El Gobierno comenzó a acelerar los procedimientos para sancionar no sólo a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, sino también a accionistas, fondos de inversión, proveedores, asesores y directivos vinculados con la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. La ofensiva alcanza a firmas de Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y otras jurisdicciones. El nuevo decreto reduce a diez días hábiles el plazo de descargo y amplía el control sobre quienes pretendan operar en el mercado energético argentino.
Buenos Aires – 5 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – La ofensiva lanzada por el presidente Javier Milei contra la explotación petrolera alrededor de las Islas Malvinas comenzó a adquirir nombres y apellidos. Fuentes oficiales identificaron un universo de 45 empresas, fondos de inversión y personas físicas vinculadas directa o indirectamente con las operaciones hidrocarburíferas que Argentina considera ilegales, una nómina que excede ampliamente a las dos compañías que encabezan el proyecto Sea Lion, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El cambio resulta sustancial porque la estrategia oficial ya no apunta solamente contra las licenciatarias. El Decreto 868/2026, publicado el viernes, ordenó acelerar los procedimientos administrativos previstos por la Ley 26.659 y su modificatoria, fijó un plazo de diez días hábiles para que los presuntos infractores presenten sus descargos y dispuso que quienes soliciten permisos, concesiones o autorizaciones hidrocarburíferas en Argentina deberán declarar que ni ellos ni las personas físicas o jurídicas con participación directa o indirecta desarrollan las actividades prohibidas por la legislación nacional.
El corazón del conflicto continúa siendo Sea Lion, situado unos 220 kilómetros al norte de Malvinas. Navitas Petroleum Development and Production Limited, controlada por la israelí Navitas Petroleum, posee el 65% y actúa como operadora, mientras Rockhopper Exploration conserva el 35%. El proyecto ya alcanzó la decisión final de inversión, tiene previsto iniciar producción en marzo de 2028 y contempla inicialmente once pozos submarinos conectados a un buque FPSO.
Argentina ya había declarado ilegales e inhabilitado para operar en el país a varias compañías relacionadas con la exploración petrolera alrededor de Malvinas, entre ellas Rockhopper Exploration PLC, Borders & Southern Petroleum PLC, Premier Oil, Noble Energy y Navitas Petroleum. La novedad es que el Gobierno pretende avanzar ahora hacia toda la arquitectura financiera y operativa que permite convertir esas licencias en producción efectiva.
En el primer círculo aparecen las sociedades directamente vinculadas con las licencias. Allí figuran Navitas Petroleum Development and Production Limited y Navitas Petroleum Atlantic Limited, ambas británicas; Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited; JHI Associates Inc. y JHI Falklands Inc., de Canadá; y Borders & Southern Falkland Islands Limited, registrada en Reino Unido.
El segundo círculo lo forman los accionistas y financistas que sostienen económicamente a esas compañías. En Navitas aparecen importantes grupos israelíes como Harel Insurance Investments & Financial Services, Migdal Insurance and Financial Holdings, Phoenix Financial, Meitav Investment House, junto con accionistas individuales como Gideon Tadmor Cohen, Yacob Katz, Jonathan Akiva Sternberg, Boaz Yoel Cohen Tadmor y Amit Kornhauser.
La presencia israelí adquiere particular relevancia porque Milei mantiene una estrecha alianza política con Israel, aunque el Gobierno argentino dejó en claro que esa relación no impedirá sancionar a inversores o compañías de ese origen si participan en Sea Lion. Reuters confirmó que los principales fondos israelíes quedaron bajo el foco argentino después del anuncio presidencial.
En Rockhopper sobresalen Noked Capital Ltd., Aedos Advisers, Exodus Management Israel y Ion Fund Management, además del propio Samuel Moody, CEO de la compañía, y William Rees Perry. La estructura accionaria no es marginal: Noked Capital elevó el 2 de septiembre su participación hasta 10,51%, equivalente a más de 110 millones de acciones, después de suscribir nuevas acciones en la reciente ampliación de capital de Rockhopper.
