Madrid – 31 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El Gobierno de Pedro Sánchez ordenó el despliegue de efectivos del Ejército de Tierra para respaldar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional ante la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, una crisis que desbordó la capacidad de respuesta de Ceuta, paralizó buena parte de su actividad comercial y obligó a reforzar por tierra, mar y aire una de las fronteras exteriores más sensibles de la Unión Europea.
Miles de personas consiguieron ingresar irregularmente durante el jueves a través del espigón del Tarajal, por las playas y a nado, mientras otras permanecían concentradas en la localidad marroquí de Fnideq, a pocos kilómetros de la ciudad autónoma española. Las cifras continuaban siendo provisionales y presentaban fuertes diferencias: medios españoles calcularon entre 2.000 y 3.000 ingresos durante las primeras horas, mientras estimaciones posteriores elevaron considerablemente el número acumulado de cruces.
La magnitud de la oleada obligó al Ejecutivo español a recurrir a las Fuerzas Armadas, una decisión extraordinaria que dejó expuesta la insuficiencia del dispositivo fronterizo disponible para contener un movimiento simultáneo de miles de personas.
Los militares movilizados quedaron bajo coordinación del Mando de Operaciones y fueron asignados a tareas de apoyo logístico, vigilancia y seguridad junto con la Guardia Civil. A los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en la frontera se sumó un pelotón de 20 integrantes, mientras otros dos grupos, con 40 militares adicionales, tenían previsto incorporarse en las horas siguientes.
El operativo contempla además el traslado de 30 guardias civiles procedentes de distintas unidades de Andalucía, así como dos equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), integrados por ocho buceadores destinados a las tareas de búsqueda, rescate y recuperación de cuerpos en el mar.
La Guardia Civil reforzó igualmente su capacidad marítima. A las dos embarcaciones medias y cuatro lanchas zodiac desplegadas habitualmente en Ceuta se sumó el buque Duque de Ahumada, mientras se dispuso la incorporación de cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos especializados en drones.
La Policía Nacional envió un equipo de seis funcionarios de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para colaborar en la identificación, reseña y documentación de las personas ingresadas. Los integrantes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) debieron duplicar turnos y cumplir jornadas extraordinarias.
Tres equipos de la UIP procedentes de Sevilla llegaron el jueves y serán complementados por unidades centrales y de Málaga, hasta alcanzar aproximadamente 200 policías dedicados específicamente a mantener la seguridad ciudadana.
La intervención militar y policial se produjo después de una noche de graves incidentes en el lado marroquí. Miles de personas se concentraron en Fnideq e intentaron avanzar hacia la frontera pese al despliegue de las fuerzas de seguridad de Marruecos. Hubo choques, corridas, estampidas y el incendio de un autobús y al menos siete vehículos, mientras las autoridades utilizaron camiones hidrantes para dispersar a los grupos que buscaban rutas alternativas hacia Ceuta.
El balance de víctimas también permanecía sujeto a actualización. La información inicial indicó que la Guardia Civil había recuperado seis cadáveres y Salvamento Marítimo un séptimo, pero los últimos reportes elevaron a nueve el número de cuerpos hallados. Otras versiones difundidas durante la evolución de la crisis mencionaron cifras mucho mayores, todavía sin una consolidación oficial verificable.
La llegada masiva provocó escenas de colapso en una ciudad de aproximadamente 84.000 habitantes, cuya dimensión territorial y capacidad de alojamiento resultan limitadas. Bares, restaurantes, supermercados, quioscos y comercios del centro bajaron sus persianas ante la presencia de miles de personas en las calles y el temor a incidentes.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ya había advertido antes de la última oleada sobre una situación de “extrema presión migratoria” y reclamado estudiar la creación de un mando único para coordinar a las distintas fuerzas y administraciones. El gobierno ceutí había contabilizado más de 1.500 llegadas por vía marítima en los días previos al desborde del jueves.
Alberto Núñez Feijóo, jefe del Partido Popular, reclamó que el Gobierno reconozca formalmente la existencia de una emergencia en Ceuta y utilice todos los recursos del Estado. La oposición acusó al Ejecutivo de reaccionar tarde frente a una acumulación de indicios que advertían sobre la posibilidad de una entrada coordinada y masiva.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que el Estado se encontraba volcado en recuperar la normalidad y calificó posteriormente los hechos como una “violación de la integridad territorial de España”. Responsabilizó a las redes de tráfico de personas, aunque defendió la cooperación con Marruecos y aseguró que la comunicación con Rabat había sido constante.
El Ministerio del Interior informó que España y Marruecos acordaron revisar y aplicar mecanismos para devolver “lo antes posible” a quienes ingresaron irregularmente. El procedimiento se apoya en el acuerdo bilateral de readmisión firmado en 1992 y vigente desde 2012, que regula la devolución de ciudadanos marroquíes y de extranjeros que hayan entrado a España desde territorio de Marruecos.
La posibilidad de ejecutar devoluciones aceleradas abrió una nueva controversia jurídica. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advirtió que las entregas colectivas podrían vulnerar el derecho de cada persona a solicitar asilo y recibir una evaluación individual de su situación.
El conflicto quedó además condicionado por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que restringió las devoluciones inmediatas de quienes llegan a nado, salvo que la entrada se produzca superando una barrera física claramente identificable. El gobierno de Ceuta sostuvo que esa decisión favoreció la percepción de que quienes alcanzaran la costa española no podrían ser retornados inmediatamente y pidió adaptar el dispositivo fronterizo a la nueva situación judicial.
Desde Bruselas, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ofreció respaldo financiero, técnico y operativo, incluido un eventual despliegue de la agencia Frontex. La Comisión Europea señaló que Ceuta forma parte de la frontera exterior comunitaria y respaldó la cooperación entre España y Marruecos para frenar nuevos ingresos y acelerar los retornos dentro de la normativa aplicable.
La crisis reavivó los interrogantes sobre el papel de Marruecos como guardián de la frontera europea. La colaboración de Rabat permitió reducir durante años la presión sobre Ceuta y Melilla, pero esa dependencia otorgó al reino alauita una poderosa herramienta política frente a Madrid y Bruselas. En mayo de 2021, alrededor de 8.000 personas ingresaron en Ceuta en apenas dos días, en medio de una crisis diplomática provocada por la hospitalización en España del jefe del Frente Polisario, Brahim Ghali.
La oleada actual superó rápidamente aquel antecedente en capacidad de desorganización y obligó a España a militarizar parcialmente el control del Tarajal, mientras el buque Duque de Ahumada, los equipos de buceo y los nuevos contingentes policiales continuaban llegando a una ciudad que deberá identificar, alojar o devolver a miles de personas dispersas por su reducido territorio.
