Buenos Aires – 15 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – El Gobierno nacional puso la suspensión de las PASO de 2027 entre sus principales objetivos legislativos para septiembre y asegura disponer de un piso cercano a los 35 votos en el Senado, apenas dos por debajo del número político que pretende garantizar antes de abrir el recinto. La estrategia combina acuerdos electorales con el PRO, sectores de la UCR y fuerzas provinciales con negociaciones por obras y Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un movimiento que busca resolver al mismo tiempo el calendario electoral del próximo año y construir una coalición parlamentaria más estable alrededor de la reelección de Javier Milei. Al peronismo se le complica.
El cálculo oficial comienza con las 21 bancas que actualmente posee La Libertad Avanza (LLA), cifra confirmada por la composición oficial de la Cámara alta. A ese núcleo, la Casa Rosada pretende sumar buena parte de los diez senadores radicales y los siete integrantes del interbloque Impulso País, aunque en Balcarce 50 reconocen que la suma matemática de esos espacios no equivale automáticamente a votos asegurados. Por eso trabajan sobre una base conservadora de aproximadamente 35 voluntades y buscan incorporar al menos dos senadores federales adicionales antes de convocar a la sesión.
El número 37 tiene especial importancia política porque representa la mayoría absoluta de los 72 integrantes del Senado y garantiza por sí solo el quórum. Una vez iniciada la sesión, una ley ordinaria se aprueba por mayoría de los presentes, pero el Gobierno quiere evitar que una ausencia, una negociación provincial de último momento o el cambio de posición de un aliado frustre el tratamiento de una reforma directamente relacionada con las reglas de competencia de 2027.
La principal interlocutora parlamentaria será Patricia Bullrich, actual presidenta del bloque libertario en el Senado, quien asumió su banca en diciembre de 2025 y quedó al frente de una bancada de 21 miembros. La conducción política de la negociación, sin embargo, también pasa por Karina Milei, que aceleró durante las últimas semanas los entendimientos territoriales con dirigentes del PRO y radicales para convertir futuros acuerdos electorales en votos concretos durante el segundo semestre.
El punto más avanzado es la recomposición con Mauricio Macri. Después de meses de enfrentamientos y desconfianza, libertarios y macristas establecieron una mesa política que tendrá reuniones periódicas y dentro de la cual la suspensión de las primarias ocupa un lugar central. Para el Gobierno, conseguir el voto del PRO significaría consolidar una parte sustancial de Impulso País; para Macri, en cambio, acompañar la reforma forma parte de una negociación mayor que incluye candidaturas y el reparto territorial de 2027.
Ese interbloque fue constituido formalmente en febrero de este año por los bloques Frente PRO, Provincias Unidas, Independencia y Despierta Chubut. Entre sus integrantes se encuentran Martín Goerling, Andrea Cristina y María Victoria Huala por el PRO; Alejandra Vigo y Carlos “Camau” Espínola por Provincias Unidas; Edith Terenzi, de Despierta Chubut, y Beatriz Ávila, de Independencia. La comunicación de conformación del interbloque figura en los registros parlamentarios del propio Senado.
La situación de la UCR es más compleja. Sus diez senadores no responden a una conducción única en todas las votaciones y varios mantienen relaciones políticas estrechas con sus respectivos gobernadores, por lo que la Casa Rosada trabaja distrito por distrito. Mendoza, Chaco y Santa Fe aparecen entre las provincias donde el oficialismo considera posible construir acuerdos, mientras conserva abiertos canales con dirigentes radicales que ya acompañaron proyectos centrales del Ejecutivo en anteriores votaciones. La composición y estadísticas oficiales del Senado muestran precisamente esa dispersión entre representantes radicales y legisladores que posteriormente se incorporaron o acercaron a LLA.
El oficialismo pretende que la reforma electoral sea también una herramienta para acelerar definiciones de 2027. Las conversaciones abarcan la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut y Santa Fe, entre otros distritos. La premisa es evitar el modelo legislativo utilizado durante buena parte de la primera mitad del mandato de Milei, cuando cada proyecto obligaba al Ejecutivo a negociar por separado con gobernadores que luego competían políticamente contra el oficialismo.
