La Fundación Soberanía amplió ante la Justicia Federal de General Roca una denuncia para que se investigue y, eventualmente, se anule la privatización de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, adjudicadas por un total de US$706,9 millones. La presentación apunta al Ministerio de Economía de Luis Caputo y sostiene que hubo una maniobra destinada a desplazar al Tribunal de Tasaciones, utilizar al BICE como valuador, convocar un concurso sin precio base y favorecer a un grupo reducido de empresarios. Entre los adjudicatarios aparecen Edison Energía, vinculada a los hermanos Patricio y Juan Neuss; BML Inversora, del grupo MSU de Manuel Santos Uribelarrea; y Central Puerto. La documentación oficial confirma que el concurso fue efectivamente convocado “sin base” y que la razonabilidad de las ofertas se determinó mediante una tasación realizada por el BICE.
General Roca – 11 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- La privatización de cuatro de las principales represas hidroeléctricas del Comahue quedó bajo una renovada lupa judicial después de que la Fundación Soberanía ampliara una denuncia ante el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca, para investigar lo que describe como una “cadena de ilegalidades” destinada a subvaluar activos estratégicos del Estado y transferirlos a grupos empresarios determinados.
La presentación judicial pide que sean investigadas las adjudicaciones de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila y que, si se verifican las irregularidades denunciadas, se declare la nulidad del proceso. El escrito dirige sus cuestionamientos principalmente al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y señala como adjudicatarias a Edison, vinculada al grupo empresario de los hermanos Patricio y Juan Neuss; BML Inversora, controlada por MSU Green Energy, de Manuel Santos Uribelarrea; y Central Puerto, entre cuyos principales accionistas se encuentran Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany.
La denuncia sostiene que el procedimiento respondió a un “mecanismo sistemático y planificado” para subvaluar patrimonio público y transferirlo a un grupo reducido de compañías vinculadas, según la presentación, con sectores del poder político. En el caso de Edison Energía, el escrito pone especialmente la mirada sobre los Neuss, empresarios cuya cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo ha sido señalada en distintas publicaciones periodísticas durante los últimos meses. Edison fue creada en febrero de 2025 por los hermanos Neuss, junto con Inverlat Investments, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, y desde entonces protagonizó una rápida expansión dentro del negocio eléctrico argentino.
La acusación judicial identifica cuatro etapas dentro del mecanismo cuestionado: el desplazamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), la supuesta subvaluación de los activos mediante la intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la reiteración de determinados grupos empresarios como beneficiarios de privatizaciones y la utilización de un concurso “sin base” en un contexto de urgencia fiscal.
Uno de los datos centrales surge de la propia documentación oficial. La Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía autorizó expresamente un Concurso Público Nacional e Internacional de etapa múltiple y “sin base” para vender el 100% del capital accionario de las sociedades concesionarias. La misma normativa dispuso que la tasación de las acciones fuera encomendada a una entidad bancaria del sector público, función que finalmente recayó en el BICE.
El cuestionamiento de Soberanía sostiene que esa decisión habría permitido apartar al TTN, organismo específico creado para intervenir en la valuación de bienes del Estado. Según la presentación, las comunicaciones entre la Secretaría de Energía y el tribunal demostrarían que no se otorgaron los plazos necesarios para completar una tasación y que se habría generado artificialmente una situación de imposibilidad temporal para habilitar la intervención de otro valuador.
La denuncia apunta especialmente al hecho de que el BICE depende del mismo Ministerio de Economía que impulsó, estructuró y condujo el proceso de privatización. Para la Fundación, esa concentración habría eliminado la independencia técnica necesaria para determinar el valor de activos estratégicos antes de ofrecerlos a compradores privados. El escrito sostiene que Economía terminó reuniendo bajo una misma conducción la valuación, el diseño del pliego, la licitación y la adjudicación.
El Boletín Oficial, sin embargo, deja asentada la posición administrativa del Gobierno: la comisión evaluadora consideró razonables las propuestas ganadoras “a la luz de la tasación realizada por el BICE”. También registra que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro de la Nación intervinieron dentro del procedimiento antes de la adjudicación.
Las cifras permiten reconstruir con precisión cómo se distribuyeron los activos. Edison ganó Alicurá con una oferta de US$162.040.002,17 y también se quedó con Cerros Colorados por US$64.174.002,32, después de una instancia de mejora de propuestas frente a BML Inversora. BML, perteneciente al grupo MSU, obtuvo El Chocón-Arroyito por US$235.671.294, mientras Central Puerto se adjudicó Piedra del Águila por US$245 millones. El total alcanzó US$706.885.298,49.
