Un relevamiento sobre declaraciones juradas y registros de la Central de Deudores del Banco Central identificó a seis diputados y dos senadores con obligaciones calificadas en situaciones 4 y 5, correspondientes a alto riesgo e irrecuperabilidad. Entre los casos aparecen representantes de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, Provincias Unidas y otros bloques. La revelación se produce mientras el Congreso discute decenas de proyectos para aliviar el sobreendeudamiento de las familias y el Gobierno sostiene que las deudas deben resolverse entre privados.
Buenos Aires – 5 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – La crisis de endeudamiento que golpea a miles de hogares argentinos atravesó esta vez las puertas del Congreso de la Nación. Un relevamiento realizado a partir de declaraciones juradas patrimoniales y registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) identificó a ocho legisladores nacionales —seis diputados y dos senadores— con obligaciones registradas en categorías de elevado riesgo crediticio, por montos que en conjunto superan los $515 millones.
Los registros involucran a representantes de distintos espacios políticos y adquieren particular relevancia cuando la Cámara de Diputados acaba de habilitar la discusión en comisión de numerosos proyectos destinados a enfrentar la creciente morosidad de las familias argentinas, aunque el oficialismo mantiene hasta ahora su resistencia a avanzar rápidamente hacia un dictamen.
Las categorías utilizadas por el Banco Central permiten dimensionar la situación. La situación 4 corresponde, considerando únicamente la mora, a atrasos superiores a 180 días y de hasta un año, y es definida como de “riesgo alto”. La situación 5, denominada “irrecuperable”, corresponde a atrasos superiores a un año. Las entidades también consideran otros elementos, como refinanciaciones, situación jurídica y comportamiento del cliente dentro del sistema financiero.
Entre los casos de mayor volumen aparece el diputado puntano de Unión por la Patria Ernesto Alí, quien registra una obligación de aproximadamente $150,45 millones con Banco Supervielle en situación 4. Desde su entorno explicaron que el origen corresponde a un crédito hipotecario UVA incluido en su declaración jurada y sostuvieron que el atraso se produjo por tres cuotas que posteriormente habrían sido regularizadas. La actualización de una deuda cancelada o normalizada no siempre aparece inmediatamente en la Central del BCRA: el propio organismo advierte que los cambios pueden reflejarse recién hacia fines del mes siguiente o comienzos del posterior.
La diputada mendocina Lourdes Arrieta, quien ingresó al Congreso por La Libertad Avanza y actualmente integra Provincias Unidas, figura con aproximadamente $36,44 millones adeudados al Banco Nación bajo categoría 4. Su declaración jurada correspondiente a 2025 consignaba una obligación con esa entidad por alrededor de $23,8 millones clasificada como deuda común.
También aparece la diputada santacruceña Moira Lanesan Sancho, de Unión por la Patria, con aproximadamente $48,99 millones informados por el Banco de Santa Cruz en situación 4. Hasta la publicación del relevamiento no se conocía una explicación pública de su parte respecto del origen o eventual regularización de esa obligación.
Uno de los cuadros más severos corresponde a la diputada neuquina de La Libertad Avanza Soledad Mondaca, cuyo pasivo problemático alcanza aproximadamente $71,22 millones. De ese total, alrededor de $56,42 millones con Banco Nación figuran en situación 5 y otros $9,93 millones con Banco Patagonia aparecen también bajo esa categoría. Una obligación adicional cercana a $4,87 millones con Naldo Lombardi SA se encuentra en situación 4.
La clasificación resulta particularmente significativa porque situación 5 no equivale simplemente a una demora ocasional. En la estructura del BCRA corresponde al nivel de mayor deterioro ordinario de la cartera crediticia y, cuando se evalúa exclusivamente por atraso, implica más de un año de incumplimiento.
Dentro del propio oficialismo también sobresale el caso del diputado sanjuanino José Peluc, quien aparece con una deuda de gran magnitud frente al Banco Nación en situación 4, además de una obligación con Banco Galicia. Desde su entorno explicaron que el legislador acumuló tres meses de atraso con la tarjeta, comenzó posteriormente a pagar mínimos y el crecimiento de los intereses agravó el saldo. Según esa versión, actualmente existe una refinanciación mediante un plan de cuotas.
Las cifras difundidas respecto de Peluc contienen, sin embargo, una inconsistencia que obliga a ser prudentes: el monto total atribuido en la información original no coincide aritméticamente con el detalle de las obligaciones individualizadas. Por esa razón, TNA evita atribuirle un total consolidado hasta que exista una actualización o precisión de los registros, aunque sí consta la existencia de deuda en situación 4 con Banco Nación.
La diputada santafesina Verónica Razzini, actualmente vinculada al espacio libertario, aparece en situación 5 por aproximadamente $37,82 millones con Banco Macro. Desde su entorno explicaron que el compromiso está relacionado con la situación concursal de empresas familiares en las que había sido directiva antes de ingresar al Congreso y donde habría asumido garantías personales.
