Casación aceptó revisar nuevamente qué juez debe investigar la propiedad de Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares. Uno de los magistrados que habilitó la apelación presidió hasta fines de 2025 el Tribunal de Ética de la AFA.
Buenos Aires – 15 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. Una controvertida decisión de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a abrir la discusión sobre qué juez debe investigar la compra de la lujosa mansión de Pilar vinculada con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y atribuida por los investigadores al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
El expediente, iniciado en diciembre pasado y atravesado desde entonces por sucesivos cambios de jurisdicción, ya pasó por al menos cuatro magistrados. Ahora, cuando la investigación había regresado al fuero Penal Económico, Casación aceptó tratar una nueva apelación presentada por Luciano Nicolás Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte, quienes aparecen formalmente como propietarios del predio mediante la firma Real Central SRL.
Los investigadores sospechan que Pantano y Conte actuarían como prestanombres porque sus perfiles económicos declarados no guardarían relación con el valor de la propiedad, la colección de vehículos y los demás bienes encontrados durante los allanamientos. La casaquinta de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, fue valuada judicialmente en alrededor de 17 millones de dólares.
La Sala I de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, resolvió por mayoría que la apelación de la defensa reunía los requisitos necesarios para ser analizada. Borinsky y Barroetaveña votaron por habilitar el recurso, mientras Slokar se pronunció en disidencia.
El tribunal fijó una audiencia para el próximo 12 de agosto, a las 11.30, en la que escuchará los argumentos de la defensa y la posición del fiscal general ante Casación, Mario Villar.
La resolución no define todavía qué juzgado conservará el expediente, pero reabre una disputa que parecía encaminada después de que la Cámara Nacional en lo Penal Económico dispusiera que la causa quedara bajo la órbita del Juzgado Penal Económico N.º 10, actualmente subrogado por la jueza María Verónica Straccia.
El juez que integró el Tribunal de Ética de la AFA
La decisión genera interrogantes adicionales porque uno de los jueces que habilitó la nueva revisión, Diego Barroetaveña, formó parte durante varios años de la estructura institucional de la propia AFA.
Documentación oficial de la entidad muestra que Barroetaveña fue elegido vicepresidente de su Tribunal de Ética en 2021 y continuó integrándolo durante los años siguientes. En julio de 2025 aparece, además, firmando como presidente de ese organismo una resolución relacionada con la situación de Claudio “Chiqui” Tapia como persona expuesta políticamente.
Barroetaveña renunció a la presidencia del Tribunal de Ética en diciembre pasado, según la información conocida en el expediente. Su intervención actual como magistrado de Casación no implica por sí sola la existencia de una irregularidad jurídica, pero su antigua vinculación institucional con la AFA añade un elemento sensible a una causa en la que aparecen mencionados el presidente de la asociación, Claudio Tapia, y su tesorero, Toviggino.
El Tribunal de Ética que integró Barroetaveña llegó a sostener en 2025 que Tapia no debía ser considerado persona expuesta políticamente ni por su conducción de la AFA ni por sus funciones en la CEAMSE.
Una mansión, un helipuerto y 54 vehículos
La investigación comenzó en Comodoro Py bajo la intervención del juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó el allanamiento de la propiedad.
El predio ocupa aproximadamente 105.000 metros cuadrados, cuenta con helipuerto y posee un amplio galpón en el que fueron encontrados 54 automóviles de lujo, clásicos y de colección, además de motocicletas y otros bienes de elevado valor.
Durante el procedimiento se habría encontrado un bolso con el nombre de Pablo Toviggino, una plaqueta entregada por Barracas Central y documentación que vincularía varios de los vehículos con familiares del tesorero de la AFA.
Las cédulas que autorizaban a conducir parte de esos automóviles estaban extendidas a nombre de integrantes del entorno familiar de Toviggino, un dato que llevó a los investigadores a profundizar la hipótesis de que los propietarios registrados de la mansión no serían sus verdaderos beneficiarios.
La pesquisa pasó luego al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien avanzó sobre la posible utilización de fondos vinculados con la AFA para sostener los gastos del inmueble y de la colección de vehículos.