La competencia, al menos formalmente, incluyó a varios de los principales jugadores del mercado energético. Por Alicurá, detrás de Edison quedaron AES Argentina, con US$130 millones; BML, con US$126,67 millones; Central Puerto-Central Costanera, con US$120 millones; Pampa Energía, con US$88 millones; y Enel, con US$70 millones.
En El Chocón, la oferta ganadora de BML por US$235,67 millones superó a la propuesta conjunta de Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar, que ofreció US$223,8 millones; a Enel, con US$172,2 millones; a Pampa Energía, con algo más de US$125 millones; a Edison, con US$120 millones; y a Central Puerto-Central Costanera, con US$110 millones.
En Piedra del Águila, Central Puerto presentó US$245 millones, mientras Edison quedó segunda con US$205,05 millones, apenas por encima de los US$205 millones ofrecidos por Pampa Energía. Enel presentó US$170 millones. El expediente administrativo también revela un episodio llamativo: el consorcio integrado por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar presentó ofertas simbólicas de un dólar para Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que fueron desestimadas por el Gobierno como precios “viles o no serios”.
El caso de Cerros Colorados terminó incluso en una instancia de desempate prevista en el pliego porque la diferencia entre las dos mejores propuestas no superaba el 10%. Edison terminó imponiéndose a BML con una oferta de US$64,17 millones, frente a los US$62,79 millones del grupo de Uribelarrea. Además del precio de adquisición de Alicurá y Cerros Colorados, Edison anunció compromisos de inversión por aproximadamente US$200 millones para mantenimiento y modernización de ambas centrales.
El segundo cuestionamiento técnico de la denuncia se concentra en el método de valuación. La Fundación Soberanía sostiene que se recurrió al sistema de Flujo de Fondos Descontados (FFD), metodología basada en la estimación de ingresos futuros, cuando para este tipo de activos correspondía aplicar criterios patrimoniales. El escrito cita al ingeniero Daniel E. Martín, integrante del propio Tribunal de Tasaciones y autor de Ingeniería en Tasaciones, para sostener que el flujo de fondos constituye una proyección financiera y no una tasación objetiva del patrimonio.
La presentación también invoca la Norma 20.1 del TTN, que para determinados supuestos recomienda el método patrimonial y menciona la Ley 21.499 y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionada con el valor de empresas y la exclusión de ganancias meramente hipotéticas. Sobre esa base, los denunciantes argumentan que el criterio elegido por el Gobierno pudo haber reducido artificialmente el valor económico atribuido a centrales construidas durante décadas con inversión estatal.
Las cuatro sociedades vendidas recibieron concesiones por treinta años y reúnen algunas de las instalaciones hidroeléctricas más importantes de la Argentina. Sólo Piedra del Águila posee aproximadamente 1.440 MW de potencia instalada, mientras El Chocón-Arroyito suma alrededor de 1.328 MW. Edison, con Alicurá y Cerros Colorados, pasó a controlar activos que representan cerca del 17% de la generación hidroeléctrica nacional, según datos difundidos cuando concluyó la licitación.
El proceso había contado previamente con negociaciones entre Nación y las provincias de Neuquén y Río Negro, que lograron incorporar modificaciones a los pliegos, el reconocimiento de derechos sobre el recurso hídrico y un canon por el uso del agua. Los gobiernos provinciales habían reclamado durante meses participar de las condiciones de las nuevas concesiones antes de que Nación habilitara definitivamente la convocatoria internacional.
Las nuevas compañías asumieron formalmente la posesión de las represas en enero de 2026. Edison Inversiones tomó Alicurá y Cerros Colorados; BML Inversora, El Chocón; y Central Puerto, Piedra del Águila, mientras CAMMESA realizó las adecuaciones necesarias para integrar a los nuevos operadores al despacho eléctrico.
La ampliación presentada ahora por Soberanía busca que el juez Hugo Greca avance sobre la documentación vinculada con la tasación, cite a los empresarios beneficiados y determine si las decisiones administrativas respetaron el régimen aplicable a la disposición de activos estatales. La organización pretende que la investigación alcance además la relación entre el Ministerio de Economía, el BICE, el Tribunal de Tasaciones y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, especialmente durante el período en que se establecieron los valores utilizados para considerar admisibles las propuestas.
El avance de la causa encuentra así un expediente administrativo que contiene elementos capaces de alimentar ambos lados de la controversia: el Gobierno puede exhibir un concurso internacional con numerosos oferentes, una comisión evaluadora y la intervención de SIGEN y la Procuración del Tesoro, mientras la denuncia judicial coloca bajo examen la decisión de vender sin precio base y utilizar como referencia una valuación del BICE en lugar del organismo estatal especializado cuya exclusión constituye precisamente uno de los hechos que ahora deberá analizar el juzgado federal de General Roca.
