El Presidente anunciaría este jueves una ley para castigar a compañías que colaboren con actividades económicas no autorizadas por Argentina en las islas. El objetivo inmediato sería dificultar la logística del gigantesco proyecto petrolero Sea Lion, que prevé comenzar a producir en 2028. La ofensiva coincide con la inesperada decisión de Donald Trump de revisar la posición estadounidense sobre Malvinas y abre un nuevo frente de presión sobre Londres.
Buenos Aires – 2 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – El presidente Javier Milei prepara una ofensiva legal contra las empresas que participen directa o indirectamente de actividades económicas desarrolladas en las Islas Malvinas sin autorización argentina y anunciaría este jueves, mediante una cadena nacional, el envío al Congreso de un proyecto destinado a endurecer las sanciones contra quienes presten servicios, asistencia logística o respaldo comercial a compañías que exploten recursos naturales del archipiélago.
Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que la iniciativa tiene como uno de sus objetivos centrales el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum en asociación con la británica Rockhopper Exploration, que alcanzó su decisión final de inversión en diciembre de 2025 y ya ingresó en la etapa de ejecución. El yacimiento se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas y las empresas proyectan obtener el primer petróleo en marzo de 2028, con una explotación prevista durante más de tres décadas.
La dimensión del emprendimiento explica el endurecimiento argentino. Navitas posee una participación del 65% y declara reservas probadas y probables atribuibles a su participación equivalentes a 216 millones de barriles de petróleo, además de recursos contingentes considerablemente mayores. La primera fase contempla perforar once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, mientras una segunda etapa sumaría otros doce pozos aproximadamente tres años después del inicio de la producción.
El proyecto constituye uno de los mayores intentos realizados hasta ahora para transformar los recursos hidrocarburíferos alrededor de Malvinas en una explotación comercial a gran escala y Buenos Aires considera que cualquier autorización concedida unilateralmente por las autoridades británicas carece de legitimidad argentina. El Gobierno ya había advertido en abril que respondería mediante “todas las medidas diplomáticas necesarias” frente al avance de Sea Lion.
La nueva iniciativa no partiría de cero. Argentina dispone desde 2011 de la Ley 26.659, posteriormente endurecida mediante la Ley 26.915, que prohíbe a personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional, participar en empresas que lo hagan o prestarles servicios financieros, técnicos, comerciales, logísticos o de consultoría.
La legislación vigente contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, pérdida de concesiones otorgadas en Argentina y sanciones penales que, para determinadas actividades de extracción no autorizadas, pueden alcanzar entre diez y quince años de prisión, además de multas calculadas sobre el valor internacional de cientos de miles de barriles de petróleo. El proyecto que Milei presentaría buscaría reforzar ese entramado y cerrar especialmente las posibilidades de que compañías radicadas o con actividad en Argentina funcionen como proveedores de la operación británica en el Atlántico Sur.
El momento elegido agrega una dimensión diplomática mucho mayor. El presidente estadounidense Donald Trump sorprendió esta semana al afirmar desde la Casa Blanca que está revisando la posición de Washington sobre Malvinas. Estados Unidos mantiene formalmente una posición neutral respecto de la soberanía, aunque reconoce de hecho la administración británica del archipiélago, y durante la guerra de 1982 terminó brindando apoyo decisivo al Reino Unido.
Trump evitó anticipar cuál será el resultado de esa revisión, pero sus palabras adquieren particular importancia porque meses atrás trascendió que dentro del Pentágono se había considerado utilizar la cuestión Malvinas como elemento de presión sobre Londres ante diferencias con Washington por gastos de defensa y por la actitud británica frente a la guerra contra Irán. Milei calificó posteriormente la novedad como algo “muy fuerte” para lo que definió como “la causa más importante y sagrada” de los argentinos.
Una eventual modificación estadounidense no resolvería por sí misma la disputa, pero podría alterar significativamente su equilibrio diplomático. Naciones Unidas continúa considerando a las Malvinas como un territorio no autónomo sobre el cual existe una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. El Comité Especial de Descolonización volvió a tratar la cuestión el pasado 25 de junio y distintos países y bloques reclamaron nuevamente la reanudación de negociaciones bilaterales conforme a la Resolución 2065 de la Asamblea General.
El Gobierno británico mantiene la posición opuesta y sostiene que no negociará la soberanía mientras los habitantes de las islas deseen continuar bajo administración británica. Londres también respalda las decisiones de las autoridades isleñas respecto de la explotación de recursos, mientras Argentina rechaza que una población implantada después de la ocupación británica de 1833 pueda resolver unilateralmente una controversia territorial reconocida internacionalmente.
La ofensiva que prepara Milei incorporaría así un instrumento económico a una estrategia que hasta ahora había privilegiado la diplomacia. En lugar de intentar impedir físicamente Sea Lion, algo incompatible con la política oficial de resolver la cuestión exclusivamente por medios pacíficos, Buenos Aires buscaría elevar el costo jurídico y comercial de participar en el proyecto, obligando a proveedores, operadores logísticos, inversores y compañías con intereses simultáneos en Argentina a evaluar las consecuencias de colaborar con la explotación.
El desafío será determinar hasta dónde puede extenderse ese cerco sin afectar intereses argentinos o generar conflictos con terceros países. La participación de la israelí Navitas introduce además una particular sensibilidad para una administración que convirtió a Israel en uno de sus principales aliados internacionales, aunque la política argentina sobre Malvinas históricamente ha establecido que las actividades económicas no autorizadas en las áreas reclamadas constituyen una cuestión de soberanía independientemente de la nacionalidad de las empresas involucradas.
La cadena nacional prevista para este jueves permitirá conocer finalmente el alcance del proyecto y si Milei pretende simplemente fortalecer las sanciones existentes o construir un régimen mucho más amplio contra toda la cadena económica vinculada con Sea Lion. El dato que modifica el escenario respecto de años anteriores es que esta vez la presión argentina podría desarrollarse simultáneamente con una revisión de la política de Estados Unidos, mientras las compañías petroleras ya comprometieron inversiones y fijaron marzo de 2028 como fecha para comenzar a extraer crudo de un área cuya soberanía continúa formalmente disputada ante las Naciones Unidas.
Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas; legislación argentina —leyes 26.659 y 26.915—; Naciones Unidas y Comité Especial de Descolonización; Navitas Petroleum; Rockhopper Exploration; Reuters; Presidencia de la Nación; antecedentes oficiales y empresariales del proyecto Sea Lion.
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