Por Sandra Mossayebeh
Las elecciones en Chile, Perú y Colombia reconfiguran el equilibrio político regional y vuelven a colocar a América Latina en el centro de la disputa estratégica entre Washington y Pekín.
Buenos Aires – 3 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA –La llegada de José Antonio Kast a la presidencia de Chile, el regreso del fujimorismo al poder en Perú con Keiko Fujimori y la elección de Abelardo De la Espriella en Colombia no representan únicamente una sucesión de cambios de gobierno. En conjunto, expresan una transformación política que comienza a modificar el equilibrio estratégico del hemisferio occidental. Más que un giro ideológico, América Latina atraviesa un cambio en las prioridades de sus sociedades, un proceso que abre una oportunidad para que Estados Unidos recupere parte de la influencia que había cedido durante las dos últimas décadas, precisamente cuando la presencia económica y tecnológica de China alcanzó su mayor nivel de consolidación en la región.
Durante buena parte del siglo XXI, Washington redujo progresivamente la atención dedicada a América Latina. La lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre, las guerras en Afganistán e Irak, el ascenso de China como competidor global, la creciente tensión en el Indo-Pacífico y, más recientemente, la guerra en Ucrania desplazó al hemisferio occidental de las prioridades estratégicas estadounidenses. Ese vacío fue aprovechado por Pekín, que desarrolló una política sostenida de financiamiento, inversión e integración comercial. Puertos, infraestructura logística, energía, minería, telecomunicaciones y financiamiento de obras públicas pasaron a conformar una red de influencia que modificó la inserción internacional de numerosos países latinoamericanos.
Sin embargo, mientras China avanzaba sobre el terreno económico, las sociedades latinoamericanas comenzaron a experimentar una transformación política de signo diferente. El crecimiento del crimen organizado, la expansión de la violencia, el deterioro de la seguridad pública, la presión migratoria y un desempeño económico insuficiente para sostener la movilidad social alteraron las prioridades de amplios sectores de la ciudadanía. Las preocupaciones vinculadas con la seguridad dejaron de ocupar un lugar secundario para convertirse en el principal criterio con el que muchos electores comenzaron a evaluar la eficacia de sus gobiernos.
Las recientes elecciones en América Latina solo pueden comprenderse a la luz de esta transformación. Aunque cada proceso respondió a dinámicas nacionales específicas, los resultados electorales registrados en distintos países de la región revelan una misma tendencia: la preferencia por gobiernos capaces de recuperar el control del Estado frente al avance del crimen organizado, restablecer el orden público y responder con mayor eficacia a las demandas de seguridad. Más que una adhesión definitiva a un determinado proyecto ideológico, estos resultados expresan el agotamiento de modelos de gestión que, desde la percepción de amplios sectores sociales, dejaron de ofrecer respuestas satisfactorias frente a problemas cada vez más urgentes.
Pocas experiencias reflejan con tanta claridad este proceso como la chilena. Durante años, una parte del debate político procuró relativizar la percepción de inseguridad apelando a estadísticas comparativas que mostraban al país en mejores condiciones que el resto de América Latina. Sin embargo, la política rara vez se define únicamente por indicadores objetivos. La expansión de organizaciones criminales transnacionales, el aumento de determinados delitos violentos y una transformación migratoria acelerada modificaron la percepción de seguridad de una sociedad que durante décadas se había considerado una excepción regional. Cuando la experiencia cotidiana comenzó a contradecir el discurso oficial, una parte significativa del electorado interpretó que las instituciones estaban perdiendo capacidad para garantizar una de sus funciones esenciales: proteger a los ciudadanos.
Aunque el contexto peruano difiere del chileno, el desenlace responde a una lógica semejante. La victoria ajustada de Keiko Fujimori evidencia una sociedad profundamente dividida, pero también refleja el desgaste provocado por años de inestabilidad política, confrontación institucional y creciente inseguridad. La promesa de recuperar el orden mediante una política más firme frente al crimen organizado, acompañada por reformas penitenciarias, incorporación de nuevas tecnologías y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad, encontró eco en un electorado que priorizó la búsqueda de estabilidad sobre otras consideraciones.
La elección de Abelardo De la Espriella en Colombia confirma que este fenómeno ya no puede interpretarse como una sucesión de casos nacionales independientes. Su triunfo evidencia que las demandas de autoridad estatal, seguridad y lucha contra el crimen organizado dejaron de ser preocupaciones aisladas para convertirse en uno de los principales ejes de la política latinoamericana contemporánea. La convergencia de estos procesos no implica la desaparición de las diferencias entre los distintos países, pero sí revela que las prioridades ciudadanas comienzan a reorganizarse alrededor de problemas compartidos.