La presentación corporativa de Rockhopper correspondiente a junio ya identificaba entre sus mayores accionistas a Noked, Aedos, Brosh e Ion. La compañía, además, acaba de realizar una nueva captación de capital por aproximadamente US$180 millones, dato que muestra por qué el Gobierno busca alcanzar también a los financiadores y no solamente a la petrolera que figura formalmente como titular del proyecto.
Otro grupo bajo análisis corresponde a Borders & Southern, compañía con intereses históricos en áreas del sur de Malvinas. Allí aparecen como accionistas Alan Brimacombe, Zila Corporation, Interactive Investor Limited, Hargreaves Lansdown Asset Management, Halifax Share Dealing Clients, además de inversores identificados como H. Mason, Mr. Newlands y Mrs. Newlands.
La documentación mencionada por fuentes oficiales incorpora asimismo a la estructura de JHI y Eco Atlantic Oil & Gas. Entre los nombres aparecen Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd, accionista única de JHI, y sus propios inversores: CIBC Asset Management, Canaccord Genuity Limited, Avanza Bank Holding, Moshe Peterburg, Askar Alshinbayev, Coronation Fund y Westmount Energy Limited.
La lista se vuelve especialmente sensible cuando llega a los proveedores estratégicos. Entre ellos figura Noble Corporation, gigante internacional de perforación offshore. La empresa aparece vinculada a la provisión de infraestructura para Sea Lion y su inclusión tendría consecuencias que exceden ampliamente el Atlántico Sur, porque Noble opera plataformas y contratos en distintas regiones del mundo.
También fueron identificados como accionistas vinculados a Noble y otras compañías de servicios AP Moller Holding, First Eagle Investment Management, Vanguard Portfolio Management y Dimensional Fund Advisors. En el área técnica y de asesoramiento aparecen Netherland, Sewell & Associates – NSAI, firma estadounidense especializada en certificación de reservas petroleras, y la neerlandesa Fugro NV, uno de los principales proveedores internacionales de servicios geotécnicos, geofísicos y de ingeniería offshore.
La inclusión de NSAI resulta particularmente significativa. Rockhopper difundió el 26 de agosto una nueva evaluación independiente realizada precisamente por esa compañía sobre las reservas y recursos recuperables de Sea Lion. Ese informe incorporó incluso la aceleración del desarrollo de una nueva zona central del yacimiento.
El alcance potencial sobre Noble tampoco es meramente teórico. La compañía fue vinculada con la plataforma Noble Endeavor, prevista para un programa de perforación de once pozos asociados a Sea Lion. La estructura de servicios offshore convierte a este tipo de proveedores en piezas indispensables: sin plataformas, buques especializados, ingeniería submarina, seguros, certificaciones y financiamiento, el petróleo no puede ser extraído aunque la licencia exista sobre el papel.
Ese es precisamente el punto donde la estrategia de Milei puede adquirir mayor capacidad de presión. Una operadora puede decidir desafiar una sanción argentina si no posee negocios en el continente. Mucho más complejo resulta para fondos internacionales, aseguradoras, bancos o proveedores globales asumir restricciones que puedan afectar operaciones en Argentina o exponerlos a procedimientos administrativos y eventualmente judiciales.
El Gobierno dejó además una puerta abierta para extender las consecuencias a quienes participen indirectamente. El decreto reglamentario exige que una empresa que aspire a obtener permisos hidrocarburíferos en Argentina declare no sólo su propia conducta, sino también la de quienes tengan participación directa o indirecta en ella. De esa manera, una inversión aparentemente distante del proyecto Malvinas podría convertirse en impedimento para realizar negocios en territorio argentino.
La Cancillería ya había anticipado en diciembre de 2025 que las consecuencias podían alcanzar a bancos, entidades financieras, empresas de servicios, aseguradoras y cualquier otro actor que facilite las operaciones. El canciller Pablo Quirno reiteró posteriormente que quienes intervengan en Sea Lion quedarían expuestos a sanciones administrativas y penales y a acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales.
