Buenos Aires – 1 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA-. El avance de compañías extranjeras sobre los recursos petroleros que rodean las Islas Malvinas comenzó a transformar la ocupación británica en una estructura económica de largo plazo, mientras el gobierno de Javier Milei oscila entre comunicados de rechazo, amenazas todavía no concretadas y decisiones internas que debilitan la coherencia de su propia posición.
La controversia adquiere una dimensión mayor ante la posibilidad de que Milei viaje al Reino Unido durante el último trimestre de 2026 para encabezar una “Argentina Week” destinada a captar inversiones. La visita no fue oficialmente confirmada y continúa bajo evaluación, pero la Casa Rosada analiza convertir a Londres en una nueva escala de su diplomacia económica, aun cuando empresas británicas, israelíes y canadienses consolidan actividades autorizadas por la administración colonial de las islas.
El principal foco es Sea Lion, yacimiento situado en la Cuenca Malvinas Norte, cuya primera etapa será desarrollada por la israelí Navitas Petroleum Development and Production, con una participación del 65 por ciento, y la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35 por ciento restante.
Ambas empresas adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión y completaron el cierre financiero del proyecto. La primera producción está prevista para 2028, con una inversión inicial estimada en 2.100 millones de dólares, recursos recuperables cercanos a 170 millones de barriles durante la primera fase y una producción máxima proyectada de aproximadamente 50.000 barriles diarios.
El proyecto no constituye, por lo tanto, una especulación distante. Las decisiones empresariales centrales ya fueron adoptadas, la financiación fue estructurada y las compañías avanzan con contratos, ingeniería y preparación logística. La administración británica de las islas espera cobrar una regalía del 9 por ciento sobre los ingresos y un impuesto corporativo del 26 por ciento sobre las ganancias, lo que permitiría sostener durante décadas el aparato económico instalado sobre territorio cuya soberanía reclama la Argentina.
El Departamento de Recursos Minerales de la administración isleña incluye entre los titulares u operadores de licencias activas a Navitas, Rockhopper, Borders & Southern Petroleum y JHI Falklands Inc. Esta última tiene sede en Canadá y participa en actividades exploratorias, mientras Borders & Southern concentra sus intereses en la Cuenca Malvinas Sur.
La lista no significa que todas esas firmas se encuentren actualmente extrayendo petróleo. Algunas conservan licencias, realizan evaluaciones o buscan socios para proyectos futuros. Pero demuestra que el Reino Unido construyó un entramado jurídico y comercial propio, adjudicó bloques y creó condiciones para convertir el subsuelo marítimo en un activo internacional negociable en territorio argentino..
En las últimas semanas también surgieron informaciones sobre contactos de la naviera chilena Easter Island Logistics, también identificada como Empresa de Navegación Isla de Pascua, con autoridades isleñas para ampliar conexiones marítimas y explorar posibles servicios logísticos. Hasta ahora no se conoció un contrato oficial que incorpore a la firma al proyecto Sea Lion, por lo que corresponde diferenciar las conversaciones o manifestaciones de interés de una participación empresarial ya acordada.
La eventual intervención de una compañía chilena tendría, sin embargo, un fuerte impacto diplomático. Chile reconoce el reclamo argentino de soberanía y acompañó históricamente resoluciones regionales favorables a la reanudación de las negociaciones entre Buenos Aires y Londres. La prestación de servicios a la estructura petrolera británica abriría una contradicción entre esa posición política y la actuación de una empresa constituida en su territorio.
El avance energético es acompañado por infraestructura permanente. El denominado Gobierno de las Islas Malvinas firmó contratos para construir un nuevo puerto que sustituirá al deteriorado sistema flotante existente en las proximidades de Puerto Argentino.
La obra fue encomendada a Damen Civil and Modular Construction BV, perteneciente al grupo neerlandés Damen Shipyards, y no a una empresa neozelandesa, como fue señalado en algunas publicaciones. El proyecto incluye nuevas instalaciones portuarias, accesos terrestres y mayor capacidad para operaciones pesqueras, carga y servicios marítimos.
Aunque la documentación oficial isleña destaca especialmente la actividad pesquera, el puerto proporcionará también una plataforma logística útil para el desarrollo petrolero, el abastecimiento de buques, el tránsito antártico y la ampliación de la presencia británica en el Atlántico Sur.
