El empresario y abogado argentino Damián Valenzuela Mayer quedó en el centro de una controversia política en Perú después de que una investigación periodística documentara encuentros reservados con la presidenta Keiko Fujimori y revelara su participación discreta en la campaña de Fuerza Popular. Valenzuela asistió luego a la asunción presidencial y a actos oficiales pese a no tener un rol público claramente definido. La polémica creció además por litigios comerciales que involucran a sus empresas en Estados Unidos y por la falta de precisiones sobre el grado real de acceso que mantiene al nuevo Gobierno.
Lima – 29 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El empresario argentino Damián Valenzuela Mayer, de 51 años, pasó en pocos días de ser prácticamente desconocido para la opinión pública peruana a convertirse en una de las figuras más observadas del entorno presidencial de Keiko Fujimori, después de que fotografías, registros migratorios y testimonios políticos revelaran una cercanía con la mandataria que nunca había sido expuesta durante la campaña electoral.
El episodio que detonó la polémica ocurrió el 11 de julio, cuando Fujimori ya había sido proclamada presidenta electa y acudió al spa Tomyko, ubicado en Santa Catalina, distrito de La Victoria. Una investigación de Hildebrandt en sus Trece registró que Valenzuela llegó pocos minutos después al mismo establecimiento por un acceso utilizado por la entonces mandataria electa. Fujimori confirmó posteriormente haber asistido al lugar y reconoció que el empresario colaboró con su campaña, aunque negó que existiera una relación sentimental y remarcó que su “compromiso es con el Perú”.
La controversia no quedó limitada al spa. Valenzuela formó parte del círculo cercano de la campaña de Fuerza Popular, pero nunca fue presentado públicamente como asesor ni ocupó el nivel de exposición de otros colaboradores extranjeros. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, confirmó que lo conoció durante el proceso electoral y que participó de actividades de campaña, aunque aseguró que no podía afirmar que actualmente desempeñe funciones como asesor presidencial ni precisar qué grado de influencia mantiene sobre Fujimori.
Su presencia se volvió más visible el 28 de julio, durante la ceremonia de asunción de Fujimori. Valenzuela ocupó un lugar preferencial en el Congreso y apareció conversando con invitados internacionales, entre ellos dirigentes europeos, antes de participar también de actividades posteriores en Palacio de Gobierno. Esa exposición generó preguntas sobre quién autorizó su presencia, bajo qué condición institucional participó de los actos y si continúa asesorando informalmente a la jefa de Estado.
Los registros migratorios conocidos esta semana profundizaron las dudas. Una investigación periodística determinó que Valenzuela realizó 44 viajes a Perú desde 2011, con una concentración particularmente intensa de visitas durante 2025 y 2026, precisamente cuando se desarrollaba la última campaña presidencial de Fujimori. También se reveló que ya en 2011 había registrado en Lima su empresa Latin America Invest junto con un abogado posteriormente vinculado al entorno técnico de Fuerza Popular.
Valenzuela se presenta como empresario financiero internacional y dirige Latin America Invest, una firma dedicada a inversiones y asesoramiento patrimonial con operaciones declaradas en diferentes países. La empresa sostiene públicamente que trabaja con una extensa red de clientes e instituciones financieras internacionales, mientras su titular construyó durante años una imagen de financista regional con contactos políticos y empresariales de alto nivel.
Sin embargo, esa trayectoria quedó bajo escrutinio después de que Hildebrandt en sus Trece informara sobre litigios vinculados con sus empresas en distintas jurisdicciones. La edición publicada este viernes aseguró que existen cinco demandas civiles en Florida relacionadas con presuntas operaciones fraudulentas. Registros judiciales estadounidenses consultados muestran, al menos, una causa abierta desde septiembre de 2025 en el condado de Miami-Dade en la que Valenzuela, Latin America Invest y otras sociedades aparecen como demandados dentro de un expediente categorizado como fraude contractual.
La defensa del empresario rechazó que esos antecedentes puedan presentarse como condenas penales. En una carta pública sostuvo que los procesos mencionados corresponden a conflictos civiles y comerciales, negó haber sido condenado penalmente y anunció acciones judiciales contra quienes considera responsables de afectar su reputación. Valenzuela promovió además una querella contra el semanario y reclamó una reparación civil de US$1 millón, mientras la publicación ratificó sus investigaciones.
El problema político para el Gobierno peruano no reside únicamente en la naturaleza de la relación personal entre Fujimori y Valenzuela. La cuestión central es determinar por qué una persona que participó activamente de la campaña, accedió luego a actos de máximo nivel institucional y mantiene una relación reconocida con la mandataria no aparece identificada de manera transparente dentro de la estructura oficial.
Fujimori intentó reducir la controversia señalando que numerosos extranjeros colaboraron voluntariamente durante la campaña y que Valenzuela fue uno de ellos. También negó haber utilizado recursos estatales durante la visita al spa y aseguró que se trasladó en un vehículo perteneciente a Fuerza Popular. El argumento despeja parcialmente el uso de bienes públicos durante aquel episodio, pero no resuelve las preguntas posteriores sobre la función que el empresario cumple desde que comenzó el nuevo Gobierno.
La polémica resulta especialmente sensible en Perú por la memoria todavía vigente de anteriores gobiernos en los que asesores no formalizados llegaron a acumular enorme influencia alrededor del poder presidencial. Nadie ha demostrado que Valenzuela desempeñe un papel comparable, pero precisamente por esos antecedentes históricos la falta de claridad sobre asesores, financistas y operadores que circulan alrededor de Palacio despierta una atención política inmediata.
El caso continuará creciendo mientras el Ejecutivo no precise si Valenzuela mantiene reuniones con la Presidenta, participa de decisiones gubernamentales, representa intereses privados ante funcionarios o simplemente conserva una relación personal y política surgida durante la campaña. Para una administración recién instalada, el argentino que permaneció casi invisible durante la carrera electoral terminó convirtiéndose inesperadamente en uno de los primeros interrogantes sobre transparencia, acceso e influencia dentro del círculo presidencial.
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