La nueva arquitectura pretende ser más estable: quienes integren o acompañen la coalición electoral de 2027 deberían comenzar a actuar antes como aliados parlamentarios. De allí que la suspensión de las PASO funcione como una primera prueba de cohesión entre libertarios, macristas, radicales y sectores provinciales.
El antecedente inmediato favorece al Gobierno. Las primarias nacionales ya fueron suspendidas para las elecciones legislativas de 2025 mediante una ley específica, pero aquella decisión tuvo vigencia únicamente para esos comicios y no eliminó definitivamente el régimen creado por la ley 26.571. Por eso, sin una nueva modificación legislativa, las PASO volverían a formar parte del calendario presidencial y legislativo de 2027.
Esta vez la discusión será políticamente más sensible porque no se trata de unas elecciones de medio término sino de definir el procedimiento mediante el cual los partidos y alianzas seleccionarán las candidaturas a presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. La suspensión obligaría a todas las fuerzas a resolver sus internas mediante acuerdos partidarios, convenciones o mecanismos propios, precisamente cuando libertarios y macristas están comenzando a discutir quiénes encabezarán las listas de los principales distritos.
Dentro de ese tablero, Mauricio Macri pretende preservar para el PRO las candidaturas de Jorge Macri en la Ciudad y Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, mientras Karina Milei procura ordenar un frente común sin resignar el peso adquirido por LLA en las elecciones de 2025. Eliminar la instancia obligatoria de primarias convertiría esas discusiones en negociaciones directas entre las conducciones partidarias, incrementando el poder de quienes controlan el armado de las listas.
El Ejecutivo analiza asimismo recurrir a herramientas presupuestarias para ampliar su base. Entre ellas aparecen los ATN y la habilitación o reactivación de obras reclamadas por las provincias, recursos que tradicionalmente forman parte de la relación política entre la Nación y los gobernadores. El objetivo inmediato es sumar votos que no pertenecen al núcleo LLA-PRO-UCR para evitar que la suerte del proyecto dependa exclusivamente de las negociaciones partidarias en Buenos Aires.
Misiones es uno de los distritos observados con mayor atención. La ruptura entre Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua introdujo incertidumbre sobre el comportamiento de los senadores provinciales Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, mientras Martín Goerling, el tercer representante misionero, pertenece al Frente PRO y forma parte de Impulso País. El Senado registra actualmente a Rojas Decut dentro del Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal, circunstancia que convierte su voto en uno de los potencialmente decisivos para completar el número que busca el Gobierno.
La apuesta de Balcarce 50 es llegar a septiembre con el acuerdo suficientemente avanzado como para evitar una negociación desesperada durante la sesión. La composición formal permite imaginar una mayoría: 21 libertarios, diez radicales y siete integrantes de Impulso País suman 38 bancas, pero el Gobierno descuenta deserciones y por eso no contabiliza ese bloque completo como propio.
La discusión llegará además cuando las conversaciones por las candidaturas de 2027 estén entrando en una fase decisiva. Sin PASO, las conducciones de LLA, PRO, UCR y los partidos provinciales deberán definir listas, lugares y fórmulas mediante negociación interna, por lo que el voto de septiembre no sólo determinará el mecanismo electoral del próximo año: también modificará la relación de fuerzas dentro de la coalición que Milei intenta construir para buscar un segundo mandato.
Para el peronismo, la continuidad de las PASO tiene un valor político mucho mayor que para otras fuerzas porque le permite administrar institucionalmente una interna que hoy atraviesa al PJ entre gobernadores, intendentes, sectores sindicales, el kirchnerismo y espacios que responden a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y otros referentes provinciales. Sin primarias obligatorias, esa disputa debería resolverse mediante acuerdos de cúpula, congresos partidarios o internas cerradas, mecanismos que podrían profundizar las fracturas y multiplicar listas por fuera de la estructura formal. Las PASO, en cambio, ofrecen al peronismo una herramienta para contener a sus distintas vertientes dentro de un mismo frente, ordenar candidaturas mediante el voto y llegar a la elección general con una conducción legitimada por las urnas, algo especialmente relevante en un escenario donde todavía no existe un liderazgo nacional indiscutido capaz de disciplinar a todos los sectores.
