La ventaja electoral de Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a comprimirse en momentos en que la Policía Federal profundiza investigaciones sobre su hijo Fábio Luís Lula da Silva, “Lulinha”, por presunto tráfico de influencias. Sondeos internos encargados por el PT detectaron que una diferencia que oscilaba entre 7 y 10 puntos frente a Flávio Bolsonaro cayó a apenas 2 o 3, mientras un nuevo Datafolha ubica al presidente con 39% y al senador conservador con 33%. A seis semanas de la elección del 4 de octubre, el escándalo amenaza con instalar nuevamente la corrupción como eje de una campaña que Lula pretendía concentrar en economía, programas sociales y defensa de la soberanía brasileña.
Brasilia – 22 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a perder la cómoda ventaja con la que ingresó en la campaña presidencial brasileña y el avance de las investigaciones que involucran a su hijo Fábio Luís Lula da Silva, “Lulinha”, aparece ya entre los factores que preocupan al Partido de los Trabajadores (PT) cuando faltan apenas seis semanas para la primera vuelta.
Los relevamientos encargados internamente por el oficialismo registraron una reducción particularmente marcada: la distancia que semanas atrás ubicaba a Lula entre 7 y 10 puntos por encima de Flávio Bolsonaro cayó a una franja de apenas 2 a 3 puntos, mientras estudios cualitativos detectaron que el caso dejó de circular exclusivamente entre militantes, dirigentes y consumidores intensivos de información política y comenzó a penetrar en sectores más amplios del electorado.
Una medición nacional divulgada este sábado confirma, aunque con una diferencia algo mayor, la misma tendencia. Datafolha ubica a Lula con 39% de intención de voto en primera vuelta frente a 33% de Flávio Bolsonaro, mientras en junio la distancia entre ambos llegaba a diez puntos. En un eventual balotaje, el mandatario obtendría 47% y su adversario 43%, una diferencia de cuatro puntos en un escenario donde la polarización vuelve a dominar la elección.
El desgaste coincide con la aparición de nuevos elementos en las investigaciones de la Policía Federal (PF) sobre Lulinha. El hijo del presidente aparece actualmente bajo investigación en tres expedientes diferentes relacionados con presunto tráfico de influencias y posibles beneficios derivados de contactos con organismos públicos, entre ellos negocios vinculados con medicamentos a base de cannabis y actuaciones alrededor de la empresa estatal Dataprev.
Uno de los ejes más sensibles involucra a la lobista Roberta Luchsinger, quien según la investigación habría utilizado el nombre y las relaciones de Lulinha para avanzar sobre contratos y negociaciones con dependencias del Gobierno federal. La Policía Federal sostiene que entre ambos existió una “comunión de intereses económicos” orientada a obtener negocios con el Estado, particularmente alrededor del sector de cannabis medicinal.
Los investigadores también reconstruyeron conversaciones y movimientos financieros relacionados con Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como Marcola, ex jefe de gabinete de Lula. Luchsinger habría pagado alrededor de 217.000 reales en tarjetas de crédito, cuotas de un automóvil y otros gastos personales mientras participaba en gestiones comerciales ante el Ministerio de Salud. Ribeiro sostiene que se trató de préstamos privados posteriormente devueltos.
La investigación quedó políticamente más incómoda cuando la PF señaló a Lulinha como posible beneficiario indirecto de gestiones realizadas por la lobista y comenzó a analizar si su apellido y proximidad con el presidente fueron utilizados para facilitar acceso a ministerios y áreas gubernamentales. La defensa del hijo de Lula cuestionó filtraciones del expediente y rechazó las sospechas formuladas en su contra.
El presidente intentó establecer distancia asegurando públicamente que su hijo deberá responder ante la Justicia y que no recibirá protección del Gobierno, pero el daño electoral no depende únicamente de la responsabilidad penal final sino de la capacidad de la oposición para reinstalar un tema históricamente perjudicial para el PT: la relación entre poder político, negocios privados y utilización de estructuras estatales.
