La Operación Hawala desarticuló una red acusada de lavar más de 100 millones de reales para tres poderosas bandas brasileñas y detectó un posible vínculo con el financiamiento terrorista. Argentina integra la Triple Frontera junto con Brasil y Paraguay, mantiene fuerzas y operaciones permanentes en la zona, pero la SIDE aún no comunicó si fue alertada o abrió una investigación propia o conjunta.
Buenos Aires – 15 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. La investigación brasileña sobre una estructura financiera utilizada por las principales organizaciones criminales de ese país y su posible vinculación con un operador de Al-Qaeda volvió a colocar en máxima alerta a la Triple Frontera, un espacio geográfico y operativo integrado por Argentina, Brasil y Paraguay, mientras la inteligencia argentina todavía no informó públicamente qué conocimiento tiene del caso ni qué medidas adoptó.
La Triple Frontera no es solamente una referencia territorial vinculada con Brasil y Paraguay. Está conformada por las ciudades de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones; Foz de Iguazú, en Brasil; y Ciudad del Este, en Paraguay.
Por lo tanto, una investigación desarrollada en Foz de Iguazú, a escasos kilómetros de territorio argentino, involucra directamente un área en la que la Argentina mantiene presencia permanente de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección Nacional de Migraciones, la Aduana y organismos de inteligencia criminal.
La denominada Operación Hawala, ejecutada por la Policía Civil de Río de Janeiro y el Ministerio Público estadual, incluyó diez órdenes de captura y 37 allanamientos en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Paraná.
Cinco de esos procedimientos y una de las detenciones se realizaron en Foz de Iguazú, ciudad brasileña situada frente a Ciudad del Este y conectada con Puerto Iguazú mediante el corredor regional que concentra uno de los mayores movimientos de personas, vehículos, mercaderías y dinero de Sudamérica.
Las autoridades brasileñas informaron que las diez personas buscadas fueron detenidas y que la red habría movilizado más de 100 millones de reales entre 2021 y 2024 mediante empresas de fachada, intermediarios financieros y operaciones destinadas a dificultar la identificación del origen y el destino final del dinero.
Los fondos procederían principalmente del narcotráfico, el comercio de mercadería falsificada y otras actividades ilegales. La organización habría prestado servicios financieros al Terceiro Comando Puro, al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, tres de las estructuras criminales más poderosas de Brasil.
Brasil informó; la Argentina permanece públicamente ausente
Hasta el cierre de esta información, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) no había emitido ninguna comunicación pública sobre la Operación Hawala.
Tampoco se conocían informes oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional, la Unidad de Información Financiera, Migraciones, Gendarmería, Prefectura o la Policía Federal que precisaran si Brasil compartió los antecedentes, si existen personas o sociedades argentinas bajo análisis o si se reforzaron los controles financieros y migratorios en Misiones.
La falta de información oficial no permite afirmar que los organismos argentinos permanezcan inactivos. Las tareas de inteligencia y contraterrorismo suelen desarrollarse bajo estricta reserva.
Sin embargo, la ausencia de una explicación resulta particularmente llamativa porque Argentina no es un observador externo del área: es uno de los tres países que conforman la Triple Frontera y despliega allí operaciones permanentes de seguridad, inteligencia, control migratorio y vigilancia fluvial.
En mayo de 2026, la Gendarmería Nacional Argentina asumió la presidencia pro tempore del Comando Tripartito de la Triple Frontera, mecanismo de cooperación creado en 1996 e integrado por fuerzas policiales y de seguridad de Argentina, Brasil y Paraguay.
Ese dato coloca sobre las autoridades argentinas una responsabilidad institucional concreta. Si la Gendarmería encabeza temporalmente el organismo de coordinación regional, resulta razonable exigir una explicación sobre si fue notificada de los procedimientos realizados en Foz de Iguazú y si participó del intercambio de información.
El Gobierno argentino informó en marzo que los operativos conjuntos del Comando Tripartito ya habían superado los 10.000 procedimientos, vinculados principalmente con narcotráfico, contrabando, lavado de activos y organizaciones criminales transnacionales.
