Buenos Aires – 3 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – El Gobierno nacional decidió ofrecer nuevas concesiones a los bloques dialoguistas del Senado para evitar otro fracaso del proyecto que flexibiliza la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger que perdió apoyos ante el creciente rechazo político, social, religioso y territorial.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunciaría este martes 4 de agosto, a las 16, las modificaciones acordadas con la Casa Rosada antes de que el Senado retome el jueves 6 el cuarto intermedio iniciado el 16 de julio.
La principal alternativa bajo análisis consiste en mantener un límite nacional a la propiedad extranjera de tierras rurales, pero elevarlo por encima del 15% establecido por la legislación vigente. Esta concesión implica un retroceso respecto de la intención inicial del Gobierno, que pretendía eliminar los topes para personas físicas y sociedades privadas extranjeras.
La negociación todavía no estaba cerrada este lunes. Bullrich continuaba discutiendo la redacción con Sturzenegger y con senadores de la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales, cuyos votos resultan indispensables para aprobar el proyecto denominado oficialmente “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
El expediente 13/26 fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado el 27 de marzo. Obtuvo dictamen de mayoría el 20 de mayo, aunque con disidencias de los senadores Carlos “Camau” Espínola y Edith Terenzi, además de dos dictámenes de minoría presentados por sectores opositores. La iniciativa permanece pendiente de tratamiento después de sucesivas postergaciones.
La sesión del 16 de julio aprobó por 62 votos contra tres y una abstención un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. La decisión permitió al oficialismo evitar que el capítulo sobre tierras fuera rechazado en el recinto, después de que varios legisladores que habían contribuido al quórum advirtieran que no acompañarían la eliminación de los límites.
Bullrich atribuyó entonces la postergación a la ausencia de aliados que se encontraban de viaje, pero dentro del Senado reconocen que el problema central no era solamente numérico. El texto había acumulado resistencias por su alcance y por la negativa de Sturzenegger a reconocer plenamente la potestad de las provincias para establecer restricciones propias.
La Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, fija en 15% el máximo de tierras rurales que puede quedar en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental o municipal. Además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese cupo y una misma persona o sociedad extranjera no puede poseer más de mil hectáreas en la zona núcleo o su superficie equivalente.
El proyecto original del Poder Ejecutivo eliminaba los límites nacionales para inversores privados y permitía que las provincias establecieran restricciones particulares. El oficialismo defendió ese mecanismo como una aplicación del federalismo, aunque sus críticos señalaron que podía originar una competencia entre gobernadores para ofrecer condiciones cada vez más permisivas a grandes fondos y compañías internacionales.
El texto incorporó después un régimen diferenciado para empresas controladas o participadas por estados extranjeros. En esos casos, las operaciones requerirían un “doble conforme”: autorización de la provincia involucrada y aprobación del Estado nacional.
Ese mecanismo fue presentado por el Gobierno como una protección frente a adquisiciones estratégicas de compañías estatales o fondos soberanos, en particular de origen chino. Sin embargo, la restricción no alcanzaría del mismo modo a corporaciones privadas extranjeras, fondos de inversión o sociedades constituidas mediante estructuras en diferentes jurisdicciones.
Sturzenegger sostiene que la normativa vigente desalienta inversiones en actividades agropecuarias, forestales, portuarias, energéticas y mineras. El ministro calculó que la flexibilización podría generar ingresos cercanos a los 15.000 millones de dólares, aunque esa estimación oficial no fue acompañada públicamente por una nómina de proyectos concretos, compradores identificados o compromisos de inversión vinculantes.
La resistencia aumentó cuando comenzó a difundirse que unos 13 millones de hectáreas rurales argentinas ya se encuentran en manos extranjeras, equivalentes aproximadamente al 5% del territorio computado por el registro. El promedio nacional oculta concentraciones mucho mayores en departamentos fronterizos, cordilleranos y zonas con agua, minerales, bosques o valor estratégico.
Algunos departamentos ya superan el 15% y otros registran niveles considerablemente más altos. Entre los casos mencionados se encuentra Cushamen, en Chubut, donde la presencia extranjera ronda el 23% y se localizan extensas propiedades del grupo italiano Benetton.