Ese es precisamente el flanco que comenzó a explotar Flávio Bolsonaro, quien convirtió el caso Lulinha en uno de sus principales argumentos de campaña y busca transformar la elección del 4 de octubre en otra confrontación entre el lulismo y el bolsonarismo, aunque esta vez con una renovación generacional en la derecha.
Flávio, senador de 45 años e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, asumió la candidatura conservadora después de que su padre quedara fuera de competencia y encarcelado por su participación en la tentativa de revertir el resultado electoral de 2022. Su estrategia combina continuidad ideológica con un intento de exhibir una imagen menos confrontativa, colocando seguridad pública, equilibrio fiscal y rechazo al PT entre sus principales ejes.
La campaña comenzó formalmente el último domingo. Lula eligió São Bernardo do Campo, cuna de su trayectoria sindical y política, para iniciar su búsqueda de un nuevo mandato, mientras Flávio Bolsonaro recurrió a Copacabana, en Río de Janeiro, escenario histórico de las movilizaciones bolsonaristas.
El presidente llega a la elección con indicadores económicos que pretendía utilizar como principal plataforma electoral, pero su evaluación personal comenzó nuevamente a deteriorarse. La última medición nacional registró 41% de valoración negativa, frente a 38% en julio, mientras la positiva quedó en 33%. En términos de aprobación general, 50% desaprueba actualmente su desempeño y 48% lo aprueba.
El dato es especialmente sensible entre los electores sin alineamiento partidario. Ese grupo representa alrededor de una cuarta parte del padrón, presenta elevada volatilidad y podría terminar definiendo la elección. Entre esos votantes, Flávio Bolsonaro aparece incluso por delante de Lula en una eventual segunda vuelta, con 38% contra 33%, mientras casi la mitad todavía admite que puede modificar su voto.
La polarización sigue funcionando como principal fuerza organizadora del escenario. Un 30% de los brasileños reconoce que elegirá candidato fundamentalmente para impedir que gane otro, porcentaje que alcanza 35% entre los votantes de Flávio Bolsonaro y 23% entre los de Lula. Al mismo tiempo, 72% afirma tener ya definida su decisión electoral.
La inseguridad aparece además como uno de los asuntos que más preocupa al electorado, ofreciendo a Bolsonaro una plataforma favorable para endurecer su discurso contra el crimen organizado, mientras Lula intenta defender programas sociales, crecimiento económico, reforma tributaria y reducción de la deforestación amazónica.
También ingresó en la campaña la relación con Estados Unidos y el presidente Donald Trump. Lula acusó al mandatario estadounidense de intentar influir sobre la política brasileña y advirtió públicamente: “No se meta en los asuntos de Brasil, especialmente en lo que respecta a las elecciones”. Flávio Bolsonaro, en cambio, mantiene una relación ideológica y política mucho más cercana con el movimiento trumpista.
El problema inmediato para Lula es que el caso de su hijo modificó una agenda que el PT pretendía controlar. Los documentos y conversaciones incorporados a las investigaciones permiten a la oposición mantener el expediente activo durante las semanas decisivas de campaña, mientras el propio oficialismo reconoce internamente que la ventaja presidencial disminuyó con rapidez.
Brasil llega así al tramo decisivo con una elección mucho más abierta que hace dos meses. Lula todavía encabeza las mediciones nacionales y conserva ventajas importantes en regiones como el Nordeste, pero Flávio Bolsonaro ya se encuentra a seis puntos en Datafolha y algunos relevamientos internos del propio PT reducen esa distancia a apenas dos o tres. Si el escándalo Lulinha continúa agregando información durante septiembre, la principal batalla del presidente podría dejar de ser convencer sobre los resultados de su gobierno y pasar a ser impedir que el apellido de su hijo termine convirtiéndose en el elemento que devuelva a los Bolsonaro a las puertas del Palacio del Planalto.
Fuentes consultadas: Policía Federal de Brasil, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Electoral, Datafolha, Quaest, Folha de S.Paulo, O Globo, Poder360 y documentación de las investigaciones vinculadas con Fábio Luís Lula da Silva y Roberta Luchsinger.