Por lo tanto, el silencio actual no puede justificarse en la inexistencia de canales institucionales. Los mecanismos de cooperación existen, se encuentran activos y son presentados por el propio Gobierno como herramientas centrales de la estrategia regional de seguridad.
Argentina mantiene operaciones concretas en la zona
Las fuerzas federales argentinas desarrollan procedimientos regulares en Puerto Iguazú y en otros puntos de la frontera misionera.
En septiembre de 2025, por ejemplo, la Prefectura Naval incautó cerca de media tonelada de drogas en Puerto Iguazú como resultado de tareas de investigación e inteligencia criminal coordinadas por el Ministerio de Seguridad.
El Gobierno también lanzó el Plan Guacurarí, destinado a reforzar el control de la frontera con Brasil mediante el despliegue de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y fuerzas provinciales.
Esas operaciones demuestran que la Argentina tiene presencia territorial, capacidades de inteligencia y recursos humanos desplegados en el mismo espacio donde Brasil detectó la posible red financiera.
No se trata, por lo tanto, de una amenaza remota ni de una investigación desarrollada en otra región del continente. Los allanamientos fueron ejecutados dentro del sistema urbano y comercial que comparte físicamente la Argentina y a pocos minutos de uno de sus pasos internacionales más transitados.
La propia documentación oficial argentina señala que la Policía Federal posee una dependencia específica para la Triple Frontera, cuya función consiste en buscar, reunir y analizar información vinculada con el terrorismo internacional en esa zona. También reconoce que la Argentina participa activamente del Comando Tripartito junto con Brasil y Paraguay.
Ese antecedente vuelve imprescindible conocer si esa estructura especializada recibió información sobre los detenidos, sus empresas, sus movimientos financieros o sus eventuales ingresos al territorio argentino.
El posible vínculo con Al-Qaeda
El capítulo más grave de la investigación surgió cuando los agentes brasileños detectaron que una empresa vinculada con los investigados habría realizado operaciones con una persona sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos por integrar una estructura de financiamiento de Al-Qaeda.
Uno de los principales señalados es Reda Zayoun, detenido en Foz de Iguazú. La pesquisa también alcanzó a sus hermanos Yasser Zayoun y Kassem Zayoun, vinculados con empresas y operaciones comerciales bajo sospecha.
Los investigadores consideran que el núcleo familiar habría participado en la ampliación del circuito financiero desde Río de Janeiro hacia otros estados brasileños y eventualmente hacia el exterior.
El delegado Pedro Brasil, responsable de la investigación, reconoció que la hipótesis terrorista todavía se encuentra en una fase preliminar. Las autoridades deberán establecer si la transacción detectada fue un hecho comercial aislado o si existió una relación sistemática con una estructura de apoyo financiero a Al-Qaeda.
Hasta el momento no se informó la existencia de una célula operativa, depósitos de armas, preparación de atentados ni presencia de combatientes de esa organización en la Triple Frontera.
Sin embargo, la sola aparición de una conexión financiera obliga a analizar viajes, empresas, cruces migratorios, comunicaciones y transferencias realizadas en los tres países.
La Argentina debería poder determinar con rapidez si alguno de los sospechosos ingresó por Puerto Iguazú, utilizó documentación argentina, mantuvo relaciones comerciales en el país o realizó operaciones mediante sociedades y cuentas locales.
Una región compartida y no tres compartimentos aislados
La Triple Frontera funciona como una unidad económica y social conectada. Miles de personas cruzan diariamente los puentes internacionales por actividades comerciales, laborales, turísticas y familiares.
Esa fluidez constituye una fuente de desarrollo, pero también puede ser aprovechada por organizaciones criminales capaces de trasladar personas, efectivo, drogas, armas y documentación de una jurisdicción a otra en períodos muy breves.
La zona dispone, además, de infraestructura vial, aeroportuaria, fluvial, comercial y bancaria distribuida entre los tres países. Por eso, una investigación sobre lavado de dinero en Foz de Iguazú no puede analizarse únicamente como un problema interno brasileño.