Entre los elementos detectados apareció una tarjeta corporativa de la asociación que habría sido utilizada por Pantano para efectuar consumos cercanos a los 50 millones de pesos mensuales, además del pago de los dispositivos de TelePASE correspondientes a varios automóviles.
La hipótesis central apunta a determinar si la compra de la propiedad, la flota valuada en casi cuatro millones de dólares y otros bienes formó parte de una operación de lavado de activos financiada con fondos provenientes de la estructura del fútbol argentino.
El recorrido por cuatro despachos judiciales
Desde el comienzo de la investigación, la defensa de Pantano y Conte sostuvo que la causa debía tramitar ante la Justicia Federal de Campana, por ser el tribunal con jurisdicción territorial sobre Pilar.
El planteo fue aceptado inicialmente por el juez de la Cámara Federal de San Martín Alberto Lugones, lo que llevó el expediente al juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay.
Los fiscales cuestionaron esa decisión y llevaron el conflicto ante la Cámara de Casación. En mayo, ese tribunal anuló el envío directo a Campana y determinó que la competencia debía ser resuelta por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, ya que la disputa se había originado en ese fuero.
Posteriormente, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio resolvieron que la investigación correspondía al Juzgado Penal Económico N.º 10 y ordenaron al juez González Charvay remitir con carácter urgente la totalidad del expediente, sus incidentes y la documentación reservada.
Pantano y Conte volvieron a apelar. La Cámara en lo Penal Económico rechazó el recurso porque las decisiones sobre competencia no equivalen a una sentencia definitiva ni provocan, en principio, un perjuicio imposible de reparar.
Ante esa negativa, el abogado defensor Mariano Morán presentó una queja directa ante Casación. Borinsky y Barroetaveña consideraron que el recurso había sido denegado incorrectamente y habilitaron una nueva revisión, decisión que vuelve a colocar el expediente en una etapa preliminar.
Otro juez también reclama la investigación
La pelea por el expediente se volvió todavía más compleja porque el juez en lo Penal Económico Diego Amarante también solicitó incorporar la investigación de la mansión a una causa que tramita en su juzgado.
Amarante procesó recientemente a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en un expediente por una presunta deuda multimillonaria derivada de la retención indebida de aportes y contribuciones. A partir de esa conexión, pidió que Straccia se inhiba y le remita la causa de Pilar.
Esa solicitud podría originar un nuevo conflicto de competencia dentro del propio fuero Penal Económico, incluso antes de que Casación defina si el expediente debe permanecer en la ciudad de Buenos Aires o regresar a Campana.
Una discusión que beneficia a los investigados
La prolongada pelea entre tribunales mantiene prácticamente paralizada la investigación de fondo.
Mientras los jueces discuten qué despacho debe intervenir, continúa sin resolverse quién aportó el dinero para adquirir el predio, financiar las construcciones, comprar decenas de vehículos de lujo y solventar los gastos de mantenimiento de una propiedad que, según la acusación, no se corresponde con la capacidad patrimonial de sus titulares registrales.
Los únicos imputados formalmente en esta etapa son Pantano y Conte, aunque las sospechas alcanzan a figuras centrales de la conducción de la AFA.
La reiteración de planteos sobre la competencia permitió suspender citaciones, frenar medidas de prueba y postergar decisiones que podrían conducir a la identificación de los verdaderos dueños del patrimonio investigado. En mayo, la fiscalía ya había advertido que el expediente debía regresar a la ciudad de Buenos Aires para evitar mayores demoras.
La audiencia del 12 de agosto volverá a concentrarse en una cuestión formal: quién debe investigar. Entretanto, la pregunta esencial continúa sin respuesta judicial definitiva: de dónde salieron los millones de dólares utilizados para construir y mantener una de las propiedades más lujosas de Pilar.
La nueva intervención de Casación amenaza con extender aún más un expediente que ya recorrió Comodoro Py, el fuero Penal Económico, la Justicia Federal de Campana y nuevamente los tribunales de Retiro, mientras la investigación patrimonial permanece atrapada en un interminable laberinto de competencias.
