El Jurado Nacional de Elecciones cerró formalmente el proceso electoral y acreditó a la fórmula de Fuerza Popular para el período 2026-2031. La dirigente asumirá el 28 de julio, luego de imponerse por menos de 50.000 votos en una de las elecciones más ajustadas de la historia peruana.
Lima – 15 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó este miércoles las credenciales a Keiko Fujimori como presidenta constitucional electa de la República del Perú para el período 2026-2031, durante una ceremonia celebrada en el Gran Teatro Nacional, en el distrito limeño de San Borja.
La entrega del documento culminó formalmente el proceso de proclamación de la fórmula presidencial de Fuerza Popular y dejó a Fujimori habilitada para asumir el gobierno el próximo 28 de julio, cuando prestará juramento ante el Congreso durante la ceremonia de transmisión de mando.
Hasta ese momento, la dirigente conserva la condición de presidenta electa. La entrega de credenciales acredita oficialmente el resultado electoral, pero no supone todavía la transferencia del Poder Ejecutivo, que continuará bajo la conducción del presidente José María Balcázar hasta la juramentación constitucional.
La actividad comenzó pasadas las 11.30 y concluyó cerca de las 13. Participaron Balcázar, representantes de los poderes del Estado, congresistas, dirigentes políticos, familiares de la mandataria electa y los integrantes del pleno del JNE, encabezados por su presidente, Roberto Burneo.
“Un hecho histórico”
Burneo calificó la entrega de credenciales como un acontecimiento histórico, debido a que Fujimori se convertirá en la primera mujer elegida mediante el voto popular para ejercer la Presidencia del Perú.
La ceremonia estuvo marcada por prolongados aplausos y cánticos de los asistentes, quienes corearon “En Costa, Sierra y Selva, Keiko presidenta”. Las manifestaciones obligaron al titular del organismo electoral a interrumpir en varias oportunidades su discurso.
El acto tuvo además una importante carga simbólica para Fujimori, quien alcanzó la Presidencia en su cuarto intento electoral, después de las derrotas sufridas en 2011, 2016 y 2021.
Su victoria también revirtió el desenlace de cinco años atrás, cuando perdió frente a Pedro Castillo por aproximadamente 45.000 votos. Esta vez, la diferencia a su favor fue igualmente estrecha: menos de 50.000 sufragios sobre un universo cercano a los 18 millones de votos válidos.
Una elección definida por el voto exterior
Fujimori fue proclamada vencedora después de un escrutinio que se extendió durante varias semanas debido a la reducida diferencia entre las dos fórmulas, la revisión de actas observadas y el procesamiento del voto emitido por los peruanos residentes en el extranjero.
El resultado definitivo le otorgó aproximadamente el 50,13% de los votos válidos, frente al 49,87% obtenido por Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.
La diferencia final fue de alrededor de 49.600 votos, una de las más estrechas registradas en la historia democrática del país. Fujimori obtuvo una ventaja decisiva entre los electores del exterior, mientras Sánchez se impuso en el recuento realizado exclusivamente dentro del territorio peruano.
El dirigente izquierdista se negó inicialmente a reconocer la derrota, denunció presuntas irregularidades y anunció presentaciones ante organismos internacionales. Sin embargo, las denuncias difundidas hasta el momento no modificaron el cómputo ni impidieron que el JNE proclamara a la fórmula de Fuerza Popular.
La entrega de credenciales ratifica que, para el sistema electoral peruano, el proceso se encuentra concluido y el resultado posee plena validez jurídica.
El desafío de gobernar un país dividido
La nueva presidenta recibirá un país profundamente fragmentado en términos políticos, sociales y territoriales.
Fuerza Popular se impuso en Lima, en parte de la costa y entre los votantes residentes en el extranjero, pero Sánchez obtuvo una fuerte adhesión en regiones rurales y del interior. Fujimori ganó solamente en nueve de las 25 regiones peruanas, una distribución que anticipa dificultades para construir una legitimidad territorial amplia.
Durante sus primeras declaraciones como presidenta electa prometió gobernar para todos los peruanos, incluidos quienes votaron contra su candidatura, y buscó adoptar un tono conciliador después de una campaña marcada por acusaciones, protestas y denuncias cruzadas.
Uno de sus principales desafíos será enfrentar la inseguridad ciudadana, especialmente la expansión de las extorsiones, los asesinatos por encargo, el narcotráfico y las estructuras asociadas con la minería ilegal.
El aumento de la violencia se convirtió en una de las principales preocupaciones de los electores y condicionará los primeros meses de la nueva administración.
También deberá administrar las tensiones derivadas del legado político de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, cuya gestión continúa dividiendo a la sociedad peruana entre quienes destacan la derrota de las organizaciones terroristas y la estabilización económica, y quienes cuestionan las violaciones a los derechos humanos y el autoritarismo de la década de 1990.
Continuidad económica y señales a los mercados
En materia económica, Fujimori ofreció señales de continuidad y previsibilidad.
La presidenta electa pidió públicamente a Julio Velarde que permanezca al frente del Banco Central de Reserva del Perú, una decisión orientada a conservar la estabilidad monetaria y generar confianza entre inversores y mercados.
Su triunfo fue recibido favorablemente por sectores empresariales, especialmente por compañías relacionadas con la minería y la inversión en infraestructura. Perú es uno de los principales productores mundiales de cobre, pero enfrenta conflictos sociales, informalidad y demoras que limitan el desarrollo de nuevos proyectos.
Fujimori deberá combinar esa agenda de estabilidad con respuestas a las demandas de regiones que reclaman mayor inversión pública, acceso a servicios básicos y una distribución más equilibrada de los recursos generados por las actividades extractivas.
La futura administración también tendrá que negociar con un Congreso fragmentado y con fuerzas políticas que no necesariamente garantizarán una mayoría permanente para Fuerza Popular.
La transmisión de mando
La ceremonia del 28 de julio se realizará durante las celebraciones por el aniversario de la independencia peruana.
Fujimori deberá jurar ante el pleno del Congreso de la República y pronunciar su primer mensaje a la Nación, en el que se espera que presente las prioridades de los primeros cien días de gobierno.
Luego recibirá los atributos presidenciales y asumirá formalmente como jefa de Estado y de Gobierno para un mandato de cinco años.
La futura mandataria se convertirá además en la décima persona en ocupar la Presidencia peruana desde 2016, un período caracterizado por destituciones, renuncias, sucesiones constitucionales, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso y una fuerte inestabilidad institucional.
La credencial recibida este miércoles constituye, por lo tanto, algo más que un documento protocolar. Representa el cierre de una competencia electoral extremadamente ajustada y el comienzo formal de la transición hacia una administración que deberá enfrentar inseguridad, polarización, desigualdad regional y una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Después de tres derrotas y cuatro candidaturas presidenciales, Keiko Fujimori consiguió finalmente llegar al poder. El 28 de julio comenzará la etapa más compleja: transformar una victoria mínima en capacidad efectiva para gobernar un país dividido.
