Por Daniel Romero
Oro extraído ilegalmente en América Latina y África puede atravesar fronteras, cambiar de documentación y terminar refinado en Dubái hasta ingresar al mercado internacional con su origen prácticamente borrado. Investigaciones internacionales documentaron rutas desde Perú, Colombia, Venezuela, Sudán y África central, mientras traficantes de armas vinculados comercialmente con Emiratos negociaron grandes arsenales para grupos como las FARC y compañías radicadas en Dubái participaron en circuitos de oro utilizados para financiar fuerzas armadas y paramilitares.
Miami-Lima – 08 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – Una pepita de oro extraída ilegalmente en la selva amazónica, en una mina dominada por una organización criminal o en un territorio africano devastado por la guerra puede iniciar su recorrido manchada por asesinatos, explotación humana, corrupción o destrucción ambiental y terminar meses después convertida en un reluciente lingote que circula por los mercados mundiales sin que el comprador final pueda reconstruir con facilidad su verdadera procedencia.
En ese circuito aparece repetidamente un nombre: Dubái.
La ciudad de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se transformó durante las últimas décadas en uno de los mayores centros mundiales de compraventa, importación, refinación y reexportación de oro. Esa condición, perfectamente legítima para el comercio formal, produjo también una vulnerabilidad reiteradamente señalada por investigaciones internacionales: cantidades considerables de metal de procedencia dudosa encuentran allí una puerta hacia los circuitos legales.
El mecanismo resulta especialmente eficaz por las características físicas del propio oro.
Puede fundirse, mezclarse con metal procedente de otras minas, transformarse en lingotes y volver a comercializarse. Después de la refinación resulta extremadamente difícil determinar físicamente dónde fue extraído. La trazabilidad depende entonces de documentos, registros de proveedores, declaraciones aduaneras y controles sobre cada eslabón de la cadena.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha advertido que la minería ilegal y el tráfico de minerales representan instrumentos especialmente atractivos para organizaciones criminales porque permiten generar y lavar enormes cantidades de dinero dentro de cadenas comerciales que finalmente pueden adquirir apariencia legítima.
Una investigación de SWISSAID calculó que más de 435 toneladas de oro, valuadas entonces en más de US$30.000 millones, salieron clandestinamente de África durante 2022. Los Emiratos Árabes Unidos aparecieron como el principal destino de ese metal.
La Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) ha señalado además que una proporción extraordinariamente elevada del oro contrabandeado desde África oriental y central termina en Dubái, donde el metal puede ingresar a cadenas comerciales, refinerías y mercados internacionales.
Ahí se produce la transformación decisiva.
No se modifica el oro.
Se modifica su historia.
El caso de Perú muestra con particular claridad cómo esa economía puede pasar de la minería clandestina a convertirse en un verdadero sistema criminal.
El país es uno de los principales productores mundiales de oro, pero estimaciones del propio sector minero y de organismos financieros indican que hasta un 40% de los US$15.500 millones exportados en oro durante 2024 podría haber tenido origen ilegal.
El crecimiento no se detuvo.
Para 2025, el universo de la minería pequeña e informal había adquirido una dimensión extraordinaria. Se estimó que unas 500.000 personas estaban vinculadas a este sector y que producían aproximadamente US$11.000 millones anuales en oro, cerca de la mitad del valor total exportado por el país.
A semejante escala, la minería ilegal dejó de ser una actividad marginal practicada por buscadores artesanales aislados.
Se convirtió en una economía capaz de financiar estructuras criminales, comprar voluntades, pagar sicarios, adquirir armas y explosivos, dominar corredores logísticos y presionar al propio sistema político.
Funcionarios peruanos han estimado que la minería ilegal, principalmente aurífera, mueve entre US$3.000 millones y US$4.000 millones anuales y ya supera al narcotráfico como fuente de ingresos ilícitos en determinadas estimaciones oficiales.
Esa mutación puede observarse con crudeza en Pataz, provincia de la región de La Libertad, convertida durante los últimos años en uno de los epicentros de la violencia vinculada con el oro.