Las 45 personas y sociedades identificadas hasta ahora pueden agruparse, por lo tanto, en cuatro grandes núcleos: las licenciatarias, los accionistas e inversores, los proveedores estratégicos y los asesores técnicos y corporativos. La relevancia de esa clasificación es que permite reconstruir toda la cadena que hace posible la explotación petrolera y no solamente señalar a quienes aparecen en la superficie societaria del proyecto.
La propia evolución reciente de Sea Lion explica la urgencia. En mayo, Rockhopper informó que el FPSO Aoka Mizu tendrá una capacidad inicial de unos 55.000 barriles diarios y que Navitas estudiaba acelerar fases posteriores mediante un segundo FPSO que podría agregar hasta otros 125.000 barriles diarios. La escala potencial convierte al proyecto en una explotación de una magnitud muy superior a la contemplada inicialmente.
El anuncio presidencial ya produjo una primera reacción en los mercados. Las acciones de Rockhopper retrocedieron después de la cadena nacional, pese a que Navitas y la petrolera británica aseguraron que las medidas argentinas no tendrían efectos materiales sobre el cronograma de Sea Lion. Reuters registró la caída tanto de Rockhopper como de Navitas, señal de que los inversores incorporaron un mayor riesgo político y regulatorio.
El desafío para el Gobierno será ahora transformar esa amenaza en procedimientos efectivos. La lista difundida por fuentes oficiales constituye un mapa inicial de responsabilidades y relaciones societarias, pero cada sanción deberá tramitarse individualmente y respetar el derecho de defensa previsto en el Decreto 868/2026. No todos los nombres mencionados ocupan la misma posición ni poseen idéntica exposición jurídica: una licenciataria, un director, un fondo institucional y un proveedor técnico cumplen funciones diferentes y requerirán análisis específicos.
Lo que sí cambió es el perímetro de la respuesta argentina. Hasta ahora, la política de sanciones se concentró principalmente en las petroleras titulares de licencias. Milei busca extender el costo hacia quienes hacen posible que esas compañías perforen, financien, aseguren, certifiquen y desarrollen Sea Lion. Si ese criterio se aplica de manera sostenida, la cuestión Malvinas dejará de representar un riesgo limitado a dos empresas especializadas y comenzará a ingresar en los departamentos legales y de cumplimiento de grandes fondos, aseguradoras y corporaciones internacionales que hasta ahora podían considerar el conflicto una cuestión lejana.
Las 45 personas, empresas y fondos identificados
Navitas Petroleum Development and Production Limited; Navitas Petroleum Atlantic Limited; Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd; Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd; Phoenix Financial/The Phoenix Holdings; Meitav Investment House Ltd; Gideon Abraham Tadmor Cohen; Yacob Katz; Jonathan Akiva Sternberg; Boaz Yoel Cohen Tadmor; Amit Kornhauser; Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited; Rockhopper Exploration (Oil) Limited; Noked Capital Ltd; Aedos Advisers (London) LLP; Exodus Management Israel Ltd/Brosh Capital Partners/Brosh Equity Partners; Ion Fund Management Ltd; Samuel Moody; William Rees Perry; Alan Brimacombe; Zila Corporation; Interactive Investor Limited; H. Mason; Mr. Newlands; Mrs. Newlands; Hargreaves Lansdown Asset Management Limited; Halifax Share Dealing Clients; JHI Associates Inc.; JHI Falklands Inc.; Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd; CIBC Asset Management; Canaccord Genuity Limited; Avanza Bank Holding AB; Moshe Peterburg; Askar Alshinbayev; Coronation Fund; Westmount Energy Limited; Borders & Southern Falkland Islands Limited; Noble Corporation; AP Moller Holding A/S; First Eagle Investment Management LLC; Vanguard Portfolio Management LLC; Dimensional Fund Advisors LP; Netherland, Sewell & Associates Inc.; Fugro NV.
Fuentes consultadas: Presidencia de la Nación; Decreto 868/2026; Boletín Oficial; Cancillería Argentina; Reuters; Rockhopper Exploration; Navitas Petroleum; London Stock Exchange; documentación societaria y bursátil; Clarín; legislación argentina sobre exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.
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