Las objeciones no se limitan a la cantidad de hectáreas. Senadores patagónicos y del nordeste advierten que la discusión comprende el control indirecto de cuencas hídricas, pasos fronterizos, costas, áreas productivas, reservas minerales y territorios cercanos a infraestructura crítica.
En Misiones, los senadores de Encuentro Misionero Carlos Arce y Sonia Rojas Decut comenzaron a recibir fuertes reclamos de organizaciones y actores provinciales. La presión local puso en duda dos votos que el oficialismo consideraba disponibles.
También expresaron reparos varios integrantes del radicalismo. Al menos tres senadores de la UCR que dieron quórum el 16 de julio adelantaron que no respaldarían el capítulo de tierras si se mantenía la desaparición completa de los topes.
La posición de las senadoras chubutenses Edith Terenzi, de la UCR, y Andrea Cristina, del PRO, también resulta determinante. Ambas responden, con diferentes niveles de alineamiento, al gobernador Ignacio Torres, quien debe evaluar el costo político de apoyar una flexibilización que provoca particular resistencia en la Patagonia.
La vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, se pronunció públicamente contra la extranjerización sin límites y volvió a diferenciarse del presidente Javier Milei. Su rechazo añadió peso institucional a una protesta que ya incluía a sectores de la oposición, organizaciones ambientalistas, entidades territoriales y representantes de la Iglesia Católica.
La Iglesia intervino desde el inicio del debate parlamentario. El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, expuso durante la primera reunión de comisiones y cuestionó especialmente las modificaciones que afectaban el régimen de regularización dominial de barrios populares. Ese capítulo terminó siendo retirado para ser discutido en otra iniciativa.
El proyecto, sin embargo, mantiene un alcance considerablemente más amplio que la extranjerización. Modifica el régimen de expropiaciones, acelera desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, y altera la Ley de Manejo del Fuego para reducir restricciones sobre el uso productivo o inmobiliario de terrenos afectados por incendios.
Organizaciones jurídicas y sociales advierten que la combinación de desalojos acelerados, flexibilización del régimen de tierras y cambios posteriores a incendios puede facilitar la concentración de propiedades y el avance de grandes actores económicos sobre territorios ocupados por familias vulnerables, comunidades rurales o pequeños productores.
El dictamen oficialista ya sufrió alrededor de quince modificaciones desde su presentación. Entre ellas figuran la eliminación del capítulo sobre barrios populares, cambios en las indemnizaciones por expropiaciones, distinciones entre ocupantes legítimos y usurpadores, la supresión de autorizaciones automáticas por silencio administrativo y un mayor papel de las provincias.
La nueva concesión sobre el porcentaje de tierras en manos extranjeras demuestra que la Casa Rosada no consiguió reunir votos para la propuesta sin límites defendida por Sturzenegger. El Gobierno buscará ahora presentar un tope superior al 15% como un punto intermedio entre la ley vigente y la apertura total.
La definición del porcentaje será central. Un aumento al 20%, 25% o 30% permitiría legalizar una expansión de millones de hectáreas en manos extranjeras, aunque formalmente se conserve una barrera nacional.
También deberá establecerse si se mantendrá el actual límite por nacionalidad, qué ocurrirá con la restricción individual de mil hectáreas en la zona núcleo, cómo se identificarán los beneficiarios finales de sociedades complejas y qué controles se aplicarán sobre áreas fronterizas, cursos de agua y recursos naturales.
Los bloques dialoguistas temen además aprobar una versión negociada que después sea alterada mediante reglamentación o vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo. Esa sospecha creció cuando Sturzenegger objetó que las provincias pudieran fijar límites propios, pese a que Bullrich había presentado esa facultad como uno de los fundamentos federales del dictamen.
Frente al Congreso se prepara para el jueves una manifestación convocada por partidos políticos, organizaciones sociales, entidades ambientalistas y agrupaciones territoriales. La protesta coincidirá con la reanudación de una sesión cuyo resultado dependerá de las concesiones que Bullrich consiga transformar en votos.
