Estados Unidos abrió a la Argentina el acceso a hasta 235 blindados Stryker mediante el programa de material excedente, en condiciones económicas excepcionalmente favorables, mientras dentro de las Fuerzas Armadas crece un malestar salarial que amenaza con confluir con las protestas de Gendarmería y Prefectura. La paradoja se completa con militares que recurren a Uber para complementar ingresos, una obra social cuestionada, la reducción de la histórica Base Aeronaval Punta Indio y la incorporación al circuito inmobiliario estatal de terrenos vinculados con Defensa en el estratégico extremo austral.
Buenos Aires – 23 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El gobierno de Javier Milei exhibe una política de Defensa atravesada por una contradicción cada vez más difícil de disimular. Mientras celebra uno de los acuerdos de reequipamiento terrestre más ventajosos de las últimas décadas, que permitirá incorporar hasta 235 vehículos blindados Stryker estadounidenses mediante mecanismos de transferencia de excedentes militares a costos mínimos, oficiales y suboficiales de esas mismas Fuerzas Armadas denuncian una severa pérdida salarial, problemas sanitarios y dificultades para mantener a sus familias. En ese clima, sectores militares analizan por primera vez sumarse al reclamo que preparan integrantes de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
El viernes 21, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, encabezó junto al embajador estadounidense Peter Lamelas, el jefe del Ejército, teniente general Oscar Santiago Zarich, y el subsecretario adjunto del Ejército norteamericano Patrick Mason la firma de la Letter of Offer and Acceptance correspondiente al caso Foreign Military Sales AR-B-IAV. El acuerdo abre el camino para recibir versiones de transporte de infantería, comando, evacuación sanitaria y apoyo de fuego de la familia Stryker.
La verdadera excepcionalidad está en las condiciones. El propio Ejército Argentino informó que el país obtuvo acceso prioritario al programa Excess Defense Articles (EDA), utilizado por Estados Unidos para transferir material militar excedente a países aliados a costos administrativos mínimos. En ámbitos castrenses y especializados circuló que el valor de transferencia de los 235 vehículos rondaría apenas los US$80.000 en total, equivalente a unos US$340 por unidad, frente a valores de reposición que pueden alcanzar varios millones de dólares por vehículo dependiendo de versión y equipamiento. Lo oficialmente confirmado es que la transferencia será realizada en condiciones calificadas por Defensa como “particularmente favorables” y dentro del esquema estadounidense de excedentes a costos administrativos reducidos.
La fotografía de Presti y Lamelas rubricando semejante oportunidad contrasta con otra escena mucho menos promocionada: uniformados que aseguran trabajar como choferes de aplicaciones para completar el ingreso mensual y oficiales intermedios que comenzaron a mantener contactos con miembros de Gendarmería y Prefectura para evaluar acciones salariales conjuntas.
Según información conocida este domingo, el Gobierno analiza ofrecer unos $100.000 adicionales en tres cuotas para intentar desactivar una movilización prevista para este lunes. Dentro de las fuerzas, el eventual incremento es considerado insuficiente: dividido entre los distintos tramos, su impacto mensual quedaría rápidamente absorbido por el costo de vida.
La posibilidad de que integrantes en actividad de las Fuerzas Armadas se involucren en un reclamo semejante resulta particularmente delicada. Tradicionalmente las protestas castrenses estuvieron protagonizadas por retirados y familiares, debido a las severas restricciones que impone el estado militar. Pero fuentes del sector aseguran que oficiales con jerarquías equivalentes a mayor y teniente coronel mantienen conversaciones con miembros de las fuerzas federales para reclamar principalmente por salarios y sanidad.
El deterioro tiene números. Un informe interno difundido en mayo estableció que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los haberes militares aumentaron 139,03%, mientras el IPC acumuló 219,14%. El rubro alimentos avanzó 189,91% y vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles trepó 417,41%. El documento utilizó esas diferencias para describir la enorme pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el comienzo de la gestión libertaria.
