Buenos Aires – 19 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA | El presidente Javier Milei reapareció con fuerza para defender personalmente su programa económico después de varios días de baja exposición pública y lo hizo convencido de que el rumbo no presenta fisuras, aunque la conversación cotidiana empieza a desplazarse hacia un terreno mucho menos confortable para la Casa Rosada: empresas que cierran, salarios que no alcanzan, familias que dejan de pagar créditos, consumo debilitado y una economía cuya recuperación sigue siendo desigual. El propio presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, reconoció que la actividad avanza “despacio”, mientras el Gobierno modifica incluso regulaciones bancarias para intentar reactivar el crédito empresario. La paradoja es evidente: mientras el Presidente sostiene que el modelo funciona, algunas de las últimas decisiones oficiales parecen destinadas precisamente a corregir aquello que todavía no funciona.
La discusión ya no gira solamente alrededor del déficit fiscal, la inflación o la denominada batalla cultural. El texto que alimenta este análisis describe cómo la agenda pública comenzó a quedar atravesada por la morosidad, la pérdida de poder adquisitivo y el cierre de compañías, incluyendo testimonios empresarios que hablan de décadas de trabajo perdidas. Los datos disponibles confirman que la inquietud no surge exclusivamente de sectores opositores: desde el inicio de la actual gestión desaparecieron decenas de miles de empleadores registrados y se perdieron cientos de miles de puestos formales, con la construcción, la industria y el comercio entre los sectores más afectados.
Después de su viaje a Colombia para asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella, Milei permaneció durante varios días en la quinta presidencial de Olivos, donde mantuvo reuniones reservadas con funcionarios, empresarios y economistas. Entre ellos estuvo Sebastián Galiani, exviceministro de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, quien describió al mandatario como absolutamente convencido de su estrategia económica y de que una eventual reelección le permitirá contar finalmente con mayorías legislativas suficientes para profundizar las reformas.
Ese convencimiento presidencial contrasta con señales que ya reconoce el propio equipo económico. Bausili admitió que el crecimiento marcha alrededor del 2% anual, por debajo de lo deseado, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) había proyectado para 2026 una expansión superior. El último panorama disponible muestra una economía prácticamente estancada en algunos meses, con sectores exportadores en mejores condiciones que aquellos dependientes del consumo interno.
La morosidad familiar representa probablemente la señal más clara del deterioro por debajo de la macroeconomía. Más de 20 millones de argentinos mantienen deudas con bancos, billeteras virtuales, tarjetas u otros proveedores y el monto irregular ya alcanza el 17,5% del crédito a personas físicas, después de veinte meses consecutivos de aumento. El fenómeno se multiplicó mientras los ingresos reales perdían capacidad de compra y algunas fintech ofrecen financiamientos cuyo costo total puede superar ampliamente el 1.000% anual.
El Gobierno respondió hasta ahora con la tesis de que las deudas son un asunto “entre privados”. Pero la propia administración comenzó a intervenir indirectamente sobre las condiciones crediticias cuando habilitó a los bancos a destinar hasta un 15% de sus depósitos en dólares a préstamos para compañías que no generan divisas. Luis Caputo presentó la medida como una forma de aumentar el crédito, estimular inversión y empleo y atender pedidos concretos de sectores como la industria automotriz y la construcción, golpeados por las altas tasas en pesos.
La modificación abrió otra controversia porque toca una regulación prudencial nacida después de la crisis de 2001. El texto aportado señala que Hernán Lacunza, exministro de Economía de Macri, comparó el riesgo con los desequilibrios de fines de los años noventa, mientras Guido Sandleris, expresidente del BCRA, advirtió que se está debilitando uno de los consensos regulatorios construidos después de aquella experiencia: evitar prestar dólares a quienes generan ingresos fundamentalmente en pesos.
La objeción es sencilla: una empresa puede obtener financiamiento en dólares a tasas inferiores, pero si sus ingresos continúan denominados en pesos queda expuesta a un descalce de monedas ante una eventual devaluación. La administración sostiene que el contexto actual es diferente y que el límite del 15% contiene los riesgos; sus críticos contestan que precisamente las grandes crisis financieras suelen comenzar cuando una solución aparentemente manejable se expande antes de que aparezca el problema.
