Buenos Aires – 3 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – La posible creación de una ruta marítima mensual entre Punta Arenas y las Islas Malvinas por parte de la empresa chilena Easter Island Naviera encendió una nueva alarma en la Argentina, apenas semanas después de que el patrullero británico HMS Medway, desplegado en el archipiélago ocupado, recibiera apoyo logístico y atención oficial en un puerto chileno. La sucesión de episodios beneficia directamente al Reino Unido, reduce los costos de abastecimiento de las islas, refuerza su proyección militar y económica en el Atlántico Sur y expone la contradicción de Chile, que respalda en los foros regionales la negociación de soberanía, pero permite acciones concretas que consolidan la presencia británica.
Representantes de Easter Island Naviera visitaron recientemente las islas y mantuvieron más de una docena de reuniones con empresas locales, además de presentar el proyecto ante la cámara de comercio del archipiélago. La visita fue organizada por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), organismo encargado de promover la actividad económica bajo la administración británica.
La compañía analiza establecer un servicio regular de carga, con una frecuencia inicial de un viaje mensual entre Punta Arenas y Puerto Argentino. El plan todavía debe completar su evaluación comercial, pero la recepción obtenida entre los empresarios isleños confirmó que existe interés suficiente para avanzar.
El responsable de proyectos estratégicos de la FIDC, Sam Cockwell, afirmó que existe un “claro interés” desde Chile por restablecer una conexión marítima comercial con las islas. El director ejecutivo del organismo, Zachary Franklin, atribuyó los avances a los intercambios de delegaciones realizados durante 2024 y 2025, que incluyeron contactos en Punta Arenas y Santiago con la participación de la Cámara Chileno-Británica de Comercio.
La eventual ruta permitiría transportar alimentos, materiales de construcción, repuestos, insumos industriales, maquinaria y otros productos desde el continente sudamericano. Easter Island Naviera también evaluó cargas de retorno hacia Chile, entre ellas chatarra y materiales reciclables, con el objetivo de reducir viajes vacíos y mejorar la rentabilidad del servicio.
Para Londres, la conexión representa mucho más que un negocio de transporte. Las Malvinas se encuentran a más de 12.000 kilómetros del Reino Unido y el sostenimiento de la ocupación depende de una extensa y costosa cadena de abastecimiento aéreo y marítimo. Un enlace regular con Punta Arenas acortaría distancias, abarataría fletes y permitiría diversificar proveedores frente a eventuales interrupciones de las rutas actuales.
El archipiélago ya cuenta con una conexión aérea de LATAM entre Punta Arenas y la base militar de Monte Agradable, además de intercambios comerciales con empresas chilenas. La incorporación de un servicio marítimo mensual transformaría ese vínculo puntual en una estructura logística más estable y con capacidad para mover cargas de mayor volumen.
La iniciativa aparece, además, cuando el Reino Unido avanza con proyectos petroleros en la cuenca norte de Malvinas. La documentación pública de la FIDC y de la naviera presenta la ruta como un servicio comercial general y no confirma una contratación específica para el proyecto Sea Lion. Sin embargo, una infraestructura regular desde Chile podría atender en el futuro las necesidades de las actividades hidrocarburíferas, pesqueras y portuarias desarrolladas unilateralmente por Londres en áreas sometidas a una disputa de soberanía.
El diputado nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Jorge Neri Araujo Hernández, presentó el proyecto de declaración 3516-D-2026 para solicitar al Poder Ejecutivo que realice gestiones diplomáticas ante Santiago e intente impedir que empresas chilenas contribuyan al sostenimiento económico de la ocupación.
La iniciativa advierte que una mayor conectividad con el continente fortalecería la logística británica, facilitaría la explotación unilateral de recursos naturales y reduciría el denominado “costo colonial” que el Reino Unido debe afrontar para mantener su presencia a miles de kilómetros de sus costas.