Este proceso responde a factores que trascienden las particularidades de cada país y se repiten, con distinta intensidad, en buena parte de América Latina. La región continúa registrando una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo, con aproximadamente 18 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras cerca de la mitad de esos hechos se vincula con el crimen organizado. A ese escenario se suma un crecimiento económico persistentemente insuficiente. Tras expandirse un 2,4 por ciento en 2025, las proyecciones para 2026 apenas alcanzan el 2,3 por ciento, un desempeño incapaz de sostener la movilidad social, reducir la informalidad y generar expectativas de progreso. Cuando la inseguridad y el estancamiento económico convergen, los ciudadanos tienden a privilegiar gobiernos que prometen recuperar la autoridad del Estado. Ese cambio en las prioridades del electorado termina configurando un entorno político mucho más receptivo a las iniciativas de seguridad y cooperación impulsadas por Washington.
Las implicancias de esta transformación trascienden la política interna de los países latinoamericanos. El nuevo escenario configura una oportunidad estratégica para que Estados Unidos recupere parte de la influencia que había perdido en el hemisferio. A diferencia de lo ocurrido durante buena parte de la última década, Washington encuentra hoy gobiernos potencialmente más receptivos a una agenda basada en la cooperación en materia de seguridad, el combate contra el crimen organizado, el control migratorio y la protección de infraestructuras críticas. En otras palabras, el cambio de prioridades del electorado latinoamericano converge, por primera vez en muchos años, con los objetivos estratégicos definidos por la segunda administración de Donald Trump para la región.
La estrategia impulsada por la Casa Blanca responde a una concepción más amplia del hemisferio como espacio prioritario para la seguridad y la competencia entre grandes potencias. La segunda administración de Donald Trump volvió a situar a América Latina en el centro de su agenda mediante una combinación de cooperación en inteligencia, combate al crimen organizado, control migratorio, protección de infraestructuras críticas y reconfiguración de las cadenas de suministro. Más que recuperar influencia política, Washington busca reconstruir su capacidad de conducción estratégica en la región.
Ese objetivo comenzó a materializarse en marzo de 2026 con la creación de una coalición hemisférica contra el crimen organizado integrada por representantes de diecisiete países. La iniciativa refleja una estrategia que vincula la seguridad con la estabilidad institucional, la protección de las rutas comerciales y la contención de la influencia de potencias extrarregionales. En ese contexto, gobiernos que priorizan el orden y el fortalecimiento del Estado aparecen como interlocutores más receptivos a la agenda estadounidense.
Sin embargo, el retorno político de Washington no supone el restablecimiento automático de su primacía regional. Mientras Estados Unidos dirigía su atención hacia otros escenarios estratégicos, China consolidó una arquitectura de influencia económica que hoy condiciona cualquier intento de recomposición del liderazgo estadounidense. El puerto de Chancay simboliza esa realidad, pero no la agota. Forma parte de una estrategia regional sustentada en inversiones en infraestructura, energía, minería, telecomunicaciones y financiamiento, que otorgó a Pekín una presencia económica de largo plazo en América Latina.
La región vuelve a situarse en el centro de la competencia entre las dos principales potencias del sistema internacional. En ese contexto, Estados Unidos encuentra en América Latina un escenario político más favorable para reconstruir su liderazgo hemisférico. La convergencia entre las nuevas prioridades del electorado latinoamericano y la estrategia impulsada por Washington constituye la mejor oportunidad de las últimas dos décadas para recuperar capacidad de influencia en una región donde China consolidó una presencia económica de carácter estructural. Sin embargo, esa oportunidad no dependerá únicamente de la afinidad política de los nuevos gobiernos. Exigirá que Estados Unidos complemente su agenda de seguridad con inversión, innovación tecnológica y una presencia económica sostenida capaz de competir con la infraestructura, el financiamiento y el comercio que Pekín desarrolló durante los años de menor atención estadounidense.
Si Washington logra traducir esta convergencia política en una estrategia hemisférica sostenida, el actual giro latinoamericano podría marcar el inicio de una nueva etapa de liderazgo estadounidense. De lo contrario, habrá recuperado gobiernos políticamente afines, pero no la capacidad de conducción estratégica que históricamente distinguió su presencia en el hemisferio. La oportunidad está abierta. Su consolidación dependerá, en última instancia, de que Estados Unidos mantenga una presencia política, económica y tecnológica sostenida, capaz de disputar la influencia que China consolidó durante las últimas dos décadas.