La decisión demuestra, de todos modos, que el Gobierno reconoce la necesidad de reanimar una economía que ya no puede vivir únicamente del descenso inflacionario. Reuters consignó que Caputo explicó expresamente que las tasas en pesos dificultaban el financiamiento empresario y que la flexibilización debía contribuir a incrementar inversión y creación de empleo. Si el nivel de actividad fuera tan sólido como algunas intervenciones presidenciales sugieren, difícilmente sería necesario recurrir a una modificación que flexibiliza una protección vigente desde hace más de dos décadas.
La inflación, principal logro político del oficialismo, tampoco terminó de consolidar la trayectoria que esperaba la Casa Rosada. El índice mensual fue del 2,1% en julio y la inflación interanual rondó el 33,8%, muy por debajo de los niveles heredados en 2023 pero lejos todavía de la meta presupuestaria original para 2026. La estabilización de precios sigue siendo un activo enorme para Milei, aunque la pregunta electoral dejó de ser cuánto bajó la inflación y comenzó a ser cuánto mejoró efectivamente la vida cotidiana después de esa reducción.
Los indicadores laborales agregan presión. Estudios basados en registros oficiales calcularon que desde fines de 2023 desaparecieron más de 20.000 empleadores y casi 300.000 puestos de trabajo formal hasta fines de 2025; análisis más recientes elevan incluso la pérdida empresarial acumulada durante la actual administración. El cuadro convive con mayor informalidad y una recuperación particularmente débil en comercio, industria y construcción, precisamente las actividades que emplean mano de obra de manera intensiva.
La política ya tomó nota.
Karina Milei y Mauricio Macri reabrieron el diálogo después de meses de enfrentamientos y representantes de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO iniciaron negociaciones para recomponer una alianza electoral de cara a 2027. El movimiento difícilmente pueda interpretarse como propio de un Gobierno convencido de que la reelección está asegurada sin necesidad de ampliar su base.
El peronismo, mientras tanto, busca ordenar una interna entre Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y gobernadores, con una dificultad adicional: la eventual eliminación de las PASO complicaría un mecanismo competitivo para definir candidaturas. El documento aportado describe dudas concretas dentro de ese espacio sobre si una interna realmente competitiva es viable cuando una campaña presidencial puede requerir decenas de millones de dólares y ningún aspirante está dispuesto a gastar semejante cifra para terminar derrotado.
En el PRO la crisis es diferente, pero igualmente profunda. Mauricio Macri intenta preservar la estructura partidaria mientras Horacio Rodríguez Larreta construye una alternativa por fuera de su conducción y Patricia Bullrich ya quedó del lado libertario. La posibilidad de que el partido amarillo llegue a 2027 sin candidato presidencial propio sería una novedad histórica desde su llegada al poder nacional en 2015.
Milei, por ahora, apuesta a que la estabilidad fiscal terminará generando la recuperación que todavía no llegó con igual fuerza a todos los sectores. Su lectura es que logró sostener el equilibrio presupuestario, incrementó su representación legislativa después de 2025 y podrá profundizar las reformas si obtiene un segundo mandato. Es una estrategia coherente con todo lo que hizo desde diciembre de 2023, aunque depende de una variable que ningún decreto puede garantizar: que la economía cotidiana alcance a la macroeconomía antes de que los ciudadanos vuelvan a votar.
La advertencia quizá más incómoda para la Casa Rosada no provino esta vez del peronismo. Agustín Laje, uno de los intelectuales más cercanos a la denominada batalla cultural de las nuevas derechas latinoamericanas, sostuvo que los gobiernos de derecha de la región deberán mejorar concretamente “el metro cuadrado” de sus ciudadanos porque, si no lo hacen, el péndulo político volverá rápidamente hacia la izquierda.
Ese puede ser el verdadero desafío que Milei deberá enfrentar en sus próximas presentaciones ante empresarios. El superávit, la desregulación y la desaceleración inflacionaria construyeron la primera parte de su programa; el cierre de empresas, la fragilidad salarial, la morosidad y la dificultad de acceder a crédito barato están poniendo a prueba la segunda. La discusión que comienza a instalarse ya no es si el Presidente cree en su modelo —sobre eso parece no existir ninguna duda— sino cuánto tiempo está dispuesta a esperar la economía real para empezar a creer también.
Fuentes consultadas: material aportado a Total News Agency (TNA); Reuters; Banco Central de la República Argentina (BCRA); Fondo Monetario Internacional (FMI); datos empresariales y laborales basados en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; El País; Buenos Aires Times y antecedentes económicos y políticos de TNA.