Allí operan compañías formales, pequeños mineros, explotaciones informales y bandas criminales que buscan apropiarse de socavones, mineral extraído, concesiones y rutas de salida.
El resultado fue una guerra por el control del subsuelo.
Bandas armadas comenzaron a atacar instalaciones mineras, cortar electricidad, destruir torres de alta tensión, utilizar explosivos, asesinar trabajadores y apropiarse de mineral.
La empresa Poderosa, una de las mayores productoras auríferas del país, denunció decenas de ataques y asesinatos de empleados y contratistas asociados a organizaciones vinculadas con la minería ilegal. Entre 2023 y 2025, la compañía registró decenas de muertos en episodios relacionados con esa violencia.
El episodio que terminó de revelar la magnitud del problema ocurrió en mayo de 2025.
Trece trabajadores vinculados con una operación minera fueron secuestrados y posteriormente asesinados en Pataz. Las autoridades atribuyeron el crimen a mineros ilegales asociados con organizaciones criminales que disputaban el control del área.
El impacto obligó al gobierno peruano a suspender temporalmente actividades mineras en el distrito, reforzar el despliegue militar y policial y establecer una base militar permanente en la zona.
La investigación condujo hasta Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, señalado como uno de los principales sospechosos vinculados con la masacre.
Tras abandonar Perú, fue detenido en Colombia mediante una operación coordinada entre policías peruanos y colombianos e Interpol. Había pasado previamente por Venezuela, según datos incorporados a la investigación.
Las fuerzas de seguridad posteriormente capturaron integrantes de una estructura denominada “Los Sicarios de Cuchillo”, vinculada por las autoridades con actividades criminales en la zona minera.
El operativo permitió dimensionar la capacidad militar alcanzada por estas bandas.
La Policía Nacional del Perú (PNP) secuestró más de 2.000 unidades de emulsión explosiva, más de 2.200 municiones, alrededor de 900 detonadores, nitrato de amonio, ANFO, cargadores y armamento que, según el Ministerio del Interior, estaba destinado a operaciones de minería ilegal.
En otra intervención, el Estado incautó más de 2.000 cartuchos de dinamita, miles de municiones y un fusil de guerra.
Ya no se trata entonces de mineros pobres tratando de sobrevivir al margen de una regulación burocrática.
En determinados territorios aparecen verdaderas estructuras armadas capaces de controlar minas, rutas y poblaciones mediante violencia.
El entonces ministro de Defensa peruano llegó a definir públicamente el fenómeno con una frase contundente: “Técnicamente la minería ilegal es el crimen organizado”.
El oro funciona como combustible de esa estructura.
Las bandas buscan controlar los denominados socavones y cobran porcentajes sobre el mineral que sale de ellos.
También extorsionan a operadores, proveedores y transportistas, roban mineral producido legalmente y emplean explosivos para atacar infraestructura de empresas competidoras.
Las organizaciones conocidas localmente como “parqueros” evolucionaron desde pequeños grupos que ingresaban clandestinamente en concesiones hacia bandas capaces de movilizar decenas de hombres armados. Se documentaron ataques contra convoyes policiales, infraestructura minera y trabajadores vinculados con Poderosa.
La violencia continuó incluso después de la masacre de 2025.
En la víspera de Año Nuevo de 2025, otro ataque contra mineros informales en Pataz dejó al menos tres muertos y siete desaparecidos, confirmando que la disputa territorial seguía activa a pesar de la militarización de la región.
La lógica criminal se repite: controlar un socavón equivale a controlar una caja en dólares.
Con el oro cotizando durante 2025 por encima de los US$3.000 la onza, cada tonelada de mineral extraído ilegalmente aumentó exponencialmente su atractivo. El propio ministro de Energía y Minas reconoció que ese precio generaba un incentivo extraordinario para el crecimiento de las explotaciones clandestinas.
El problema no termina en Pataz.
La minería ilegal se expande también sobre Madre de Dios, Loreto, Amazonas, sectores de San Martín y zonas próximas a la Cordillera del Cóndor, donde las fuerzas de seguridad vienen realizando operaciones contra campamentos, dragas y rutas clandestinas.
En Madre de Dios, la transformación ambiental puede observarse desde el aire.
