Por Darío Rosatti
Buenos Aires – 12 de julio de 2026 – Total News Agency – TNA-. La crisis de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) abrió un nuevo frente judicial y político para el ministro de Salud, Mario Lugones, luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria al exinterventor Marcelo Carlos Petroni por una presunta maniobra de desvío de fondos durante la administración dispuesta por el gobierno de Javier Milei.
La investigación también alcanza a otros exfuncionarios y empresarios vinculados con contrataciones realizadas mientras la obra social de los trabajadores rurales se encontraba intervenida. Entre los convocados aparecen Sergio Aguirre, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la exinterventora Virginia Montero.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso las indagatorias y ordenó embargos por alrededor de $920 millones. La causa analiza una presunta transferencia irregular de $266.675.288, efectuada entre noviembre de 2024 y julio de 2025 a una empresa vinculada con Aguirre, durante el período en que Petroni y Montero ejercieron funciones dentro de OSPRERA.
La citación vuelve a colocar bajo la lupa la responsabilidad política del Ministerio de Salud. Petroni fue designado interventor mediante el Decreto 857/2024, firmado por Milei y refrendado por Lugones, con amplias facultades de administración y ejecución sobre una de las mayores obras sociales sindicales del país.
El ministro respaldó públicamente aquella gestión incluso cuando ya se acumulaban denuncias por falta de prestaciones, contrataciones cuestionadas y presuntas irregularidades administrativas.
La nueva intervención y la sombra de Scioli
La salida de Petroni no cerró la disputa por el control de OSPRERA. El 24 de febrero de 2026, la Superintendencia de Servicios de Salud designó al abogado César Augusto Lococo como administrador provisorio. Días después, el Poder Ejecutivo formalizó su nombramiento como interventor por 180 días y le otorgó las facultades que normalmente corresponden al consejo directivo de la obra social.
Detrás de esa designación comenzó a aparecer el nombre del exgobernador bonaerense y actual funcionario nacional Daniel Scioli.
Fuentes políticas y del sistema sanitario consultadas para esta investigación sostienen que el desembarco de Lococo habría contado con el aval conjunto de Karina Milei y Scioli, y que uno de los principales articuladores del nuevo esquema sería Guillermo René Scarcella, antiguo presidente de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) durante la gobernación sciolista.
La intervención oficial no menciona a Scioli ni a Scarcella, y hasta ahora no existe un documento público que los identifique como responsables administrativos de la obra social. Sin embargo, la coincidencia del domicilio profesional de Lococo y el domicilio fiscal atribuido a Scarcella, en Cerrito 774, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acredita al menos una relación profesional que merece ser esclarecida.
El interrogante central es si Lococo conduce de manera autónoma la intervención o si detrás de su nombramiento opera una estructura política formada por antiguos funcionarios y operadores del sciolismo.
Scarcella, el protegido de Scioli que arrastra graves denuncias
Guillermo René Scarcella no fue un funcionario menor ni un técnico sin peso político. Durante la gobernación de Daniel Scioli presidió ABSA, una empresa pública estratégica que manejó contratos, obras, proveedores y recursos millonarios en la Provincia de Buenos Aires.
Su rol lo convirtió en una pieza central del dispositivo sciolista y en uno de los hombres de confianza del entonces gobernador. Por eso, su reaparición alrededor de una obra social nacional de la magnitud de OSPRERA no puede ser presentada como una simple coincidencia profesional.
Scarcella arrastra antecedentes de denuncias por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, extorsión y manejo irregular de fondos públicos. También fue citado a indagatoria por contrataciones realizadas durante su gestión en ABSA y recibió cargos del Tribunal de Cuentas bonaerense, aunque no registra una condena penal firme por esos hechos.
En mayo de 2016, la entonces diputada Elisa Carrió presentó una denuncia contra Daniel Scioli, el exjefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez, Scarcella y otros exfuncionarios.
La presentación planteó sospechas de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y manejo irregular de fondos públicos. En ese expediente, Scarcella fue señalado por la denunciante como presunto testaferro del exgobernador, acusación que el exfuncionario rechazó.
La denuncia apuntaba al corazón económico del sciolismo y planteaba que empresas y organismos públicos bonaerenses podrían haber sido utilizados para articular una estructura de recaudación, acumulación patrimonial y financiamiento político.
