Por Juan Carlos Espíndola*
Durante el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol 2026 la agenda política y social suele quedar soslayada, por eso temas como la seguridad o inteligencia no aparecen en el radar del público. Sin embargo, medios de alcance nacional, y otros, replicaron la intención del Gobierno de “avanzar con un paquete de reformas sobre Seguridad, Inteligencia y Defensa para enviar al Congreso”.
El oficialismo trabajaría en la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar seguridad, defensa e inteligencia, pero la iniciativa aparece mientras el propio Poder Ejecutivo todavía no termina de ordenar el Sistema de Inteligencia Nacional que modificó dos veces por decreto, en 2024 y 2025. La señal más evidente es el Centro Nacional Antiterrorismo: fue creado por el Decreto 717/2025, pero que más allá de su relevancia operativa, e incluso mediática, su creación no se plasmó de igual manera en el marco normativo del Sistema de Inteligencia Nacional
La idea del Gobierno de avanzar con un “nuevo” Consejo de Seguridad Nacional amenaza con convertirse en más cartas en un castillo ya endeble, que a levantar una arquitectura institucional desde cero. Sobre una estructura ya armada, y de por sí endeble, se van sumando piezas nuevas que se apoyan en las originales, sin resolver del todo las fragilidades de fondo.
Ese es, en esencia, el problema de fondo que abre la discusión sobre el paquete de reformas que el Ejecutivo prepara en materia de seguridad, inteligencia y defensa. Según la cobertura periodística, la iniciativa busca crear un ámbito de coordinación estratégica inspirado en el modelo estadounidense, con participación de la Presidencia, los ministerios vinculados a Seguridad, Defensa y Cancillería, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y el Estado Mayor Conjunto. Pero, literalmente, ya existe desde hace décadas un entramado legal que regula la coordinación federal de la seguridad interior, la inteligencia y la defensa.
Esta reestructuración, sin embargo, se maneja bajo un estricto hermetismo. A diferencia de lo ocurrido con la “actualización” laboral, cuya letra chica circuló meses antes de su implementación permitiendo medir impactos y reacciones, el paquete de Seguridad y Defensa se mantiene bajo siete llaves. No hubo filtraciones que permitieran auditar técnicamente las medidas antes de su llegada al Congreso, lo que aumenta la incertidumbre sobre cómo se acoplarán estas nuevas piezas al sistema vigente.
Pieza actual: el Consejo de Seguridad Interior
La Ley 24.059 creó el Consejo de Seguridad Interior como órgano de coordinación entre la Nación y las provincias para planificar y articular políticas de seguridad interior. No es, salvo por voluntad política y técnica, un espacio de dirección estratégica excepcional, sino una instancia para la coordinación federal de fuerzas y políticas operativas. Además, desde 2015 en adelante el Consejo ha funcionado de forma intermitente pero real: reuniones verificadas incluyen encuentros en Paraná (2021), La Rioja (2022), el Centro Cultural Kirchner (CABA, 19–20 de abril de 2023), Villa La Angostura (noviembre de 2024), Salta (2024), aperturas e instancias en 2025 y la primera convocatoria de 2026 en Córdoba. Las notas y comunicados oficiales pueden consultarse en el portal del Ministerio/Presidencia y en coberturas periodísticas locales (ver fuentes al final).
Una promesa que ya fue.
Crear un “Consejo de Seguridad” no es una idea nueva en la política argentina: en 2019 el entonces candidato Alberto Fernández la incluyó en su plataforma, pero la promesa no prosperó, según verificación de medios como Chequeado, y el gobierno optó por fortalecer el Consejo ya existente en lugar de crear un órgano nuevo. Ese antecedente obliga a preguntarse por qué ahora sería distinto y qué déficit político o técnico se pretende resolver con un nuevo diseño.
Atajos y cambios por decreto: SIDE, CNA y la reconfiguración del SIN
La cuestión normativa añade otra arista preocupante. En 2024 y 2025 el Poder Ejecutivo reconfiguró el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) por vía de decretos (entre ellos el DNU 614/2024 y el DNU 941/2025), introduciendo modificaciones sustantivas en la organización, conceptos y límites operativos de la actividad de inteligencia. Además, mediante el Decreto 717/2025 se creó el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), inicialmente dependiente de la SIDE, con integrantes y facultades que lo posicionan al nivel de otros organismos del SIN, pero que no se reflejan en el organigrama a la vista de la SIDE.
El análisis técnico en otros medios especializados en la temática subraya dos problemas concretos:
- la creación y la ampliación de funciones por decreto sin una reforma legal integral de la Ley de Inteligencia (Ley 25.520) y
- errores de técnica legislativa y omisiones prácticas: por ejemplo, el CNA se creó y opera, pero no fue formalmente incorporado en el listado normativo que define los organismos del SIN, lo que genera inseguridad jurídica y solapamientos funcionales.