Miles de hectáreas de selva amazónica fueron convertidas en terrenos removidos, lagunas artificiales y enormes superficies degradadas por maquinaria dedicada a la extracción aurífera.
El sistema emplea además grandes cantidades de mercurio, utilizado para amalgamar pequeñas partículas de oro.
La Defensoría del Pueblo de Perú documentó en 2026 que el uso de mercurio continúa estrechamente asociado con la minería artesanal, informal e ilegal, particularmente en Madre de Dios, con consecuencias sobre ríos, ecosistemas y comunidades humanas.
Pero detrás de la devastación ambiental existe otra economía.
Para extraer oro ilegalmente se necesita combustible.
Maquinaria.
Mercurio.
Motores.
Bombas.
Alimentos para los campamentos.
Transporte.
Protección.
Documentos.
Compradores.
Y finalmente una empresa o intermediario capaz de colocar ese oro dentro del mercado legal.
Cada uno de esos eslabones crea oportunidades para que aparezcan organizaciones criminales.
Alrededor de los enclaves mineros prosperan además redes de trata de personas, explotación sexual, contrabando de combustible, corrupción y lavado de activos, fenómenos que UNODC identifica como recurrentes en economías mineras ilegales de América Latina.
La frontera amazónica agrega otra ventaja.
El oro puede cruzar hacia Bolivia o Brasil, mezclarse con producción local y comenzar una segunda vida documental.
También puede desplazarse hacia Chile, donde distintas investigaciones reconstruyeron rutas utilizadas para introducir metal de procedencia sospechosa en cadenas comerciales y posteriormente exportarlo hacia centros internacionales como Dubái.
El verdadero cuello de botella no está solamente en sacar oro de la tierra.
Está en legalizar su procedencia.
Allí aparece un problema particularmente sensible dentro de Perú: el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
El régimen fue creado para permitir que pequeños mineros pudieran regularizar progresivamente su situación mientras continuaban operando.
Pero sucesivas prórrogas y vacíos administrativos transformaron el sistema en objeto de severas críticas.
Un análisis sobre más de 24.000 permisos activos encontró mecanismos capaces de permitir que actores excluidos del sistema reaparecieran vinculados con empresas que continuaban operando bajo otros registros.
Al menos 1.005 personas cuyos permisos personales habían sido revocados aparecían posteriormente como representantes legales de compañías que conservaban inscripciones activas. Otras 1.255 empresas habían perdido algún permiso pero continuaban funcionando mediante otros.
Algunos individuos acumulaban hasta 20 registros entre compañías y permisos personales.
La estructura, originalmente diseñada para pequeños mineros locales, terminó incluyendo incluso empresas de mayor tamaño y ciudadanos extranjeros.
Esa flexibilidad produjo una zona gris particularmente atractiva.
Una cosa es un minero informal que inició un proceso genuino de formalización.
Otra muy distinta es una estructura criminal que utiliza un registro administrativo como cobertura para extraer, transportar o vender oro.
Empresarios de la minería formal sostienen que el REINFO permitió que organizaciones dedicadas a actividades ilegales permanecieran dentro del circuito económico mientras seguían operando junto con bandas criminales.
La minería ilegal adquirió además poder político.
Con alrededor de medio millón de personas vinculadas al sector informal y miles de millones de dólares de movimiento anual, las organizaciones mineras se convirtieron en un bloque electoral capaz de realizar protestas, bloquear carreteras y presionar al Congreso.
Durante 2025, más de mil mineros se movilizaron frente al Parlamento para reclamar nuevas prórrogas del REINFO.
El Congreso avanzó posteriormente con proyectos destinados a extender los permisos temporales hasta 2027.
La influencia llegó directamente a las elecciones presidenciales de 2026.
Antes de la segunda vuelta que tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez buscaban captar el voto de ese universo de aproximadamente 500.000 mineros y trabajadores vinculados con la pequeña minería.
La presidenta electa prometía modernizar y ordenar el sistema, mientras su adversario proponía ampliar significativamente los plazos de formalización.
