Bagdad – 28 junio 2026 – Total News Agency – TNA – El régimen islámico de Irán volvió a exhibir su verdadera estrategia en el Golfo Pérsico: negociar para ganar tiempo, firmar entendimientos para reorganizarse y utilizar el estrecho de Ormuz como herramienta de presión militar, energética y diplomática. La advertencia formulada por el canciller iraní, Abás Araqchí, en Irak, confirma lo que Total News Agency – TNA venía anticipando: Teherán no interpreta los acuerdos como compromisos para desescalar, sino como espacios tácticos para recuperar margen de maniobra.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní afirmó que Irán mantiene la administración exclusiva de Ormuz y que el tránsito volverá a niveles previos a la guerra sólo bajo responsabilidad iraní. La frase, presentada como una aclaración técnica del memorando de entendimiento, constituye en realidad una amenaza velada: cualquier intervención externa, según Araqchí, podría retrasar la reapertura o normalización del paso marítimo.
El planteo es grave. Ormuz no es una vía interna iraní ni un canal administrado por una sola potencia regional. Es uno de los corredores energéticos más sensibles del planeta, por donde transita una parte sustancial del petróleo y del gas natural licuado que abastecen a mercados de Asia, Europa y otras regiones. Convertirlo en instrumento de extorsión equivale a tomar como rehén a la economía global.
La declaración de Araqchí fue realizada junto a su par iraquí, Fuad Husein, en un momento de extrema tensión regional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones del régimen iraní y luego del inicio de negociaciones destinadas a estabilizar el conflicto. Pero lejos de utilizar esa instancia para demostrar voluntad de paz, Teherán volvió a mostrar su lógica habitual: hablar de acuerdos mientras amenaza con cerrar o condicionar rutas estratégicas.
La situación se agravó con los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin, dos países del Golfo que quedaron otra vez expuestos a la política de expansión y represalia del régimen de los ayatolás. Según reportes regionales, las defensas de Kuwait interceptaron misiles dirigidos contra su territorio, mientras Baréin denunció ataques con drones y daños en una zona residencial, sin víctimas fatales informadas. El mensaje fue inequívoco: Irán pretende demostrar que puede golpear no sólo a Israel o a fuerzas estadounidenses, sino también a países árabes que considera parte del dispositivo regional contrario a sus intereses.
El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó los ataques iraníes contra Kuwait y Baréin y advirtió que esas acciones se inscriben en un intento de socavar los esfuerzos regionales e internacionales destinados a detener la guerra y contener las tensiones. Su declaración es especialmente significativa porque proviene de un país condicionado durante años por la influencia de Hezbolá, brazo armado y político del proyecto iraní en el Levante.
Aoun reclamó una acción urgente de los garantes del memorando de entendimiento estadounidense-iraní y de la comunidad internacional para impedir que la región caiga en una escalada mayor. Ese llamado pone en evidencia el problema central: el régimen iraní firma, negocia y promete, pero al mismo tiempo utiliza a sus fuerzas, a la Guardia Revolucionaria, a sus proxies y a su capacidad misilística para mantener abierta la amenaza.
Los ataques sobre Kuwait y Baréin no pueden ser leídos como hechos aislados. Forman parte de una doctrina de presión regional que Irán aplica desde hace décadas: hostigar rutas marítimas, amenazar bases estadounidenses, activar milicias aliadas, golpear infraestructura energética y luego presentarse como víctima de una agresión externa. Es la misma mecánica que permitió a Teherán expandir influencia en Irak, Siria, Líbano, Yemen y Gaza.
El régimen iraní busca instalar una interpretación conveniente del memorando: que Ormuz queda bajo su control exclusivo durante treinta días y que cualquier presencia externa constituye una interferencia. Pero esa lectura equivale a transformar un entendimiento de desescalada en una concesión estratégica a favor de quien provocó buena parte de la crisis. Si la comunidad internacional acepta esa imposición, Irán habrá logrado convertir la negociación en una victoria operativa.
La advertencia de Araqchí sobre Ormuz también debe analizarse junto con los ataques contra embarcaciones comerciales y la creciente inseguridad marítima en el área. Durante las últimas semanas, buques petroleros y cargueros debieron modificar rutas, extremar medidas de seguridad o transitar bajo fuerte vigilancia. La sola posibilidad de que Irán condicione el paso por el estrecho altera precios, seguros, contratos, cadenas logísticas y decisiones de inversión.
El régimen sabe exactamente dónde presionar. No necesita cerrar totalmente Ormuz para producir daño. Le alcanza con sembrar incertidumbre, atacar un buque, amenazar otro, exigir permisos, instalar el riesgo de misiles o drones y forzar a las compañías a recalcular costos. Esa es la esencia del chantaje iraní: no siempre busca bloquear, muchas veces busca encarecer, demorar y condicionar.
La respuesta de los países del Golfo muestra que la paciencia regional se agota. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Jordania y otros actores condenaron o expresaron solidaridad frente a los ataques contra Baréin y Kuwait. Para esos gobiernos, la agresión iraní no es una novedad, sino la continuidad de una amenaza que atraviesa fronteras, puertos, bases, aeropuertos y ciudades.
La situación también deja en evidencia los límites de cualquier acuerdo con el régimen de Teherán si no existe un mecanismo real de verificación y castigo. Irán ha demostrado reiteradamente que utiliza las pausas diplomáticas para recomponer capacidades, reorganizar cadenas de mando, trasladar armamento, reposicionar milicias y reabrir frentes de presión. Lo hizo con su programa nuclear, con sus proxies y ahora vuelve a hacerlo con Ormuz.
El punto central no es si Irán quiere o no una guerra abierta. Probablemente no la quiera en términos convencionales, porque conoce el costo. Lo que sí busca es una guerra administrada, una tensión permanente, una negociación bajo amenaza. Es decir: mantener encendida la región lo suficiente para obtener concesiones, pero no tanto como para provocar una respuesta devastadora e inmediata.
La ofensiva contra Kuwait y Baréin revela, además, un desprecio absoluto por la soberanía de países árabes que no aceptan subordinarse al eje iraní. Teherán pretende decidir quién puede alojar bases, quién puede colaborar con Washington, quién puede comerciar, quién puede navegar y quién debe callar. Es una lógica imperial disfrazada de resistencia.
El régimen iraní vuelve así a confirmar que no actúa como un Estado responsable, sino como una estructura revolucionaria armada con ambiciones regionales. Su discurso habla de paz, pero sus drones vuelan sobre países vecinos. Sus diplomáticos invocan memorandos, pero sus comandantes amenazan bases. Sus funcionarios prometen normalidad en Ormuz, pero condicionan esa normalidad a que nadie desafíe su control.
Para Estados Unidos, Israel y los países del Golfo, el desafío consiste en no confundir pausa con pacificación. Cada vez que Irán obtiene tiempo sin pagar costos, lo utiliza para mejorar su posición. Cada vez que un acuerdo no incluye consecuencias claras, el régimen lo transforma en una plataforma para el siguiente chantaje.
La región se encuentra ante una nueva prueba. Si la comunidad internacional permite que Teherán administre Ormuz como si fuera propiedad exclusiva del régimen, el precedente será peligroso. Si los ataques contra Kuwait y Baréin quedan en una condena diplomática más, Irán leerá el silencio como permiso.
El régimen iraní no está buscando paz. Está buscando margen. No está desescalando. Está reacomodando sus piezas. No está cumpliendo un acuerdo. Está tratando de convertirlo en una trampa.