Consecuencias institucionales y riesgos
La falta de precisión técnica y el uso de decretos para reconfigurar áreas sensibles no son solo errores de forma; tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento del Estado y la vigencia de los controles republicanos. Al superponer un Consejo de Seguridad Nacional sobre un sistema de inteligencia que ya arrastra omisiones legales, el Gobierno se expone a una serie de riesgos institucionales que podrían comprometer tanto la eficacia operativa como el respeto a las garantías constitucionales. Entre los puntos más críticos de esta reconfiguración se encuentran:
- Solapamientos y confusión de competencias: sumar un Consejo de Seguridad Nacional sin clarificar qué funciones absorbe y cómo articula con el Consejo de Seguridad Interior, la SIDE, la DNIC (Dirección Nacional de Inteligencia Criminal) o la inteligencia militar puede multiplicar las zonas grises operativas.
- Centralización del poder ejecutivo: un diseño centrado en la Casa Rosada puede debilitar mecanismos de control parlamentario y federal, a menos que el proyecto incluya explícitamente comisiones de seguimiento, auditorías independientes y reportes públicos con límites claros sobre actividades sensibles.
- Erosión de garantías y derechos: las reformas al SIN introducidas por DNU incluyen cambios conceptuales (por ejemplo, incorporación de “investigación de inteligencia”, excepciones a límites) que requieren debate público y controles judiciales para preservar derechos y prevenir usos indebidos.
- Fragilidad técnica: la práctica de reformar el SIN por DNU y crear centros u organismos sin incorporarlos formalmente al marco legal refuerza la metáfora del castillo de cartas: se agregan piezas, pero no se consolidan cimientos.
¿Qué debate se necesita?
Si la intención real es mejorar la gobernanza en materia de seguridad, defensa e inteligencia, el camino responsable es claro: un proyecto de ley integral que precise composición, funciones, límites, controles y regulación de la cooperación federal e internacional. En particular deberían incluirse:
- mapa claro de competencias entre Consejo de Seguridad Interior (existente) y el eventual Consejo de Seguridad Nacional (nuevo);
- definición normativa del rol del CNA en el SIN y su incorporación formal a la ley;
- cláusulas de rendición de cuentas: informes periódicos al Congreso, fiscalización de la Comisión Bicameral de Inteligencia, auditorías independientes y protocolos de actuación que respeten garantías procesales;
- límites nítidos para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y mandatos que impidan su uso como herramienta de orden público ordinario;
- precisión técnica en la redacción para evitar ambigüedades operativas (evitar la sobreposición de conceptos como “investigación judicial” e “inteligencia”).
Primero la base, después más cartas.
La creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional, presentada como solución estructural, corre el riesgo de ser en la práctica otra capa añadida a un andamiaje que ya funciona con dificultad. La metáfora del castillo de cartas no es retórica: si no se refuerzan las bases (leyes, mapa de competencias, controles y técnica legislativa), sumar piezas, por decreto o por ley apresurada, solo aumentará la inestabilidad institucional. Antes de ampliar el conjunto conviene recomponer primero la base.
*Juan Carlos Espíndola: Especialista en Inteligencia Criminal
Fuentes y lecturas citadas.
- Nota TN sobre el paquete de reformas en seguridad, inteligencia y defensa: https://tn.com.ar/politica/2026/07/09/el-gobierno-avanza-con-un-paquete-de-reformas-sobre-seguridad-inteligencia-y-defensa-para-enviar-al-congreso/
- Ley de Seguridad Interior (Ley 24.059): https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/458/texact.htm
- Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520): https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70496/texact.htm
- Ley de Defensa Nacional (Ley 23.554): https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm
- Chequeado — Promesa de crear un Consejo de Seguridad (contexto histórico): https://chequeado.com/ultimas-noticias/alberto-fernandez-y-la-promesa-crear-un-consejo-de-seguridad/
- Reestructuración del SIN y creación del CNA (análisis): «Un nuevo miembro en el S.I.N.», El Analista — https://elanalista.com.ar/un-nuevo-miembro-en-el-s-i-n/
- DNU y reconfiguración del SIN (comentario técnico): «Feliz SIDE nueva», El Analista — https://elanalista.com.ar/feliz-side-nueva/
- Comunicados y cobertura sobre reuniones del Consejo de Seguridad Interior (Argentina.gob.ar y medios):
- https://www.argentina.gob.ar/noticias/anibal-fernandez-encabezo-el-consejo-de-seguridad-interior-2023
- https://www.argentina.gob.ar/noticias/reunion-nacional-del-consejo-de-seguridad-interior
- https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-director-nacional-participo-del-iv-consejo-de-seguridad-interior
- Cobertura local: La Voz — https://www.lavoz.com.ar/politica/cordoba-sede-primera-reunion-consejo-seguridad-interior-ano_0_CRwfwjqeFj.html