Contratos por camiones cisterna y equipos desobstructores
La Justicia de La Plata también citó a Scarcella a declaración indagatoria por el supuesto direccionamiento de contratos de camiones cisterna y equipos desobstructores durante su gestión en ABSA.
La investigación comprendía contrataciones por más de $62 millones, una suma significativa para la época, y buscaba determinar si determinadas empresas habían sido favorecidas irregularmente.
Los fiscales analizaron la forma en que se realizaron las adjudicaciones, la documentación respaldatoria y la eventual existencia de sobreprecios o direccionamiento.
La citación a indagatoria no implica una condena, pero demuestra que las sospechas sobre la gestión de Scarcella no se limitaron a declaraciones políticas o publicaciones periodísticas, sino que dieron lugar a expedientes judiciales concretos.
Cargos por casi $51 millones
En 2017, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires desaprobó gastos correspondientes a la rendición de 2015 de ABSA y formuló cargos contra Scarcella y otros exdirectivos por casi $51 millones.
Las observaciones incluyeron falta de razonabilidad en algunos gastos, documentación insuficiente y reajustes de precios cuestionados en distintos contratos.
Se trató de una decisión administrativa susceptible de apelación y no de una condena penal. Sin embargo, el pronunciamiento representó un fuerte cuestionamiento al modo en que la empresa pública fue administrada durante el final del gobierno de Scioli.
Los antecedentes del Tribunal de Cuentas son especialmente relevantes porque muestran que las objeciones sobre la conducción de Scarcella no provinieron únicamente de adversarios políticos, sino también de un organismo técnico encargado de controlar el uso de los recursos provinciales.
Una denuncia por administración fraudulenta, extorsión y lavado
En 2020, el empresario italiano Maurizio Orsi, presidente de True Star Argentina, denunció a Scarcella por presunta defraudación por administración fraudulenta, falsedad u ocultamiento de información societaria, extorsión y lavado de activos.
La presentación se vinculó con disputas dentro de empresas dedicadas al embalaje y protección de equipajes en aeropuertos.
Orsi sostuvo que habría existido una estructura destinada a ocultar información societaria, desplazar accionistas y apropiarse irregularmente de activos o beneficios empresariales.
La denuncia fue formulada en el marco de una confrontación comercial y deberá ser valorada dentro de ese contexto. No obstante, se suma a una serie de antecedentes que muestran a Scarcella involucrado reiteradamente en conflictos por administración de fondos, sociedades y estructuras empresariales.
El crecimiento patrimonial bajo sospecha
En las investigaciones derivadas de la presentación de Carrió también se difundieron señalamientos sobre la evolución patrimonial de Scarcella, sus movimientos financieros y las sociedades con las que habría estado relacionado.
Las publicaciones periodísticas mencionaron transferencias, activos y operaciones que debían ser contrastados por la Justicia.
Esos elementos no permiten afirmar por sí solos que haya existido un delito, pero sí justifican que la eventual participación de Scarcella en el nuevo esquema de OSPRERA sea examinada con especial atención.
No se trata de un abogado o asesor desconocido que aparece por primera vez en la administración pública. Se trata de un antiguo funcionario sciolista que administró una empresa estatal estratégica y que fue alcanzado por denuncias judiciales, citaciones a indagatoria y cargos administrativos millonarios.
La incidencia de Daniel Scioli
La presunta influencia de Scioli en la designación de Lococo debe ser investigada más allá de una eventual recomendación personal.
El exgobernador conserva vínculos con antiguos funcionarios, abogados, empresarios y operadores que ocuparon posiciones relevantes durante sus dos mandatos en Buenos Aires. Su permanencia dentro del gobierno de Milei le permitió mantener acceso a áreas sensibles de la administración nacional.
Si se confirma que promovió o avaló la llegada de Lococo, la intervención de OSPRERA representaría la incorporación de una estructura sciolista a una caja sanitaria nacional bajo el amparo político de Karina Milei.
La presencia de Scarcella, protegido y hombre de confianza del exgobernador, reforzaría esa interpretación.