Frente a estos movimientos, el gobierno argentino respondió con una combinación de rechazo diplomático e indefinición práctica. La Cancillería calificó de ilegítimas las licencias concedidas a Rockhopper y Navitas y sostuvo que cualquier actividad realizada sin autorización argentina viola la soberanía nacional y las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a las partes a evitar actos unilaterales mientras permanezca abierto el litigio.
El canciller Pablo Quirno afirmó que las empresas podrían enfrentar sanciones administrativas, acciones penales y reclamos en jurisdicciones nacionales e internacionales. También sostuvo que la Argentina no reconoce las licencias otorgadas por las autoridades isleñas y que defenderá sus derechos ante los tribunales.
La advertencia todavía necesita traducirse en actuaciones identificables. La legislación argentina ya proporciona instrumentos concretos. La Ley 26.659, modificada por la Ley 26.915, prohíbe realizar exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional y contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, multas calculadas según el valor internacional del petróleo y sanciones penales.
Navitas ya fue declarada ilegal e inhabilitada por la Argentina en 2022 debido a su participación en Sea Lion. Rockhopper había sido sancionada anteriormente. El problema no es la inexistencia de normas ni de antecedentes, sino la falta de claridad sobre qué nuevas acciones adoptará el gobierno de Milei ahora que el proyecto superó la etapa exploratoria y se encamina hacia la producción.
El portavoz presidencial Adrián Ravier evitó profundizar públicamente la posición oficial y remitió sus respuestas al comunicado de la Cancillería. Su dificultad para explicar cuáles serán los pasos siguientes exhibió la falta de una política comunicacional coordinada ante un desarrollo que compromete recursos, soberanía y relaciones con países considerados aliados por Milei.
La mayor contradicción apareció con el Decreto 590/2026. La norma instruyó a la Secretaría de Energía a convocar un concurso público internacional para explorar el área CAN_200, un bloque de unos 5.000 kilómetros cuadrados localizado en la Cuenca Argentina Norte y bajo jurisdicción nacional.
El procedimiento se originó en una manifestación de interés presentada en febrero de 2025 por la británica Challenger Energy Group PLC. El decreto no le adjudicó directamente el bloque ni habilitó actividades en las aguas que rodean Malvinas: ordenó realizar una licitación abierta en la que podrán presentarse otros oferentes.
Tampoco es jurídicamente equivalente una compañía británica que solicita permiso a la Argentina para operar en una zona reconocida bajo administración nacional y una firma que acepta licencias concedidas por el gobierno ilegítimo de las islas. En el primer caso, la empresa reconoce la jurisdicción argentina; en el segundo, la desconoce.
Pero la diferencia legal no elimina la contradicción política y comunicacional. Mientras Quirno amenaza con demandar a compañías extranjeras vinculadas al entramado británico de Malvinas, Milei impulsa un concurso nacido por iniciativa de otra empresa británica y autoriza que el futuro contrato pueda someter controversias a tribunales arbitrales internacionales.
La política exterior libertaria agrega otra dificultad. Milei manifestó admiración por Margaret Thatcher, mantiene una relación ideológica cercana con sectores conservadores británicos y procura construir lazos económicos con Londres. Al mismo tiempo, su Gobierno asegura que intentará reabrir el diálogo sobre soberanía y denunciará la explotación unilateral de recursos.
La posibilidad de una visita presidencial exigirá definir qué asunto ocupará realmente la agenda. Una “Argentina Week” centrada únicamente en inversiones, sin un planteo directo sobre Sea Lion, las licencias petroleras, la pesca y la militarización del archipiélago, podría ser utilizada por Londres para mostrar una normalización bilateral mientras consolida hechos económicos irreversibles.
Quirno afirmó recientemente que la persistencia de la disputa impide que la relación con el Reino Unido alcance toda su profundidad. También reclamó el cumplimiento de las resoluciones internacionales y denunció las acciones unilaterales británicas.
El desafío consiste en convertir esas declaraciones en una estrategia. Sea Lion ya tiene inversores, socios, planificación productiva y fecha estimada para comenzar a extraer petróleo. El nuevo puerto avanza y la administración isleña ofrece un horizonte de estabilidad contractual a empresas interesadas en servicios, pesca, logística y energía.
La próxima señal concreta surgirá del procedimiento sancionatorio anunciado por Quirno. La Cancillería deberá precisar qué empresas serán alcanzadas, qué tribunales considera competentes, cómo actuará frente a firmas de países aliados y si advertirá a bancos, aseguradoras, navieras y proveedores que faciliten el proyecto petrolero.
