La Plata – 22 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – La Policía Bonaerense atraviesa un cuadro de creciente tensión interna que fuentes de la propia fuerza describen como cercano al estallido: jornadas de hasta 24 y 36 horas, recargos compulsivos, salarios cuestionados, dificultades asistenciales, falta de personal y sanciones contra efectivos vinculados con protestas conforman un cóctel que ya produjo reclamos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La última chispa apareció en Mar del Plata, donde una directiva de la Jefatura Departamental impuso a titulares y segundos jefes horarios de despacho de hasta 15 horas y permanencias nocturnas y de 24 horas consecutivas. El ministro Alonso guarda silencio.
La orden fue firmada el 21 de agosto por el comisario mayor Cristian Daniel Fontana y alcanza a comisarías, comandos de patrullas, destacamentos y otras dependencias subordinadas de General Pueyrredon. El documento establece para titulares y segundos jefes un horario de despacho de 8 a 23 y dispone que entre las 17 y las 23 deben permanecer en la vía pública, supervisar la actividad operativa, responder requerimientos y garantizar relevos sin afectar la cobertura territorial.
El punto que encendió el mayor malestar es la denominada “Permanencia en Despacho”. De lunes a jueves se ordenan guardias de 20 a 8; el viernes debe cumplir ese horario el segundo jefe; el titular permanece desde las 8 del sábado hasta las 8 del domingo y su segundo debe cubrir otras 24 horas hasta el lunes. Dentro de la fuerza sostienen que el esquema podría terminar denunciado administrativa o judicialmente por la extensión de las jornadas y las condiciones de descanso.
El malestar de Mar del Plata no constituye un episodio aislado. Reclamos similares se extendieron durante los últimos meses por distintos distritos bonaerenses y comenzaron a revelar un problema estructural: cada vez menos efectivos deben cubrir servicios ordinarios, operativos especiales y horas adicionales, mientras una parte del personal depende precisamente de esos recargos para mejorar ingresos considerados insuficientes.
En Balcarce, representantes vinculados con reclamos policiales denunciaron a comienzos de agosto salarios deteriorados, horas extraordinarias obligatorias, dificultades para recibir atención psicológica y temor a sanciones cuando los agentes exteriorizan públicamente sus problemas. En otros puntos de la provincia surgieron denuncias sobre prestaciones que se prolongan durante 12 o 14 horas y policías que, sumando servicio ordinario y adicionales, alcanzan jornadas extraordinariamente extensas.
También hubo cuestionamientos durante despliegues especiales en Ezeiza, donde efectivos de unidades tácticas y grupos de apoyo denunciaron haber llegado a los operativos después de cumplir servicios anteriores y permanecer posteriormente durante largos períodos sin descanso suficiente. Testimonios internos mencionaron períodos de disponibilidad que, sumando traslados, guardias y servicios previos, podían acercarse a las 48 horas.
La tensión ya había salido de los cuarteles. En febrero, retirados y familiares de policías se movilizaron en Mar del Plata para exigir recomposición salarial y mejoras en las prestaciones de IOMA. La protesta frente a la Comisaría Primera terminó incluso con incidentes cuando el entonces jefe departamental salió a dialogar con los manifestantes.
Los reclamos tampoco se concentran solamente en la costa atlántica. Protestas y concentraciones anteriores alcanzaron La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Junín, Bahía Blanca y Almirante Brown, donde las demandas estuvieron relacionadas con remuneraciones, adicionales, equipamiento, asistencia médica y psicológica y condiciones de prestación del servicio.
Uno de los aspectos que más inquietud genera entre los uniformados es que el conflicto salarial termina directamente relacionado con la duración de las jornadas. Efectivos que consideran insuficiente su remuneración básica buscan aumentar ingresos mediante horas CORES y adicionales, mientras las necesidades operativas de la fuerza convierten esos mismos mecanismos en instrumentos cada vez más difíciles de rechazar. El resultado puede ser un policía armado, sometido a estrés constante y obligado a cumplir tareas de seguridad después de numerosas horas sin un descanso adecuado.
La falta de personal agrava el cuadro. Informaciones difundidas durante este año mencionaron centenares de bajas, retiros, renuncias, abandonos y licencias prolongadas, mientras dentro de la fuerza advierten que la competencia salarial con empresas privadas de seguridad y otras fuerzas provoca nuevas salidas. Cada agente que abandona la institución incrementa la carga de quienes permanecen y obliga a redistribuir servicios que deben mantenerse las 24 horas.
La salud mental constituye otro foco particularmente delicado. Organizaciones vinculadas con policías vienen reclamando asistencia psicológica permanente y protocolos específicos frente al estrés derivado de la actividad, la exposición a situaciones violentas, las jornadas prolongadas y los problemas económicos familiares. Las advertencias se intensificaron después de sucesivos casos de suicidios de integrantes de la fuerza registrados durante los últimos años.
El clima interno se endureció todavía más después de que Asuntos Internos avanzara sobre policías vinculados con protestas salariales y retenciones de tareas. Catorce efectivos fueron recientemente sancionados y desafectados y quedaron además involucrados en actuaciones judiciales por presunto incumplimiento de deberes e intimidación pública. Para sectores que promueven los reclamos, esas decisiones generan un efecto disciplinador sobre agentes en actividad que temen perder su trabajo si hacen públicas sus demandas.
La estructura jerárquica y el régimen especial de la Policía Bonaerense limitan además las herramientas tradicionales disponibles para otros trabajadores. Los policías no disponen del mismo régimen sindical ni del derecho de huelga existente en otras actividades, circunstancia que convierte las protestas, retenciones o concentraciones de familiares en mecanismos excepcionales y potencialmente conflictivos.
Ese escenario explica por qué dentro de la fuerza ya se utiliza una definición cada vez más grave: la Bonaerense está al borde del estallido. No se trata solamente de una disputa por una orden departamental en Mar del Plata, sino de la acumulación de salarios cuestionados, agotamiento físico, falta de personal, recargos, problemas sanitarios y ausencia de canales eficaces para procesar reclamos de una organización que reúne decenas de miles de hombres y mujeres armados y tiene bajo su responsabilidad la seguridad de la provincia más poblada del país.
La directiva firmada por Fontana puede haber funcionado como detonante visible, pero el problema se fue construyendo durante meses y en numerosos distritos. Con una demanda social de mayor presencia policial frente al delito y, simultáneamente, una fuerza que denuncia cansancio y deterioro de sus condiciones laborales, el desafío del Ministerio de Seguridad bonaerense ya no pasa únicamente por sostener el despliegue operativo: deberá evitar que el malestar acumulado dentro de la principal policía provincial vuelva a expresarse en protestas masivas como las que en otros momentos sacudieron políticamente a la provincia de Buenos Aires.
Fuentes consultadas: normativa de la Provincia de Buenos Aires, antecedentes administrativos de la Policía Bonaerense, Ministerio de Seguridad bonaerense, La Nación, Agencia Noticias Argentinas, medios provinciales y locales, testimonios y organizaciones vinculadas al personal policial.