La presidenta de la principal cámara minera peruana, Julia Torreblanca, sintetizó el problema al señalar que la minería ilegal se había convertido en una economía más poderosa que el narcotráfico y reclamó transparencia sobre posibles vínculos financieros entre esa actividad, candidatos y funcionarios.
La dimensión económica explica semejante capacidad.
El narcotraficante debe cultivar coca.
Procesarla.
Transformarla en cocaína.
Ocultar toneladas de droga.
Atravesar fronteras.
Encontrar compradores clandestinos.
Y finalmente lavar el dinero.
El traficante de oro tiene una ventaja formidable.
Una vez conseguido un documento que otorgue apariencia legítima al metal, el producto mismo puede entrar en el mercado formal.
El oro puede declararse como producción de una explotación autorizada.
Puede mezclarse con mineral legal.
Puede venderse mediante una empresa intermediaria.
Puede exportarse.
Y posteriormente terminar fundido en un lingote cuyo origen será casi imposible de reconstruir físicamente.
Ahí comienza el vínculo con Dubái.
El metal no necesariamente viaja directamente desde una mina clandestina peruana hasta los Emiratos.
Puede atravesar Bolivia, Brasil o Chile, cambiar de empresa, ser vendido varias veces y adquirir nueva documentación.
Cada transacción introduce distancia entre el oro y el delito que permitió obtenerlo.
Cuando finalmente llega a una refinería internacional, lo que importa es el documento que acompaña al cargamento.
La enorme ventaja criminal del oro reside además en su concentración de valor.
Una pequeña cantidad puede representar millones de dólares.
A diferencia de una carga de cocaína, un cargamento de oro puede ser perfectamente legal si cuenta con documentación adecuada.
El oro ilegal puede terminar siendo físicamente indistinguible del legal.
En Colombia, organizaciones guerrilleras y criminales comprendieron esa ventaja hace décadas.
La OCDE documentó la presencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras estructuras criminales en numerosas regiones de minería ilegal.
Las FARC obtuvieron ingresos mediante el control territorial, cobro de porcentajes a mineros, extorsiones sobre maquinaria y participación directa o indirecta en la comercialización del metal.
Después del acuerdo de paz de 2016, la propia organización declaró entre sus activos centenares de kilos de oro destinados a reparar a las víctimas, confirmando hasta qué punto el metal había integrado su economía clandestina.
Al mismo tiempo, las rutas internacionales de armamento destinadas a la guerrilla colombiana también tuvieron conexiones con los Emiratos Árabes Unidos.
El traficante internacional de armas Viktor Bout, conocido como el “Mercader de la Muerte”, instaló durante años parte fundamental de su estructura aeronáutica y comercial en Sharjah, uno de los Emiratos y vecino inmediato de Dubái.
Su entramado de compañías y aviones fue utilizado para mover cargamentos hacia escenarios de guerra en África y otras regiones.
En 2008, agentes encubiertos de la DEA que se presentaron como representantes de las FARC negociaron con Bout la provisión de un arsenal de enorme poder destructivo.
La operación contemplaba alrededor de cien misiles tierra-aire, miles de fusiles de asalto, millones de municiones, explosivos, granadas, morteros y otras armas destinadas supuestamente a fortalecer la capacidad militar de la guerrilla colombiana.
Bout fue detenido posteriormente en Tailandia, extraditado a Estados Unidos y condenado a 25 años de prisión por conspirar para vender armas a las FARC, que entonces figuraban en la lista estadounidense de organizaciones terroristas.
La existencia simultánea de economías guerrilleras financiadas mediante oro ilegal y de redes internacionales de armamento con bases comerciales en los Emiratos muestra hasta qué punto minerales, dinero y armas pueden converger en los mismos corredores financieros y logísticos internacionales.
Ese vínculo aparece todavía con mayor claridad en África.
En Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) construyeron una parte sustancial de su poder económico alrededor de minas y redes de comercialización de oro.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó empresas y empresarios vinculados con esa estructura, incluyendo compañías radicadas en Dubái. Una cantidad importante de refinerias se encuentra en Dubái.
Entre ellas se encontraba Al Zumoroud and Al Yaqoot Gold & Jewellers (AZ Gold), empresa que, según las autoridades estadounidenses, adquirió oro sudanés en beneficio de las RSF y trasladó ese metal hacia Dubái.