La situación resulta todavía más contradictoria porque Milei llegó al Gobierno reivindicando a las Fuerzas Armadas y prometiendo recuperar capacidades militares degradadas durante décadas. Parte de esa promesa efectivamente comenzó a materializarse en equipamiento: los F-16, los primeros Stryker, nuevos convenios tecnológicos con Estados Unidos, cooperación en drones y ejercicios combinados muestran una orientación internacional mucho más definida hacia Washington. En junio, Presti y Lamelas ya habían firmado acuerdos para facilitar el acceso argentino a sistemas aéreos no tripulados y capacidades antidrones.
Pero una fuerza militar no está constituida solamente por aviones, drones y blindados. Necesita pilotos, mecánicos, ingenieros, médicos, técnicos, soldados y suboficiales capaces de vivir de su profesión. Allí aparece la parte más débil de la política oficial.
La otra cara se observa en el patrimonio territorial militar. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mantiene identificado para “venta futura” un predio de 91.266 metros cuadrados en Ushuaia y otro de 469.564 metros cuadrados correspondiente a terrenos de la Base Aeronaval de Río Grande, en Tierra del Fuego, una provincia cuya posición sobre el Atlántico Sur, próxima a Malvinas y como puerta de acceso a la Antártida, otorga a cualquier decisión inmobiliaria una dimensión estratégica que excede ampliamente su valor comercial.
En junio, además, la AABE desafectó de la jurisdicción de la Armada Argentina otros 2.939 metros cuadrados en Ushuaia, entre las calles Yaganes, 44 Héroes ARA San Juan y Horeb.
En Punta Indio la situación es distinta y conviene precisarla: no existe hasta ahora información oficial que permita afirmar que la histórica base haya sido puesta a la venta. Lo que sí decidió la Armada es desactivarla como base aeronaval plena y reconvertirla en una estación de menor categoría, trasladando a Comandante Espora, en Bahía Blanca, la Escuela de Aviación Naval y capacidades que actualmente funcionan en Verónica. La decisión afecta a una estructura donde trabajan unos 300 militares y 180 civiles y produjo una fuerte reacción de la comunidad local.
Total News Agency había advertido el 19 de agosto que el vaciamiento operativo de Punta Indio no podía analizarse únicamente como una racionalización contable. La instalación fue creada en 1925 precisamente por su posición para la vigilancia y defensa de la entrada al Río de la Plata, función estratégica que la propia Armada siguió reivindicando durante décadas.
Unos 600 vecinos se movilizaron esta semana en Verónica contra la reestructuración. La preocupación trasciende el impacto económico local: significa reducir una presencia militar centenaria situada sobre uno de los accesos marítimos más sensibles del país, mientras el Gobierno argumenta que simultáneamente está reconstruyendo las capacidades de Defensa.
Así aparece la política pendular: Estados Unidos facilita material que el país difícilmente podría adquirir a precios de mercado, pero la Argentina tiene dificultades para pagar adecuadamente a quienes deberán operar y mantener ese equipamiento; se incorporan medios modernos mientras se reducen estructuras históricas; se habla de recuperar soberanía y capacidad militar mientras bienes vinculados con Defensa en el extremo austral son desafectados o colocados en el circuito de futuras ventas.
La eventual confluencia de militares con Gendarmería y Prefectura puede convertir esa contradicción administrativa en un problema político de otra escala. Las Fuerzas Armadas argentinas llevan décadas manteniendo sus reclamos salariales dentro de los canales jerárquicos. Que oficiales en actividad siquiera analicen buscar “masa crítica” con otras fuerzas constituye una señal de que el malestar penetró sectores donde históricamente la disciplina impidió cualquier exteriorización.
El Gobierno logró que Washington abra depósitos militares y transfiera equipamiento en condiciones extraordinarias. El desafío que todavía no resolvió está mucho más cerca: conseguir que el hombre que se suba al Stryker, mantenga un F-16, vigile el Atlántico o custodie una frontera no deba terminar su jornada militar y encender una aplicación para manejar un auto y completar el salario de su casa.