Las sociedades mencionadas son Razzini Materiales SRL y Razzini Industrial SRL, que también registraron cheques rechazados. La explicación brindada señala que la diputada ya no participa de las compañías y que la obligación personal deriva de su anterior condición de fiadora dentro del proceso empresarial.
La mora también alcanzó al Senado. Vilma Bedia, representante de Jujuy por La Libertad Avanza, registra aproximadamente $48,92 millones con Banco Nación en situación 4. Otros registros publicados señalan obligaciones menores en condición normal con otra entidad, pero el componente relevante desde el punto de vista de la irregularidad crediticia es el informado por el banco estatal.
La senadora tucumana Sandra Mariela Mendoza, integrante de Convicción Federal, registra una obligación mucho menor: aproximadamente $95.000 con Banco Nación, también informada en situación 4. Desde su entorno anticiparon que emitirían una explicación sobre el caso.
La presencia de legisladores dentro de las categorías más deterioradas del sistema financiero adquiere dimensión política porque el Congreso se encuentra precisamente discutiendo qué hacer frente al sobreendeudamiento de millones de argentinos. La oposición reunió cerca de 50 proyectos que contemplan instrumentos muy diferentes: refinanciaciones, reducción de intereses moratorios y punitorios, limitaciones sobre tasas, suspensión temporal de embargos, regulación del crédito digital y mecanismos de protección frente al sobreendeudamiento.
El deterioro crediticio no es una percepción aislada. Las estadísticas del BCRA muestran que entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 aumentó significativamente la proporción de financiaciones clasificadas en las categorías más riesgosas. Dentro del conjunto del sistema financiero, la situación 4 pasó del 2,32% al 3,89%, mientras la situación 5 avanzó del 0,40% al 0,86%.
El deterioro resulta todavía más pronunciado entre los créditos destinados a consumo y vivienda. En ese segmento, los préstamos en situación 4 llegaron en mayo al 6,77%, frente al 4,14% registrado cinco meses antes, mientras las obligaciones calificadas como irrecuperables aumentaron del 0,68% al 1,58%. El salto confirma que las dificultades para pagar ya no están concentradas únicamente en grupos marginales del mercado crediticio.
El oficialismo, sin embargo, rechaza la posibilidad de un rescate financiado por el Estado. Desde la Casa Rosada se sostuvo que las obligaciones crediticias corresponden a relaciones entre privados y que la solución debe surgir fundamentalmente de refinanciaciones, extensión de plazos y reducción de tasas, en lugar de transferencias fiscales destinadas a cubrir deudas particulares.
La posición provocó un fuerte choque político. En agosto, el diputado libertario Alberto Benegas Lynch cuestionó los pedidos opositores de asistencia y utilizó como ejemplo a una persona que hubiera comprado un televisor para el Mundial y posteriormente no quisiera pagarla. La oposición respondió que el fenómeno excede ampliamente decisiones de consumo individuales y está relacionado con ingresos, tasas, tarjetas utilizadas para gastos cotidianos y creciente dependencia del financiamiento para cubrir necesidades básicas.
La discusión ya llegó formalmente al recinto. A fines de agosto, una coalición opositora consiguió 133 votos para intentar habilitar el tratamiento sobre tablas de iniciativas vinculadas con endeudamiento familiar, aunque no alcanzó la mayoría agravada requerida. Posteriormente se habilitó la discusión en comisiones, mientras permanece convocada una sesión para el 9 de septiembre, donde el problema volverá a ocupar un lugar central de la agenda parlamentaria.
La aparición de diputados y senadores dentro de los registros de mayor riesgo crediticio introduce una paradoja difícil de ignorar. Algunos de quienes deberán decidir hasta dónde debe intervenir el Estado frente a la morosidad atraviesan personalmente situaciones similares a las que afectan a una parte creciente de la sociedad argentina. No todos los casos tienen el mismo origen, ni una categoría del BCRA permite por sí sola determinar responsabilidades personales: existen créditos hipotecarios, refinanciaciones, garantías comerciales y deudas derivadas de empresas familiares.
Pero el dato político permanece. La morosidad dejó de ser una estadística observada desde las bancas: también llegó a quienes ocupan esas bancas, precisamente cuando el Congreso debe resolver si el aumento del endeudamiento exige nuevas reglas o debe continuar siendo, como sostiene el Gobierno, una cuestión que acreedores y deudores solucionen sin intervención fiscal.
Fuentes consultadas: Central de Deudores y estadísticas de clasificación crediticia del Banco Central de la República Argentina; declaraciones juradas patrimoniales; Perfil; Cámara de Diputados de la Nación; versiones taquigráficas del Congreso; Presidencia de la Nación; TN; La Nación; documentación parlamentaria sobre proyectos de endeudamiento y morosidad.
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