El circuito permitió transformar recursos extraídos en territorios de conflicto en liquidez internacional utilizable por una fuerza armada.
El Tesoro estadounidense identificó además compañías relacionadas con el entorno del jefe de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, “Hemedti”, empleadas para administrar fondos, adquirir equipamiento y sostener operaciones militares.
La conexión entre oro y guerra adquirió otra dimensión cuando Amnistía Internacional identificó armamento chino utilizado por las RSF que, según su investigación, había sido reexportado prácticamente con certeza desde los Emiratos Árabes Unidos.
Entre las armas identificadas figuraban obuses AH-4 de 155 milímetros y bombas guiadas GB50A.
Las autoridades emiratíes rechazaron reiteradamente las acusaciones de suministrar armas a las fuerzas sudanesas.
Sin embargo, el circuito investigado muestra una maquinaria económica particularmente inquietante: oro procedente de territorios controlados por una fuerza combatiente llega a empresas y mercados de Dubái, genera recursos financieros y esas estructuras obtienen después capacidad para pagar combatientes, adquirir equipamiento y prolongar la guerra.
La capacidad para transformar físicamente el metal constituye una pieza fundamental de ese gigantesco mercado. Dubái posee una amplia red de instalaciones dedicadas a la fundición, procesamiento y refinación de oro y metales preciosos, aunque dentro del sistema oficial UAE Good Delivery aparecen tres grandes refinerías de referencia de los Emiratos Árabes Unidos: Al Etihad Gold Refinery DMCC, Emirates Gold DMCC y Sam Precious Metals FZ-LLC. Alrededor de ellas funciona además un ecosistema mucho mayor de fundidores, comerciantes, joyeros, depósitos y operadores agrupados principalmente en torno al Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) y al gigantesco mercado aurífero de la ciudad. La refinación es precisamente uno de los puntos más sensibles para la trazabilidad: cuando oro procedente de distintas fuentes es fundido, purificado hasta alcanzar niveles cercanos al 99,99% y convertido nuevamente en lingotes, desaparecen prácticamente las características físicas que podrían relacionarlo con la mina donde fue extraído. Desde ese momento, la procedencia depende fundamentalmente de la documentación que acompañe al metal. Por eso, para una red criminal que consiga insertar oro ilegal dentro de una cadena formal, llegar a una refinería representa un punto decisivo: después de fundido y mezclado con metal legítimo, el oro conserva su valor pero puede perder para siempre su pasado.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas comenzó también a examinar con creciente atención la relación entre contrabando de oro y adquisición de armas en el conflicto sudanés.
La misma lógica aparece en las operaciones del Grupo Wagner.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2023 una red de compañías radicadas en República Centroafricana, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos que participaba en la comercialización ilícita de oro destinada a financiar operaciones de Wagner.
Una de esas empresas era Industrial Resources General Trading, con sede en Dubái.
Según Washington, esa estructura participó en la transformación de recursos minerales africanos en dinero disponible para las actividades internacionales del grupo mercenario ruso.
El oro se convierte de esa manera en una moneda particularmente eficiente para organizaciones armadas: permite transformar territorio controlado militarmente en riqueza portátil, transportable y aceptada prácticamente en cualquier lugar del mundo.
Venezuela ofrece otra pieza del rompecabezas latinoamericano.
Durante el gobierno de Nicolás Maduro, importantes cantidades del oro perteneciente al Banco Central de Venezuela (BCV) fueron enviadas o negociadas con compradores de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para obtener divisas cuando las sanciones internacionales habían reducido considerablemente el acceso del régimen al sistema financiero convencional.
En enero de 2019, Caracas preparaba una venta de aproximadamente 15 toneladas de oro de las reservas del BCV a compradores de los Emiratos a cambio de euros en efectivo.
También se registraron operaciones con Noor Capital, compañía emiratí que adquirió oro venezolano.
El problema se vuelve todavía más complejo cuando ese metal se cruza con la producción procedente del Arco Minero del Orinoco, una enorme región venezolana donde distintas investigaciones documentaron minería ilegal, organizaciones criminales, estructuras armadas colombianas y participación o protección de sectores vinculados a las fuerzas de seguridad.