El movimiento sería especialmente relevante porque la obra social rural tiene presencia en todo el territorio argentino y administra una extensa red de clínicas, farmacias, droguerías, centros médicos, abogados y proveedores.
Cada decisión de la intervención puede modificar contratos, reconocer deudas, desplazar prestadores o adjudicar servicios por sumas millonarias.
Petroni y los vínculos con el poder libertario
La causa penal también vuelve sobre los vínculos políticos de Marcelo Petroni.
En mensajes incorporados a investigaciones previas, el exinterventor habría afirmado: “Nosotros somos Lule y Karina”, en referencia a Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei.
Esos intercambios fueron citados como parte del análisis sobre el control político de la obra social durante la primera intervención libertaria.
Durante esa administración también se conocieron pagos millonarios a proveedores y droguerías. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, OSPRERA habría girado más de $7.700 millones a Suizo Argentina, empresa que posteriormente quedó envuelta en otros cuestionamientos por contrataciones con el Estado.
La citación a indagatoria no implica culpabilidad, pero indica que el juez considera que existen elementos suficientes para que Petroni explique decisiones tomadas durante su gestión.
El Sanatorio Güemes y los intereses privados de Lugones
La situación de Mario Lugones se vuelve más delicada por sus antecedentes dentro del sistema privado de salud.
Antes de asumir como ministro, fue fundador y directivo de Silver Cross America, sociedad vinculada con el Sanatorio Güemes, y presidió la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud.
La investigación sobre OSPRERA reavivó las sospechas sobre la relación entre las decisiones del Ministerio y prestadores privados vinculados histórica o profesionalmente con el funcionario.
No se ha probado que el Sanatorio Güemes haya intervenido en la maniobra por la que fue citado Petroni. Sin embargo, el origen empresarial del ministro obliga a transparentar cada contratación, derivación y convenio celebrado por una obra social intervenida bajo su responsabilidad política.
La otra causa que investiga a Lugones
El ministro enfrenta además una investigación penal por su actuación en el Hospital Garrahan.
El fiscal federal Guillermo Marijuan lo imputó en junio de 2025 tras una denuncia de Elisa Carrió y la diputada Marcela Campagnoli, quienes acusaron a Lugones de haber presionado para obtener la renuncia de integrantes del consejo de administración del hospital pediátrico.
La causa analiza posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
A ello se sumó una denuncia promovida por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) por la muerte de un paciente oncológico afiliado a OSPRERA. El gremio sostuvo que Petroni había sido notificado sobre la gravedad del estado del paciente y no habría garantizado a tiempo las prestaciones indicadas.
Esos expedientes no deben confundirse: uno se relaciona con el gobierno del Garrahan, otro con las prestaciones de OSPRERA y el nuevo caso con contratos y transferencias de fondos durante la intervención. Pero todos convergen políticamente sobre el mismo funcionario.
Una caja sanitaria atravesada por distintas facciones
La historia reciente de OSPRERA muestra una sucesión de intervenciones, fallos contradictorios, autoridades desplazadas, restituciones judiciales y nuevas designaciones.
Primero apareció un esquema atribuido al entorno de Karina Milei y Lule Menem, representado por Petroni. Ahora, tras la designación de Lococo, surge una posible convergencia entre el karinismo y antiguos operadores de Daniel Scioli.
La obra social corre el riesgo de transformarse en un territorio de reparto entre facciones del Gobierno y estructuras sobrevivientes del peronismo, en lugar de concentrarse en la asistencia médica de los trabajadores rurales.
La citación a indagatoria de Petroni puede ser apenas el comienzo.
La Justicia deberá establecer quién autorizó los contratos investigados, qué servicios fueron realmente prestados, quiénes se beneficiaron con los pagos y qué participación tuvieron los funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud y del Ministerio de Lugones.
También deberá analizarse el proceso que llevó a Lococo a la intervención, el eventual papel de Scarcella y la incidencia política de Scioli.
Hasta que esos interrogantes sean respondidos, la nueva conducción no podrá presentarse como una ruptura con el pasado.
Por el contrario, la intervención de OSPRERA parece reunir en una misma estructura a funcionarios libertarios, operadores sciolistas, empresarios sanitarios y dirigentes con acceso a una de las cajas más sensibles del sistema de obras sociales.