Las compensaciones financieras pueden realizarse en Ciudad del Este, los cruces migratorios en Puerto Iguazú y las operaciones comerciales en Foz, sin que necesariamente el dinero o sus beneficiarios permanezcan en una sola jurisdicción.
El sistema hawala, que dio nombre al operativo, aumenta todavía más esa dificultad.
Ese mecanismo permite transferir valores mediante una red de intermediarios que compensan créditos y deudas sin necesidad de que el dinero atraviese físicamente la frontera ni circule por los canales bancarios convencionales.
En ese contexto, limitar la investigación a los lugares allanados podría dejar fuera del análisis a operadores, pagadores, empresas o beneficiarios radicados en otro de los países que componen el circuito.
El Comando Tripartito debería ser el canal natural
El Comando Tripartito fue creado precisamente para impedir que las diferencias jurisdiccionales beneficien a organizaciones criminales transnacionales.
En mayo de 2025, Argentina, Brasil y Paraguay actualizaron su acuerdo de funcionamiento y reafirmaron el intercambio de información, la coordinación operativa y el fortalecimiento de la seguridad regional.
El convenio tiene una vigencia inicial de cinco años y contempla la actuación conjunta de las fuerzas destacadas en la región.
Además, existen antecedentes de investigaciones en las que participaron simultáneamente el Comando Tripartito, autoridades judiciales argentinas y brasileñas, Cancillería, fuerzas provinciales y organismos especializados.
La pregunta central es, entonces, si ese mecanismo se activó frente a la Operación Hawala.
El Gobierno argentino no informó si sus representantes estuvieron al tanto de los allanamientos, si recibieron las listas de personas y empresas investigadas o si Brasil solicitó verificar movimientos en el país.
Tampoco comunicó si la UIF busca transferencias sospechosas relacionadas con los detenidos o si Migraciones revisó sus ingresos y egresos por los pasos de Misiones.
La experiencia terrorista argentina obliga a anticiparse
La Argentina sufrió los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994, atribuidos judicialmente a estructuras vinculadas con el régimen iraní y Hezbolá.
Esa historia convierte al país en un actor especialmente obligado a reaccionar ante cualquier indicio de financiamiento terrorista en la región.
No alcanza con esperar que Brasil concluya sus peritajes. La Argentina debe investigar de manera simultánea sus propias bases migratorias, societarias, financieras y comerciales.
El Gobierno nacional ya demostró que puede coordinar operaciones internacionales sobre terrorismo. En 2024 presentó junto con Brasil información relacionada con Hussein Ahmad Karaki, señalado como operador de Hezbolá en América Latina.
La ausencia de información en el caso actual contrasta con esa política de exposición pública y cooperación internacional.
La SIDE debería aclarar, al menos institucionalmente, si tomó conocimiento de la operación y si se encuentra evaluando ramificaciones en territorio argentino, sin necesidad de revelar datos que puedan frustrar procedimientos.
Una amenaza regional que exige una respuesta argentina
Brasil ya detuvo a los sospechosos, bloqueó activos, allanó domicilios y comenzó a analizar teléfonos, computadoras y registros contables.
La Argentina integra el mismo espacio geográfico, preside temporalmente el mecanismo tripartito de seguridad y mantiene fuerzas federales desplegadas de manera permanente en Puerto Iguazú y el resto de Misiones.
Por esa razón, su silencio no puede ser interpretado como el de un tercer país ajeno a la pesquisa.
El hecho de que los allanamientos se hayan ejecutado del lado brasileño no elimina la responsabilidad argentina de determinar si la red operó, circuló o mantuvo conexiones dentro de su territorio.
La Operación Hawala todavía deberá establecer si el vínculo con Al-Qaeda fue circunstancial o si forma parte de una estructura financiera más amplia. Entretanto, quedan preguntas urgentes para el Gobierno de Javier Milei:
¿La inteligencia argentina fue informada previamente? ¿El Comando Tripartito recibió datos sobre la investigación? ¿Los sospechosos ingresaron al país? ¿Existen sociedades, cuentas o contactos locales? ¿Se reforzaron los controles en Puerto Iguazú?
La Triple Frontera está formada por Brasil, Paraguay y Argentina. También las responsabilidades son compartidas.