La frontera amazónica facilita todavía más los movimientos.
Investigaciones de autoridades brasileñas reconstruyeron operaciones de contrabando de oro venezolano hacia Brasil, donde el metal podía ingresar a empresas comercializadoras y posteriormente ser exportado hacia destinos como India y los Emiratos Árabes Unidos.
El recorrido puede repetirse de diferentes maneras.
El oro sale ilegalmente de una mina venezolana.
Cruza una frontera.
Ingresa a otra compañía.
Obtiene nuevos papeles.
Es exportado.
Llega a una refinería.
Se funde.
Y desaparece la historia anterior del metal.
El circuito explica por qué el denominado “oro de sangre” se convirtió en uno de los problemas más difíciles para los organismos dedicados a combatir lavado de activos, corrupción, terrorismo y financiación de conflictos.
El concepto recuerda a los “diamantes de sangre” que financiaron guerras africanas durante décadas, aunque el oro tiene una ventaja adicional para los traficantes: puede ser fundido y mezclado indefinidamente.
Si cien kilos provenientes de explotaciones legales se funden junto a diez kilos obtenidos en una mina controlada por criminales, el resultado será un lingote homogéneo.
No existe después una diferencia visible entre una parte y la otra.
La única defensa posible es la trazabilidad.
Eso significa conocer la mina, el vendedor, los intermediarios, el transportista, el exportador y controlar la refinería.
Si uno de esos documentos es falso, comprado o manipulado, la procedencia ilícita puede desaparecer bajo una sucesión de certificados aparentemente correctos.
Los Emiratos Árabes Unidos endurecieron durante los últimos años sus normas sobre el comercio de metales preciosos y obligaron a refinerías y operadores a implementar procesos de debida diligencia, identificación de proveedores y auditorías.
El país consiguió además salir en 2024 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) después de aplicar reformas destinadas a reforzar sus mecanismos contra el lavado de dinero.
Las autoridades de los Emiratos sostienen que sus controles sobre refinerías, comerciantes y operadores del Gold Souk fueron reforzados y que las actividades ilegales representan una fracción del enorme mercado legal de metales preciosos que funciona en el país.
Pero el volumen mismo del negocio convierte a Dubái en un punto especialmente sensible.
Su infraestructura financiera, aérea y comercial permite comprar, almacenar, refinar y reexportar oro con una velocidad difícil de encontrar en otros lugares del planeta.
Esa eficiencia constituye una enorme ventaja para el mercado legítimo.
Y exactamente la misma ventaja para quien consigue introducir oro ilegal dentro de él.
El metal puede salir de Madre de Dios, Pataz o cualquier otro enclave peruano, atravesar Bolivia, Brasil o Chile y reaparecer en un mercado internacional.
Puede originarse en el Arco Minero venezolano, cruzar hacia Brasil y terminar en Emiratos.
Puede salir de minas controladas por fuerzas combatientes en Sudán, ser comprado por compañías vinculadas con Dubái y transformarse en recursos para financiar una guerra.
Puede proceder de explotaciones africanas relacionadas con Wagner y terminar sosteniendo operaciones militares a miles de kilómetros.
El último paso es siempre parecido.
Fundición.
Refinación.
Certificación.
Reexportación.
Cuando aquel metal termina convertido en una joya en Europa, un lingote dentro de una bóveda bancaria o una inversión financiera, su composición química sigue siendo exactamente la misma.
Lo único que cambió es la historia que acompaña al oro.
Y allí reside el negocio multimillonario del oro de sangre: convertir metal obtenido por mafias, organizaciones armadas y redes clandestinas en un producto cuya procedencia resulte suficientemente limpia para volver a circular por la economía mundial.
Fuentes consultadas: UNODC, OCDE, Ministerio del Interior del Perú, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Defensa del Perú, Defensoría del Pueblo del Perú, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, SWISSAID, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, OCCRP, InSight Crime, Amnistía Internacional, FATF/GAFI y autoridades económicas de los Emiratos Árabes Unidos.
