Buenos Aires – 4 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – La Prefectura Naval Argentina intimó individualmente a 536 prácticos, pilotos y baqueanos para que reanuden de inmediato los servicios suspendidos en rechazo al Decreto 690/2026, bajo advertencia de iniciar sumarios administrativos y promover denuncias penales. La intervención del Gobierno se produjo cuando unos 140 buques permanecían demorados, las exportaciones agroindustriales comenzaban a acumular retrasos y el conflicto amenazaba con afectar importaciones, combustibles, insumos para Vaca Muerta y el ingreso de divisas.
La intimación fue cursada por la autoridad marítima a los profesionales registrados en las diferentes zonas de practicaje y pilotaje del país. Prefectura exigió que se coloquen a disposición del servicio regular y advirtió que la continuidad de la interrupción podría derivar en sanciones sobre sus habilitaciones y en presentaciones judiciales por el eventual entorpecimiento del transporte por agua o la afectación de la seguridad de la navegación.
La fuerza, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, actúa como órgano de fiscalización operativa y disciplinaria del sistema. La intimación no resolvió de inmediato el conflicto, ya que los profesionales mantuvieron su reclamo para que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue el decreto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El cese comenzó el domingo 2 de agosto y dejó sin asistencia las maniobras de ingreso, salida, atraque, desatraque y navegación de grandes embarcaciones por ríos, puertos, pasos y canales. Los prácticos no reemplazan al capitán, pero lo asesoran en trayectos que requieren conocimiento actualizado sobre profundidades, bancos, corrientes, tráfico, radios de giro y condiciones particulares de cada terminal.
La falta de esos servicios impidió el movimiento normal de buques en el Río de la Plata, el Puerto de Buenos Aires, Dock Sud, La Plata, Zárate-Campana, Bahía Blanca, Quequén y la Vía Navegable Troncal. El impacto más grave se registró en el complejo agroexportador del Gran Rosario, por donde sale la mayor parte de los granos, aceites y harinas que vende la Argentina.
Algunas terminales continuaron cargando barcos ya amarrados, pero debieron dejar márgenes de calado para evitar que las embarcaciones quedaran imposibilitadas de salir cuando completaran sus bodegas. Otros buques permanecieron en rada, sin poder ingresar a puerto o avanzar hacia sus destinos.
La paralización también alcanzó a un barco que transportaba equipamiento destinado a proyectos vinculados con Vaca Muerta, además de cargas de combustibles, fertilizantes, repuestos industriales y mercadería en contenedores. Cada jornada de demora genera gastos de sobreestadía, modifica cronogramas portuarios y puede derivar en reclamos contractuales contra exportadores, importadores y operadores logísticos.
El conflicto se originó con la publicación del Decreto 690, que derogó la reglamentación vigente desde 1991 y modificó integralmente el régimen de practicaje y pilotaje. La norma abrió el registro de profesionales sin cupos, habilitó la contratación directa, amplió las excepciones para determinados buques y autorizó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a establecer tarifas máximas.
También eliminó la división obligatoria de algunos recorridos en distintos tramos, lo que permitiría que un mismo profesional acompañe al buque durante trayectos más extensos. El Gobierno sostiene que esa segmentación generaba rotaciones innecesarias, demoras y mayores costos.
Otro punto cuestionado permite que capitanes argentinos o extranjeros prescindan del práctico cuando acrediten experiencia suficiente mediante certificados de conocimiento de zona. Para los profesionales en conflicto, el sistema flexibiliza controles de seguridad y podría autorizar navegaciones complejas sobre la base de antecedentes administrativos que no reemplazan la experiencia cotidiana de un práctico local.
La norma también habilitó a embarcaciones comerciales dedicadas a otras actividades para trasladar a los prácticos hacia los buques, siempre que cuenten con autorización de Prefectura. Las entidades del sector rechazan que los profesionales queden obligados a utilizar medios provistos por armadores o empresas privadas cuando consideren que no reúnen condiciones adecuadas.
Frente a una interrupción prolongada, el decreto faculta a Prefectura a prestar directamente los servicios, solicitar personal de la Armada Argentina y habilitar temporalmente a capitanes de ultramar o fluviales con conocimiento de zona. Sin embargo, el reemplazo exige disponer de oficiales suficientes y con experiencia concreta en cada canal, puerto y tipo de maniobra.
El Gobierno considera que la negativa constituye una acción destinada a impedir la entrada en vigor de una norma legal y sostiene que los servicios involucrados son esenciales para el funcionamiento del país. Desde el sector profesional responden que no aceptarán trabajar bajo disposiciones que, según afirman, podrían exponerlos a riesgos personales y comprometer la seguridad de buques, cargas y vías navegables.
El régimen anterior ya establecía que los prácticos debían prestar servicio en todo momento y obligaba a las empresas habilitadas a mantener al menos un 33% de sus profesionales en guardia operativa permanente, incluso ante cambios de destino o de giro de los barcos.
La Casa Rosada busca ahora quebrar la medida mediante intimaciones individuales, en lugar de limitar la disputa a las asociaciones o compañías prestadoras. Esa estrategia coloca a cada profesional ante la posibilidad de afrontar un sumario sobre su habilitación y una eventual presentación penal si persiste en rechazar los servicios asignados.
Mientras avanzaban las notificaciones, agencias marítimas y terminales comenzaron a reprogramar turnos, cargas y arribos. La acumulación de buques podría superar rápidamente la cifra de 140 si no se restablecen las maniobras, ya que cada día ingresan nuevas embarcaciones al sistema fluvial y marítimo argentino.
Fuentes consultadas: Prefectura Naval Argentina; Boletín Oficial de la República Argentina; Decreto 690/2026; Ministerio de Seguridad Nacional; Agencia Nacional de Puertos y Navegación; TN; Argenports; Trade News; entidades de prácticos, pilotos y baqueanos.
