1° de julio, pero antes podría adoptar decisiones de efecto prolongado. Si el expediente reservado efectivamente involucra a sectores vinculados a los Moyano y a la reforma laboral, cualquier resolución dictada en estos días podría condicionar la implementación de una política pública más allá de la salida del juez.
La reserva, en definitiva, puede ser legal. Pero legalidad no siempre equivale a normalidad institucional. En una justicia que debe actuar bajo principios de publicidad, imparcialidad y control, esconder de la vista pública un expediente de eventual relevancia nacional exige fundamentos sólidos y verificables.
Por ahora, el expediente está cerrado a la mirada externa. Lo único visible es el contexto: un juez laboral con antecedentes gremiales y decisiones recientes contra el traspaso del fuero, un expediente reservado de presunto interés sindical, una causa que habría llegado por sorteo informático, una familia sindical con peso histórico y una jubilación fijada para dentro de pocos días.
La pregunta queda planteada: si todo es regular, por qué tanta opacidad. Y si el expediente puede incidir sobre la reforma laboral, por qué la sociedad no puede conocer, al menos, cuál es el objeto de la causa y qué intereses se están discutiendo.