El legislador reclamó que Chile adopte medidas para evitar que compañías bajo su jurisdicción desarrollen actividades que puedan lesionar los derechos soberanos argentinos. También propuso que la Argentina se reserve el ejercicio de acciones diplomáticas, políticas y jurídicas en organismos internacionales.
La preocupación se profundizó por la escala realizada a comienzos de julio por el HMS Medway en Punta Arenas. El buque, perteneciente a la clase River Batch 2, reemplazó al HMS Forth como patrullero permanente de la Royal Navy en torno de las Malvinas y cumple tareas de vigilancia marítima, protección pesquera y presencia militar británica en el Atlántico Sur.
Durante su permanencia en Chile, el navío fue reaprovisionado en el muelle Arturo Prat, recibió la visita de representantes de la Armada chilena y de funcionarios británicos y mantuvo contactos vinculados con instalaciones de ASMAR Magallanes. La escala permitió al Reino Unido utilizar nuevamente la infraestructura portuaria chilena como apoyo cercano para una unidad militar destacada en el territorio ocupado.
La Cancillería argentina presentó el 13 de julio una nota formal de protesta al Reino Unido por los movimientos del HMS Medway, que incluyeron, según Buenos Aires, un tránsito no notificado por el mar territorial argentino. El Gobierno sostuvo que la operación incumplió los mecanismos bilaterales de información militar y se sumó a las decisiones unilaterales británicas contrarias a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Argentina también expresó su malestar a Chile por la asistencia prestada y por la participación de miembros de su Armada en actividades protocolares a bordo del patrullero. La sucesión de la escala militar y el proyecto naviero privado revela una continuidad: Punta Arenas se consolida como una plataforma logística de proximidad para la administración británica de Malvinas.
El argumento chileno sostiene que sus puertos se encuentran bajo su plena soberanía y que Santiago tiene libertad para mantener relaciones comerciales y de defensa con Londres. Desde esa perspectiva, el diferendo entre Argentina y el Reino Unido no obligaría a Chile a restringir el acceso de buques británicos ni los negocios de sus empresas privadas.
La discusión, sin embargo, no se limita a la soberanía portuaria chilena. Chile ha respaldado reiteradamente en la Organización de Estados Americanos, la CELAC y otros foros regionales el llamado a que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones sobre Malvinas. El 24 de junio volvió a acompañar la declaración de la OEA que reconoció la necesidad de encontrar una solución pacífica a la controversia.
Ese respaldo diplomático contrasta con una conducta práctica que favorece a una de las partes. La asistencia a un buque militar británico y la posible apertura de una cadena comercial estable reducen la presión logística sobre Londres y mejoran las condiciones para sostener las actividades económicas, militares y administrativas en el archipiélago.
La controversia no constituye únicamente una disputa bilateral sin reconocimiento internacional. La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica. El Comité Especial de Descolonización renovó ese llamado y recordó la obligación de evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras la controversia continúe pendiente.
El beneficio para Inglaterra es concreto. Cada nueva conexión con Sudamérica disminuye la dependencia del lejano abastecimiento británico, fortalece la autonomía económica del enclave, amplía las posibilidades de explotar recursos naturales y facilita la presencia permanente de la Royal Navy, la Real Fuerza Aérea y las instalaciones de Monte Agradable.
Para Chile, el vínculo puede generar ingresos portuarios, empleo, contratos de transporte y oportunidades comerciales en Magallanes. Para la Argentina, esos beneficios trasandinos tienen como contrapartida el fortalecimiento de la estructura que sostiene la ocupación británica y una disminución de los incentivos de Londres para sentarse a negociar.
El Gobierno argentino deberá definir si limita su respuesta a nuevas notas diplomáticas o si traslada el tema a la relación bilateral con Chile, a los mecanismos regionales de concertación y a los organismos internacionales. El proyecto todavía no tiene fecha de inicio, pero la FIDC ya confirmó que la empresa buscará completar su estudio de viabilidad y avanzar hacia un servicio mensual si consigue suficiente carga comprometida.
